Desde que el 9 de mayo de 2010 la Unión Europea impusiera a España la aprobación de medidas de recortes sociales, la escalada ascendente del coste de la Deuda Pública de nuestro país ha sido imparable. Sin embargo, la presión no ha parado pese a la aprobación de la rebaja de sueldos a funcionarios, la congelación de las pensionistas o las reformas laboral y de endurecimiento del acceso a la pensión de jubilación, lo que indica que a los mercados no les bastan estas medidas.
Para evitar que ello continúe, el Banco Central Europeo (BCE) debe modificar sus estatutos de manera urgente para poder adquirir Deuda Pública de los Estados miembros en el mercado primario, lo que rebajaría de manera directa su precio de emisión. Esta opción permitiría aprovechar los recursos disponibles de manera más efectiva que en el mercado secundario, al que se acude actualmente, puesto que los tipos de interés de las emisiones anteriores de Deuda fueron fijados en las respectivas adjudicaciones y son inamovibles.
Mientras se alcanza este acuerdo para que el BCE modifique sus Estatutos, los Técnicos de Hacienda proponemos que la entidad adopte mecanismos que desincentiven la compra de deuda soberana a tipos mayores a los que el propio organismo fije como referencia, de manera que el tipo de descuento ofertado por el BCE a cada entidad financiera venga en función del precio al que ha adquirido en las últimas subastas en el mercado primario de deuda soberana.
Así, si la entidad financiera adquiere deuda a un tipo alto en el mercado primario, el tipo al que podrá descontar esa deuda en el BCE será mas caro, y entonces su 'carry trade' (margen de ganancia) será menor que en la actualidad. De esta forma, las entidades financieras -al menos las que están acudiendo a BCE para descontar deuda- sabrán que conseguir mejores tipos en el mercado primario no les va a revertir en mayores beneficios a costa de una mayor carga de intereses que soportarán los ciudadanos de los países afectados.
Paralelamente, la CNMV debería prohibir las operaciones en corto sobre la Deuda Pública y los valores entidades financieras y estratégicas, dado que la suspensión aplicada a este tipo de operaciones sobre entidades bancarias a lo largo de los últimos meses tuvo unos efectos muy positivos sobre las entidades protegidas.
Asimismo, convendría que las autoridades comunitarias crearan una agencia de calificación europea cuya actuación se rija por criterios de transparencia e imparcialidad; todo ello sin perjuicio de una mayor regulación y supervisión de las grandes agencias existentes actualmente, como es el caso de las propuestas aprobadas recientemente por la Comisión Europea, cuya implementación debe producirse en el menor plazo posible.
Carlos Cruzado,
Presidente de los Técnicos de Hacienda (GESTHA)
