Aunque el fraude continúa siendo un problema muy extendido en nuestro país -casi la cuarta parte del dinero se mueve en negro-, lo cierto es que en los últimos años, y muy especialmente con la llegada de la crisis, la sociedad está comenzando a concienciarse de las consecuencias que esta práctica trae consigo. Sin duda, las alzas impositivas y drásticos recortes de los últimos meses han tenido su influencia en esta deseable sensibilización social.
Como trabajadores de la Agencia Tributaria, los Técnicos de Hacienda seguimos haciendo todo lo que está en nuestra mano para detectar aquellos casos en que puedan producirse fraudes, aunque en muchos casos la rigidez interna de una Administración cuya estructura está obsoleta nos impida realizar nuestro trabajo como deberíamos.
Buena muestra de esta situación es que todavía no se haya generalizado el uso de los signos externos como indicio de posibles situaciones fraudulentas, medida reclamada desde hace años. Y es que existen ciertos comportamientos que, aunque no sean determinantes, podrían ayudar a destapar muchas de las actividades que se realizan de manera sumergida.
Por poner algunos ejemplos, convendría estudiar con detenimiento la información facilitada por los pagos de hipoteca, energía eléctrica o planes de pensiones cuyos pagos superen un determinado porcentaje de los ingresos declarados, ya que ello permitiría descubrir por qué las cifras no cuadran.
También podrían ser 'sospechosas' las sociedades cuyos beneficios y reservas voluntarias superen un determinado porcentaje de los fondos propios y que no hayan repartido dividendos en los últimos años, así como los administradores de empresas que no se imputan ni declaran sueldos percibidos por éstas.
El uso del dinero electrónico es otro signo que en ocasiones delata a quienes mueven dinero negro; por ejemplo, cuando existen discrepancias entre los datos facilitados de operaciones con tarjeta de crédito y los ingresos declarados, así como cuando se detectan personas autorizadas en una tarjeta cuyo titular sea una entidad, sin que ni siquiera declare ingresos procedentes de esta.
También sería interesante realizar un seguimiento de los contribuyentes que obtienen devoluciones previas de IVA y en cinco años no inician actividad, o bien obtienen la devolución por la compra del local y no lo tienen alquilado los diez años que obliga el impuesto, por lo que deberían reintegrar la devolución o regularizar su deducción.
Como decíamos, estas circunstancias no implican necesariamente que detrás exista un fraude, pero sí son un indicador que podría ponernos bajo la pista de casos en que efectivamente es así. En un país con un 23,3% de economía sumergida y tan necesitado de aumentar sus ingresos para luchar contra el déficit, todas las medidas contra el fraude son pocas.
Contesta Carlos Cruzado
Presidente de los Técnicos de Hacienda
