viernes. 29.03.2024
montoro480
El ministro Cristóbal Montoro en la rueda de prensa celebrada este lunes para explicar la reforma fiscal del Gobierno.

Las indemnizaciones por despido tributarán más tras la entrada en vigor de la reforma fiscal del Gobierno, aunque contarán con un mínimo exento de 2.000 euros por año trabajado. Así lo avanzó el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, en una rueda de prensa junto al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, para explicar las líneas generales de la reforma.

Hasta ahora, las indemnizaciones por despido sólo tributaban si superaban el máximo que marca la ley (los 45 días por año trabajado antes de la reforma laboral y los 33 días tras la reforma). Tras la entrada en vigor de la reforma fiscal, todas las indemnizaciones por despido tendrán que tributar, aunque se beneficiarán de un mínimo exento de 2.000 euros por año trabajado, lo que permitirá que los contribuyentes con sueldos de 20.000 euros o menos no tengan que pagar a Hacienda cuando sean despedidos.

En concreto, los contribuyentes con sueldos de 20.000 euros al año que vayan a recibir una indemnización por despido de 1.833 euros por año seguirán exentos de tributación. De la misma forma, todos los contribuyentes que hayan tenido sueldos inferiores a 20.000 euros seguirán disfrutando de la exención del 100% de su indemnización si son despedidos. En cambio, los que hayan percibido un sueldo de 30.000 euros al año y tengan derecho a una indemnización de 2.750 euros por año trabajado disfrutarán de una exención del 72,72% del total tras aplicarles el mínimo exento.

Los que hayan cobrado 40.000 euros al año y tengan derecho a una indemnización de 3.666 euros por año se beneficiarán de una exención del 54,55%, mientras que los que hayan percibido un sueldo de 50.000 euros y vayan a recibir una indemnización de 4.583 euros al año tras ser despedidos, disfrutarán de una exención del 43,64%. Por su parte, los contribuyentes que hayan cobrado un sueldo de 100.000 euros al año y, tras ser despedidos, tengan derecho a una indemnización de 9.166 euros por año trabajado, tendrán derecho a una exención del 21,82% en la indemnización, una vez aplicada la exención. Finalmente, los que hayan disfrutado un sueldo de 150.000 euros por año y vayan a percibir una indemnización de 13.750 euros por año tendrán una exención final del 14,54%.

Aunque Ferre aclaró que es sólo una propuesta "inicial" y que escucharán lo que tengan que decir los agentes sociales al respecto, lo cierto es que la medida no fue trasladada a los sindicatos en la reunión que mantuvieron la semana pasada con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Tampoco se dijo nada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del viernes.

UGT: “Penaliza de manera doble a los trabajadores despedido”

Las reacciones de los sindicatos no se han hecho esperar. El Secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, destacó que responde a un “afán recaudatorio” y “es una medida injusta porque penaliza de manera doble a los trabajadores despedidos que, de manera involuntaria, han sido expulsados de sus puestos de trabajo”.

Ferrer ha explicado que “con la reforma laboral de 2012 el Gobierno ya facilitó y abarató el despido y ahora, con estas medidas fiscales, se vuelve a penalizar a los despedidos”. Asimismo, ha recordado al Ministro de Hacienda que se comprometió a un proceso de diálogo, y ha advertido que “si lo que se pretende es atajar los tratamientos que tienen los grandes ejecutivos con contratos blindados, hay que buscar soluciones concretas y no castigar al conjunto de los trabajadores”.

CCOO: “significa escorar aún más el IRPF sobre las rentas del trabajo”

Por su parte, CCOO ya advirtió hace unos días de la “falta de equidad y justicia” que supondría la eliminación de la exención de las indemnizaciones por despido dentro de las cuantías legales. En primer lugar, porque significaría “escorar aún más el IRPF sobre las rentas del trabajo”, y porque “se ampliaría aún más el duro recorte de la indemnización por despido aprobado por el Gobierno en la reforma laboral de 2012. El sindicato también denuncia que supone “ahondar en el reparto desigual de las cargas de la crisis y el ajuste presupuestario”.

“El gobierno cargaría así dos veces sobre la espalda de los trabajadores más débiles -los despedidos- las cargas de la crisis, mientras que avanza, por otro lado, en la desfiscalización de las rentas del capital y del patrimonio”, subraya.

‘Una medida injusta que penaliza de manera doble a los trabajadores despedidos’