viernes. 29.03.2024

Las agencias privadas no han sido capaces de atender ni a la mitad de las personas enviadas y su tasa de colocación es la mitad del promedio de colocaciones

El gobierno ha torturado los datos y los conceptos para poder presentar un balance favorable de la colaboración público-privada. Como es bastante desastroso, no lo ha podido publicar en su página Web y lo ha filtrado con nocturnidad y alevosía a finales de agosto a algunos medios.

Lo primero que cabe destacar de su informe es la falta de atención a las personas enviadas. Resulta que los servicios públicos de empleo, incluido el SEPE, han mandado a 189.879 personas para que fueran atendidas por las agencias privadas de colocación pero estas solamente atendieron al 43% de ellas, a 81.635 personas. Han hecho una primera selección con la que se han declarado incapaces de colocar a 108.244 demandantes. Es como si los servicios públicos de empleo dejaran de inscribir a 3.280.142 personas y solamente admitiesen a 2.473.804 demandantes de empleo. Solamente este hecho, la incapacidad para atender a todas las personas enviadas, inhabilita a las agencias privadas para ser colaboradoras, salvo que se admita que son ellas quienes deciden con qué perfiles de parados colaboran.

Lo segundo, algo que no dice el Ministerio de Empleo, es en qué han consistido las acciones de colocación. Hablando con diferentes personas enviadas a distintas agencias, el patrón ha sido el mismo. Se citaba a un grupo de personas en un lugar, generalmente en el salón de un hotel o en un piso, y se les mandaba cubrir una ficha. Posteriormente les envían a su móvil anuncios de empleo de diferentes páginas web sin filtrar a su perfil. Es decir, a una persona que declara no estar dispuesta a trabajar fuera de la provincia donde reside y esta era A Coruña, se le mandaban ofertas de Sevilla o de Bilbao (hay que recordar que para considerar una oferta como adecuada y forzar su cobertura, debe ser en un radio de 30 km de la residencia del demandante). Tampoco se filtraban por el perfil profesional, a alguien con bachiller se le mandaban ofertas de ingeniero. Actuaciones de presentación a ofertas concretas no he conocido ninguna, no niego que excepcionalmente las pudiera haber, pero, en general, no han transcendido.

Las agencias de colocación, más que ofertar un puesto de trabajo concreto cuya cobertura habían acordado con una empresa ofertante, ajustado al perfil de un demandante concreto, proporcionaban a ese demandante un conjunto de posibles ofertas capturadas de diferentes páginas web para que esa persona, si lo consideraba oportuno, enviase su curriculum. No supone ninguna intermediación. No ha habido una captación de ofertas de empresas ni una selección de demandantes. Menos todavía se asume el encargo de buscar empleo a una persona determinada. Se dan palos de ciego y, si suena la flauta, se anotan un tanto y cobran por él. Su negocio no está en lo que percibirán por cada colocación, sino por la encomienda inicial. Lo demás, engordará la cuenta de resultados.

Esta forma de trabajar, supone que la comparación no se debe hacer con las bajas por colocación mediante una oferta de empleo, dado que no trabajan con ofertas, sino sobre el total de bajas por colocación. En 2015 ha habido 5.721.430 demandantes inscritos que fueron baja por colocación, una media de 476.786 bajas al mes. Si las relacionamos con una media de 5.753.946 demandantes mensuales, el porcentaje medio de colocaciones es el 8,3% de las personas inscritas. El balance de las personas “colocadas” sobre las enviadas a las agencias privadas es del 4,2%, es decir, 4,1 puntos menos que la media.

Las dos primeras conclusiones son claras: las agencias privadas no han sido capaces de atender ni a la mitad de las personas enviadas y su tasa de colocación es la mitad del promedio de colocaciones. Esta dos primeras conclusiones serían suficientes para anular un programa en el que se invierten cientos de millones, según los presupuestos. Desde que en 2013 desaparecieron de los presupuestos las partidas para la contratación de 3.000 orientadores por los Servicios Públicos de Empleo (costaban poco más de cien millones de euros al año), cada año se ha ido incrementando la partida para las Agencias de colocación hasta llegar a los 175 millones de 2016. Con ella se hubieran podido contratar más de cinco mil orientadores. Obviamente desde el Ministerio que dirige Fátima Báñez se precisa justificar su opción por las Agencias de colocación sobre los Servicios Públicos de Empleo.

Si comparamos los datos de la colaboración público–privada con los datos de demandantes y colocaciones, se envió el 0,26% de los demandantes y se obtuvo un 0,13% de las colocaciones. No sé de dónde sale el éxito del programa. Solamente se obtienen mejores resultados si se compara con los datos de colocaciones gestionadas. Pero esto es otra cuestión.

Hace tiempo que llevo observando que el proceso de casación oferta–demanda–contrato, responsabilidad del SEPE, no está funcionando correctamente. En teoría si un demandante es contratado por una empresa y coinciden los datos con un envío por medio de una oferta, se debe proceder a dar de baja al demandante con el código “01 Baja por colocación gestionada con oferta previa”. Lo que está ocurriendo es que cierto número de personas colocadas por medio de una oferta se procede a dar la baja “04 Baja por colocación gestionada sin oferta previa”. Ello conlleva que a la hora de contabilizar las bajas por colocación en la estadística, se contabilicen como colocación no gestionada, minorando artificialmente el trabajo de intermediación de la Oficina.

LA PROPAGANDA DEL MINISTERIO DE EMPLEO

Es curioso que esto ocurra el mismo año en que el Ministerio pone en marcha el plan de colaboración público–privada y, para su mejor valoración, le interese desprestigiar aún más a las Oficinas de empleo. La casación no debería tener ningún problema. Si coinciden el CIF y el NIF en el contrato, la demandada y la oferta se debe dar una baja; en caso contrario, procederá la otra. No hace mucho se ha visualizado un campo para introducir el número de oferta en la aplicación de contratos. También resulta curioso que, en Galicia, si no se rellenan los ceros a la izquierda, ceros que no aparecen en las propias ofertas, la aplicación considere que no existe la oferta y no deje seguir. Generalmente las gestorías dicen entonces que no hay oferta para poder terminar de registrar el contrato. Es curioso que algo tan sencillo, tratar un número como texto, permita reducir el número de colocaciones gestionadas y hacer esta infame propaganda.

La propaganda del Ministerio consistía en comparar las colocaciones de las agencias de colocación, no sobre las personas enviadas, sino sobre las atendidas. De esta forma aumenta el porcentaje hasta el 9,86%. Después hacía la comparación con las bajas por colocación gestionada, no por el total de bajas por colocación como si hubiesen gestionado algo. La conclusión así sacada es que duplican las colocaciones de los Servicios Públicos de Empleo.

Primero eliminaron el personal de las Oficinas de empleo, luego no dejaron que se cubrieran las vacantes, después hacen que bajas por colocación gestionada, aparezca estadísticamente como no gestionadas. Cambian los 100 millones que costaban los orientadores por 175 millones de euros para las agencias privadas de colocación. El resultado debería ser que las agencias arrasasen. Pues ni así. El Ministerio, con sus datos, ha demostrado que la colaboración público–privada no da resultados. Si se refuerza el Servicio Público, en vez de infradotarlo, y se establecen procedimientos adecuados, es posible alcanzar otros objetivos de colocación. Es una vergüenza que se manipulen los datos de colocaciones gestionas para poder decir que las agencias privadas lo hacen mejor. Y ni aún así.

Enrique Negueruela |Técnico de Empleo

El balance hecho por el Gobierno sobre las agencias privadas de colocación es un timo