Aunque desde 1992 el sistema de FPE ha venido funcionando bajo el principio del protagonismo de los agentes sociales más representativos, este Gobierno promovió una reforma dirigida a limitar cuando no eliminar el papel de aquéllos
El Gobierno del PP, incluso en funciones, no cesa en su actitud de poner impedimentos para que sindicatos y patronales puedan cumplir sus labores constitucionales, recortando una vez más derechos que se han venido reconociendo a lo largo de veinte años, incluso pactados con el propio Gobierno del PP.
Ahora es con la formación profesional para el empleo, una más de las grandes paganas de este Gobierno. A finales del pasado mes de agosto se ha publicado la convocatoria por el SEPE de subvenciones para ejecución de planes de formación para trabajadores ocupados del año 2016, en la que, vulnerando los pactos parlamentarios y los acuerdos concretos que en el ámbito de los interlocutores sociales se habían pactado sobre esta misma convocatoria, se ha eliminado la presencia de sindicatos y empresarios en el órgano colegiado encargado de emitir informe sobre el resultado de la evaluación que, en relación con las solicitudes de ayudas, efectúan los técnicos de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.
Se trata de un órgano de control, que ni evalúa las solicitudes, ni instruye –el instructor es el Gerente de la FEFE, funcionario público nombrado a propuesta del SEPE-, ni formula propuestas ni decide nada –la decisión es de la Directora General del SEPE-, pero sí que emite un informe con consideraciones positivas o críticas sobre las solicitudes y la orientación de la convocatoria. Teniendo además en cuenta que es órgano bipartito en el que tiene voto de calidad el presidente representante de la Administración y que la participación de las organizaciones sociales ha sido constante desde hace muchos años.
Aunque desde 1992 el sistema de FPE ha venido funcionando bajo el principio del protagonismo de los agentes sociales más representativos, este Gobierno promovió una reforma a través del Real Decreto-Ley 4/2015, dirigida a limitar cuando no eliminar el papel de aquéllos. Esa actitud cambió, o eso parecía, en la tramitación parlamentaria, pues la ley finalmente aprobada, Ley 30/2015 de FPE, incorporó numerosas modificaciones dirigidas a vincular la formación a la negociación colectiva y el diálogo social y a ampliar y clarificar el protagonismo de los sindicatos y patronales en la gobernanza del sistema, incluyéndoles “en particular, en el diseño, la planificación, el control, seguimiento y evaluación de la oferta formativa”. De modo que las organizaciones sindicales y empresariales, que quedaban excluidas de la impartición de la formación, pasaban a ser garantes del buen fin del sistema y, en este sentido, controladores de la actividad que desarrollen las propias Administraciones Públicas.
Fueron precisamente estas modificaciones, valoradas positivamente por los sindicatos, las que posibilitaron que la Ley se aprobara con una amplia mayoría parlamentaria.
De ahí que el proyecto de convocatoria de 2016 mantuviera la presencia de sindicatos y patronales en el órgano colegiado ya mencionado, y así fue propuesto por el Ministerio de Empleo y aprobado por el Patronato de la FEFE, que preside el Secretario de Estado de Empleo, en el que están presentes las CCAA y del que es miembro la Directora General del SEPE que luego firma la Resolución, sin que nadie cuestionara ese tema.
Sin embargo, en la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios se impuso la eliminación de sindicatos y patronales del órgano de control del sistema, hasta ahora bipartito y con voto de calidad de la Administración, en lo que supone sin duda una transgresión consciente del acuerdo político y en gran medida también social que avaló la aprobación de la Ley y saltándose a la torera el pacto expreso para esta convocatoria del Ministerio de Empleo con dichas organizaciones.
El argumento alegado es necio por contradictorio, que las entidades sindicales y patronales reunirían la doble condición de “juez y parte”, pues decidirían, o al menos evaluarían, las solicitudes que ellas mismas habrían presentado, lo que en su momento habría sido ya planteado por el Tribunal de Cuentas en aras de una mayor transparencia.
Aunque esa afirmación de que sean juez y parte ha sido expresamente negada por los tribunales de justicia -entre otras en la Sentencia Audiencia Nacional de 19 de marzo de 2014, sobre convocatoria anterior similar a la actual-, la Ley 30/2015 de FPE, y anteriormente el Real Decreto-Ley 4/2015, ya eliminaron la condición de beneficiarios de subvenciones a las organizaciones sindicales y empresariales, abriéndola exclusivamente a centros y entidades de formación en régimen de concurrencia competitiva. Aquéllas dejaban, pues, de ser “parte”, a la vez que se incrementaba su participación en la gobernanza del sistema, incluyendo su control.
Pero ahora se las elimina también de esta función de control. Ya no son ni juez ni parte, para que no haya transparencia ni control, excluyendo a sindicatos y empresarios de su papel constitucional en este ámbito de la FPE.
Porque ese es el tema, la incomodidad que para esta Administración es tener a las organizaciones sociales en esas órganos colegiados que informan, que disminuye su impunidad. La reciente experiencia de la Convocatoria de 2015 de ayudas para formación de Jóvenes es muy significativa. Sindicatos y patronales denunciaron duramente en ese órgano el fraude que algunas entidades de formación estaban propiciando, así como la concentración de las adjudicaciones en unos pocos grupos de empresas de formación y el sarcasmo que suponía que se hubiera hecho cuestión a que impartieran formación patronales y sindicatos, para acabar en manos de unas pocas empresas financieramente muy potentes. Esa denuncia llevó necesariamente a la paralización de la convocatoria, con gran dolor del SEPE. Ahora llega la respuesta, no habrá más denuncias, porque se les saca del control.
¿Y quieren que la izquierda les facilite seguir gobernando?
Manuel de la Rocha Rubí | Abogado de UGT
