La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declara ilegal el plazo de un mes para recurrir ejecuciones hipotecarias es una prueba más de que el Ejecutivo que encabeza Mariano Rajoy no ha adoptado medidas reales y efectivas contra los desahucios
El nuevo varapalo que la Unión Europea dio a la ley hipotecaria española demuestra que el Gobierno no hace nada por proteger a las familias de los desahucios. La asociación en defensa de los consumidores considera que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que declara ilegal el plazo de un mes para recurrir ejecuciones hipotecarias es una prueba más de que el Ejecutivo que encabeza Mariano Rajoy no ha adoptado medidas reales y efectivas contra los desahucios.
La asociación reclama a los partidos políticos que concurren a las elecciones generales del próximo 20 de diciembre que se comprometan a dar de forma clara y detallada soluciones reales ante el drama de los desahucios y medidas contundentes contra los abusos de la banca.
La decisión del TJUE viene a confirmar lo que desde distintos colectivos, llevan tiempo planteando ante el drama incesante de los desahucios: que no se ha legislado con la intención real de parar una de las consecuencias más graves de la crisis que España vive desde hace algunos años.
Más aún, FACUA recuerda que la actuación del Gobierno ante las comunidades autónomas que han decidido sus propias medidas en este sentido, como en el caso de Andalucía, la actitud ha sido la de intentar bloquear y paralizar las acciones llevándolas ante el Tribunal Constitucional. En la mencionada comunidad autónoma, la ley antidesahucios o de Función Social de la Vivienda ha sido boicoteada por parte del Gobierno central con la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional que impide su aplicación completa. En su recurso, el Ejecutivo argumentó que dicha ley "pone en verdadero peligro la reestructuración del sistema financiero y la consecución de la estabilidad de las entidades de crédito".
FACUA considera que esto demuestra el interés del Gobierno actual de seguir defendiendo los intereses de los bancos frente a las necesidades de los colectivos más vulnerables, afectados por la crisis
El TJUE ha sentenciado que el plazo de un mes que recoge la ley española para recurrir ejecuciones hipotecarias "no garantiza el ejercicio efectivo" de este derecho y por tanto es contrario a legislación comunitaria. Este tribunal apunta que "existe un elevado riesgo de que el plazo expire sin que los consumidores afectados puedan hacer valer de forma efectiva y útil sus derechos por la vía judicial".
Recuerda que es la segunda vez que el TJUE dictamina que la ley española no respeta los derechos de los consumidores. En marzo de 2013 declaró contraria al Derecho de la UE la normativa española que impedía suspender una ejecución hipotecaria a un juez competente para declarar abusiva una cláusula de un contrato sobre un préstamo hipotecario (sentencia Aziz).
La asociación considera que esto demuestra el interés del Gobierno actual de seguir defendiendo los intereses de los bancos frente a las necesidades de los colectivos más vulnerables, afectados por la crisis.
