jueves 17/6/21
PIDE AL CONSTITUCIONAL QUE SE PRONUNCIE

El Supremo cuestiona la constitucionalidad de la supresión de la paga extra a funcionarios

El Supremo ha acordado por unanimidad plantear al Tribunal Constitucional una cuestión de constitucionalidad sobre la supresión de la paga extraordinaria de Navidad a los empleados públicos en diciembre de 2012.

El Pleno de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, con el apoyo favorable del Ministerio Fiscal, ha resuelto por unanimidad plantear al Tribunal Constitucional cuestión de constitucionalidad por posible infracción de la aplicación retroactiva de la supresión de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 al personal funcionario de las administraciones públicas. El pleno, en su auto de 2 de abril de 2014, notificado este jueves a las partes, plantea la cuestión en relación con el recurso interpuesto por un funcionario del Tribunal Constitucional.

El sentido del auto cuestiona la aplicación retroactiva de la supresión de la paga efectuada en el sector público, por posible contravención tanto de la irretroactividad de derechos individuales que garantiza el artículo 9.3 de la Constitución, como por posible vulneración del principio de seguridad jurídica del mismo artículo 9.3, mediante modificación extraordinaria de derechos y normas consolidadas.

El auto contiene, adicionalmente, la concreción del sistema de devengo del derecho correspondiente, dejando claro que, con carácter general, éste se extiende desde el 1 de junio de 2012 hasta el 15 de julio del mismo año, incluyendo cuarenta y cuatro días de retribución.

Este auto se une a otros muchos pronunciamientos que se vienen produciendo en el conjunto del Estado, tanto en jurisdicción social como contenciosa, que reconocen el derecho al cobro de la citada parte proporcional. Este derecho ya lo han reconocido varias administraciones autonómicas y locales que han acordado con las organizaciones sindicales su abono.

Comisiones Obreras, sindicato mayoritario en la Función Pública, demanda al Gobierno un acuerdo urgente con la representación sindical en el sector público que permita hacer efectivo el derecho de las empleadas y empleados públicos que se viene reconociendo ampliamente, al tiempo que posibilita la suspensión de las enormes cantidades de acciones judiciales que se siguen tramitando con idéntica pretensión en todo el Estado. Igualmente, CCOO exige que se abra un proceso de negociación en el ámbito de la Mesa General de las Administraciones Públicas que permita recuperar el empleo y las condiciones laborales y salariales recortadas por los sucesivos gobiernos desde el inicio de la crisis.

El Supremo cuestiona la constitucionalidad de la supresión de la paga extra a funcionarios
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