Los presupuestos que han acordado PP y Ciudadanos continúan recortando el gasto en políticas de empleo, tanto activas como pasivas. La mentira que dice Montoro no vale: no es que haya menos parados, es que se gasta menos por cada persona parada. En 2011 el gasto total fue de 8.866 euros por persona, de los que 1.664 era en políticas activas. En el Presupuesto de 2017 el gasto por persona es de 5.360 euros, de los que 1.265 son para políticas activas.
El recorte en números absolutos da vértigo: 16.279 millones de euros, de los que 2.054 son en políticas activas. Montoro justifica el recorte de 14.237 millones en protección por desempleo diciendo que la gente ya agotó las prestaciones, como si no fuera competencia del gobierno acompañar la regulación de las prestaciones a la dinámica de paro. En 2016 solamente una de cada cuatro personas paradas estaba protegida, el 27%, diez puntos menos que en 2011. Hay 3,3 millones de personas sin protección, de las que más de dos son paradas de larga duración.
INGRESOS Y GASTOS EN POLÍTICAS DE EMPLEO
(Datos brutos en millones de euros)
Si nos fijamos en el apartado de ingresos del cuadro anterior, la variación verdaderamente significativa es la reducción de la aportación de fondos del Estado al presupuesto del SEPE. El PP ha eliminado el 91% de los fondos que se aportaban vía impuestos, unos dieciséis mil quinientos millones de euros. Esta eliminación de la aportación estatal, supone decirles a las 3.252.014 personas que no perciben prestaciones que el paro es su problema y que para paliarlo el Estado no pone un duro. Es la supresión de la solidaridad con los que, con su trabajo, lo han perdido todo.
Además, si comparamos el gasto en prestaciones con los ingresos previstos por cotizaciones a desempleo resulta absolutamente inmoral que ni tan siquiera se presupueste lo que se prevé recaudar. Hay un desvío de mil cien millones de euros de cotizaciones por desempleo a políticas activas, como si todo el mundo fuera perceptor. Se prevé recaudar 19.415 millones de euros y el gasto previsto es de 18.318, incluyendo el coste de gestión.
¿Cómo se puede tolerar que con un aumento del PIB de 4,1 puntos se produzca ese recorte? El crecimiento no supone ninguna mejora para quienes carecen de empleo, ni tan siquiera un pequeño avance en el cumplimento de su derecho constitucional recogido en el artículo 41 de unas prestaciones sociales dignas. El reto que tienen los demás partidos con este insolidario presupuesto, es introducir enmiendas en los presupuestos que permitan ampliar esa protección y, por lo menos, reponer el gasto en niveles similares a 2011. Técnicamente es posible incluir en la Ley de acompañamiento modificaciones de la regulación de los subsidios para dar cabida a otros colectivos o restituir derechos recortados, parcialidad, mayores de 52 años, con cargas familiares, etc. Esta modificación, como se trata de derechos subjetivos, no es preciso dotarla o su dotación puede ser insuficiente. Que la dote el PP si quiere, de lo contrario irá a déficit.
POLÍTICAS ACTIVAS
En relación con las políticas activas el presupuesto se recorta en más de 2.000 millones y el gasto por parado en un 24%. Es importante destacar que la distribución competencial que se ha hecho es que son las comunidades autónomas quienes ejecutan las políticas, mientras que el Estado mantiene la función de regulación general. Esta distribución no se corresponde con lo que aparece en los Presupuestos de 2017. La ministra Bañez se reserva el 62% de los fondos, cerca de tres mil quinientos millones de euros, para gestionarlos como si tuviera la competencia de ejecución. Las comunidades, que sí las tienen, reciben algo más de dos mil millones.
Además, pretende decir cómo hay que ejecutar las políticas, yendo mucho más allá de lo previsto en el marco constitucional. Va mucho más allá al determinar quiénes deben orientar y hacer los itinerarios de inserción. Y va más allá para debilitar a los Servicios Públicos de Empleo. Dota con 175 millones de euros a las Agencias Privadas de Colocación después de eliminar los más de cien millones que había para la incorporación de 3.000 técnicos de empleo a la red de oficinas.
Por la vía de las enmiendas es posible modificar darle la vuelta y acomodar la cuantía que gestiona cada uno a sus competencias. Si el Estado no tiene competencias de gestión más que en lo que es supracomunitario o en cuestiones experimentales, no hay razón para que gestione más del 20% del presupuesto, esto es, unos 1.115 millones de euros. Los 2.345 de diferencia hay que reenviarlos a las comunidades autónomas que son quienes deben gestionarlos.
Si en 2017 hay Presupuestos, sin no son devueltos, el trabajo de los partidos de la oposición es enmendarlos y hay vías para poder hacerlo. Modificar la Ley General de la Seguridad Social deshaciendo los recortes y proponiendo nuevos colectivos que se integren y nuevas cuantías, es el reto que tienen por delante. Hay más de tres millones de personas esperando que lo cumplan. Hacer que la ministra Bañez gestione un volumen de fondos razonable y acorde a sus competencias, para que no pueda utilizar fondos públicos de forma clientelar es el otro gran reto. Hay que normalizar las políticas de empleo y que sus fondos los gestionen quienes tienen las competencias para ello.
