Entre 1970 y 2000 España importó 2,6 millones de toneladas de amianto que hoy siguen presentes en nuestro entorno, a lo largo de estos 30 años más de 140.000 trabajadores se vieron expuestos a amianto en nuestro país (entre 12.000 y 15.000 en Madrid)
CCOO de Madrid quiere mostrar su apoyo a las familias que tras la sentencia del Tribunal Supremo tienen que volver a comenzar de nuevo en su lucha contra Uralita y anuncia que va a seguir trabajando en la defensa de los trabajadores expuestos, en activo o jubilados, en defensa también de toda la población afectada ofreciéndoles apoyo jurídico, médico y técnico, y poniéndose a disposición de todos los interesados y/o afectados con el objetivo de proteger y defender a las víctimas.
El sindicato quiere poner en contexto el problema del amianto. Entre 1970 y 2000 España importó 2,6 millones de toneladas de amianto que hoy siguen presentes en nuestro entorno como amianto instalado principalmente en estructuras de edificios y en la industria. A lo largo de estos 30 años más de 140.000 trabajadores se vieron expuestos a amianto en nuestro país (entre 12.000 y 15.000 en Madrid).
Según estimaciones de la Comisión Europea, hasta el año 2030 se producirán en España entre 40.000 y 56.000 muertes por cáncer de pleura y pulmón directamente relacionados con la exposición al amianto (5.000 en Madrid). Estas enfermedades están consideradas como profesionales, pero no se declaran, de tal forma que para CCOO las víctimas del amianto lo son por partida doble: además de perder su salud y su vida, son víctimas de la falta de reconocimiento de la Seguridad Social.
El sindicato madrileño también quiere poner de manifiesto que aunque la más importante fuente de exposición al amianto es la ocupacional, no puede olvidarse la exposición doméstica que sufrieron quienes lavaron y sacudieron en casa la ropa de trabajo de los trabajadores, así como la exposición ambiental que se producía al vivir cerca de una fuente de emisión como eran las fábricas o industrias que utilizaban amianto, y que hoy podemos sufrir ante el abandono de edificios con amianto. Se trata, por tanto, de un problema no solo de salud ocupacional sino también de salud pública.
Tras su prohibición en diciembre de 2001, CCOO exige a las administraciones competentes que asuman sus responsabilidades en tres ámbitos fundamentales:
1.- Atención a los afectados y las victimas del amianto. Es necesario establecer estrategias que permitan minimizar las consecuencias y reparar e indemnizar a las víctimas a través de: la dotación adecuada del programa de vigilancia de salud postocupacional, el reconocimiento de forma automática de todas las patologías derivadas de la exposición al amianto como enfermedades profesionales por parte de la Seguridad Social, la creación de un Registro de mesoteliomas y otras patologías relacionadas con la exposición al amianto, la aprobación de una norma sobre coeficientes reductores en la edad de jubilación para todos los trabajadores que hayan estado expuestos a amianto, el reconocimiento de la exposición domestica y ambiental y protección de la población afectada, y la creación de un Fondo de Compensación para las víctimas del amianto.
2.- Actuaciones con el amianto instalado. Es necesario controlar el amianto instalado en los edificios y estructuras que pueden producir exposiciones, sobre todo en las tareas de demolición, mantenimiento y reparación. También en los edificios industriales abandonados, que suponen un riesgo para los trabajadores del entorno y la población en general, como sucede en el polígono Los Ángeles de Getafe, antigua fábrica de Cojinetes de Fricción.
Es urgente que las administraciones central, autonómica y local asuman sus responsabilidades y se pongan a trabajar de forma inmediata y coordinada para la realización de censos de edificios e instalaciones que contienen amianto, comenzando con los edificios públicos pero también con la presencia de amianto en las empresas y en los inmuebles (a través de la Inspección Técnica de Edificios). De igual manera, sería necesario que desde las administraciones se controlen las obras de reformas en edificios que puedan contener amianto en su estructura.
3.- Controlar la externalización del riesgo a terceros países. Para CCOO la trasferencia de riesgos a los países en desarrollo es inaceptable, por lo que seguirá impulsando la prohibición internacional del amianto, exigiendo además una transición justa en los países en desarrollo, denunciando la práctica de las multinacionales de este mineral que se están instalando en los países del Este de Europa, en Sudamérica, en África o Asia.
Para el secretario de Salud Laboral de CCOO de Madrid, Carmelo Plaza, “es necesario legislar, exigir y sumar esfuerzos de instituciones y de la sociedad que quiebren la impunidad de quienes causaron y causan tanto daño a la humanidad, se les exija toda la responsabilidad por atentar contra la salud y la vida de las personas y se les obligue a la reparación del daño”.
