La cuantía ejecutada en los Presupuestos Generales del Estado para 2017 para prestaciones por desempleo desciende a 18.027 millones de euros, un 6,7% menos que en 2016, en una situación en la que más de 3,7 millones de personas (según la EPA) están en paro, la tasa de cobertura no logra subir del 59% y 5 de cada 10 desempleados lleva buscando empleo más de un año.
Por otro lado, el presupuesto destinado a las partidas de políticas activas de empleo, se dota de 5.575 millones, un 6,36% más que en 2016, un ascenso, sin embargo, que no se destina a mejorar los servicios públicos de empleo. El aumento se concentra en el pago de las bonificaciones en las cotizaciones a la seguridad social por contratación (que crece un 11,6%, hasta 1.825 millones, lo que supone un tercio del conjunto de políticas activas, aumentando cada año su peso en el total).
Así son los datos recogidos por UGT que ponen de relieve que “el Gobierno sigue recortando el gasto en esta materia, intensificando la precarización que estas políticas han sufrido en España en los últimos años”. Un descenso que se acumula a los de años anteriores y deriva en una pérdida de recursos para políticas de empleo del 38% entre 2010 y 2017.
En 2010, con 4 millones de desempleados, una tasa de cobertura del 78,4% y una ratio de paro de larga duración inferior al 43%, el presupuesto total alcanzó 38,7 millones de euros. Ahora, en 2017, con 3,4 millones de personas registradas como paradas, una cobertura media en el año del 56% y una tasa de desempleo de larga duración del 51%, el presupuesto es sólo de 23,9 millones.
Desde 2010, el descenso se produce tanto en la partida de prestaciones como en las políticas activas. Y “no se entiende -señala el sindicato- como el gasto total en políticas del mercado de trabajo caiga de nuevo en 2017, en un contexto macroeconómico marcado por la recuperación, tal y como asegura el gobierno en su actualización del cuadro macro, y de un ajuste fiscal menos exigente”.
