La convocatoria de la oferta de formación del año 2016 ha significado un fracaso, otro más, en la larga lista de desaciertos del Gobierno en esta materia. La incapacidad de la Administración para realizar una asignación eficiente de los recursos disponibles se pone de manifiesto, no sólo porque no se ha agotado el presupuesto (64 millones de euros de excedente, el 26% de los fondos disponibles) sino también en una oferta formativa desequilibrada sectorialmente, que deja sin cursos a aquellas ramas productivas que no resultan rentables para las academias privadas, bien porque requieren instalaciones y profesorado especializados, bien porque no cuentan con gran número de potenciales alumnos.
Por otra parte, la tramitación de las solicitudes de ayudas de 2016 dura ya nueve meses, tres más de lo previsto. Es difícil saber a qué se debe este retraso, pues la información que se ha proporcionado a los agentes sociales ha sido tan escasa, que les ha impedido desarrollar las funciones que tienen encomendadas en la Ley 30/2015. De hecho, la casi enfermiza falta de transparencia de esta Administración está permitiendo a algunas entidades obtener beneficios económicos de su supuesto acceso privilegiado a datos y procesos.
Paradójicamente, desde que, en el año 2015, se inició la denominada concurrencia competitiva se ha reducido el número de solicitantes de ayudas y ha aumentado la concentración de subvenciones” en grandes consultoras. Como muestra el gráfico, 19 entidades obtienen el 30% de los fondos disponible (55,9 millones de euros) con una ayuda media de casi tres millones por entidad. En el extremo contrario, 287 se reparten 19 millones de euros, con una ayuda media de 67 mil euros (43 veces inferior). Lo curioso es que muchas de esas entidades son grandes consultoras que apenas disponen de aulas y plataformas de teleformación propias. Se limitan a alcanzar “acuerdos de disponibilidad” con pequeñas academias a las que atraen con su supuesto conocimiento experto de las convocatorias y a las que, una vez cobrada la ayuda, someten a sus “reglas”. En ocasiones la pequeña academia cobra mucho después de que la consultora solicitante reciba la ayuda; en otras, tiene que pagar un porcentaje de lo que le correspondería.
Además, faltas de conexión con el sector al que dirigen, estas entidades ofrecen masivamente cursos generalistas en modalidad online (80%). Los informes de la FUNDAE demuestran que este tipo de formación es la menos valorada por los alumnos y la que menor impacto tiene en su desarrollo profesional.
CCOO ha denunciado en muchas ocasiones la situación de provisionalidad y desorden que vive la formación para el empleo desde la aprobación de la Ley 30/2015 de reforma urgente del Sistema de formación para el empleo en el ámbito laboral. La falta de desarrollo normativo, el descenso en el número de empresas y trabajadores/as que realizan cursos, el destino de fondos de la cuota de FP a otras finalidades y el fracaso de las convocatorias de Oferta y Jóvenes, han deteriorado enormemente el sistema.
Por ello, CCOO considera imperativo crear una oferta de formación para el empleo de calidad a través de la red de centros públicos de formación profesional, pues no hay otra forma de garantizar el derecho de los trabajadores a mejorar sus competencias y cubrir la necesidad de las empresas de mano de obra cualificada. El gobierno, visto el completo fracaso de su reforma, debería volver a la casilla de salida y acordar con los agentes sociales un sistema de formación para el empleo que atienda las exigencias de empresas y trabajadores, en vez atender las de las grandes consultoras de formación.
