viernes. 29.03.2024
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  • Casi 21 millones de personas son víctimas del trabajo forzoso: 11,4 millones de mujeres y niñas, y 9,5 millones de hombres y niños.
  • Alrededor de de 19 millones de víctimas son explotadas por individuos o empresas privadas y más de 2 millones por el Estado o grupos rebeldes.
  • De aquellos que son explotados por individuos o empresas, 4,5 millones son víctimas de explotación sexual forzosa.
  • El trabajo forzoso en la economía privada genera ganancias anuales ilegales de 150.000 millones de dólares por año.
  • El trabajo doméstico, la agricultura, la construcción, la manufactura y el entretenimiento se encuentran entre los sectores más afectados.
  • Los trabajadores migrantes y los pueblos indígenas son especialmente vulnerables al trabajo forzoso.

UGT ha pedido al Gobierno que tome la iniciativa y ratifique el Protocolo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra el trabajo forzoso, después de que la Comisión Europea haya propuesto que se autorice a los Estados miembro a hacerlo.

Según indica el sindicato en un comunicado, esta propuesta implica el reconocimiento por parte de la UE, tanto de la existencia de trabajo forzoso en sus múltiples formas en los estados miembros, como la necesidad de prevenirlo, atajarlo y proteger a sus víctimas.

"En este sentido instamos al Gobierno, a dar su voto favorable en el Consejo a esta autorización, necesaria porque algunas disposiciones del Protocolo son competencia de la UE", añade.

En opinión de UGT, el Gobierno español "debe ser consecuente y actuar con decisión, reconociendo la realidad de la explotación laboral y de la vulneración grave de los derechos de los trabajadores en España, y la que sufren trabajadores migrantes desde España en otros estados de la UE".

La ratificación y posterior puesta en marcha de las previsiones del Protocolo, permitiría, según el sindicato, comenzar una lucha efectiva contra la explotación laboral y la trata de seres humanos en España, así como trasponer adecuadamente a la normativa española la Directiva 2011/36 relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos, todo ello con la intervención y participación de los Interlocutores Sociales.

El Gobierno "debe ratificar el nuevo Protocolo de la OIT contra el trabajo forzoso"