jueves. 28.03.2024

En la noticia que Europa Press daba sobre la rueda de prensa de los datos de paro del día 3 de febrero se dice textualmente: “La secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, ha avanzado este martes que 24.500 personas han solicitado beneficiarse del nuevo programa de activación, que incluye una ayuda de 426 euros mensuales, entre su entrada en vigor el 15 de enero y el 30 de enero. Según las previsiones del gabinete que dirige Fátima Báñez, está previsto que este programa beneficie a unas 70.000 personas sólo en 2015”.

La prestación será un fiasco porque ha nacido no para paliar el problema de las personas sino para que el PP tenga un argumento electoral

Según la EPA hay, por lo menos, 623.427 personas paradas que cumplirían los requisitos de fondo para acceder al nuevo programa: llevar un año en paro o más y carecer de ingresos familiares superiores al 75% del SMI. Esta cifra es a la baja porque se han excluido todos los hogares en los que entra algún ingreso (salvo que sea de un trabajo inferior a 20 horas semanales). Sabemos que hay muchos con salarios bajos que distribuidos entre el conjunto de miembros de la unidad familiar, podrían estar incluidos entre quienes tendrían derecho.

Si pensamos lo que ha ocurrido, se podrá valorar las 24.500 solicitudes. Desde mediados de diciembre el gobierno ha anunciado a bombo y platillo que se iba a crear una nueva prestación para los parados de larga duración con cargas familiares. Miles de personas han acudido a su Oficina de Empleo para informarse, esperanzados en tener una prestación, aunque solo fuera por seis meses. De esos cientos de miles solamente 24.500 han pasado el filtro.

El gabinete de la ministra dice ahora que en 2015 habrá 70.000 beneficiarios. Ya no serán los 450.000 anunciados oficialmente. Su cifra, según el Gabinete, se reduce a uno de cada seis anunciados. Pero ni esos 70.000 son creíbles. El grueso del millón de parados ya ha pasado por las Oficinas y ha comprobado que no cumple los requisitos formales y que no los podrá cumplir. No se trata de analizar la situación de necesidad actual que puedan tener sino si la han tenido hace uno, dos, tres o seis años.

Por si fuera poco exigente lo establecido en el Real Decreto que regula este programa, las instrucciones que ha dado el SEPE lo endurecen todavía más. No se trata de haber estado en el PRODI es 2009, o, posteriormente en el PREPARA. Dicen, sacándoselo de la manga, que esa debe ser la última prestación percibida. Es decir, las personas que cobraron un PRODI en 2009 no han tenido que trabajar ni tres meses en los últimos seis años ya que entonces habrían cobrado otra prestación.

Esta prestación será un fiasco porque ha nacido no para paliar el problema de las personas a quienes el Estado no es capaz de garantizar su derecho constitucional al trabajo, sino para que el PP tenga un argumento de índole social de cara a las diferentes elecciones de 2015. Espero que ese fiasco que ya se ha traducido en frustración, se concrete en castigo en las urnas.

El problema de las prestaciones por desempleo se está desenfocando y el propio Decreto lo deja patente. Hay diferentes motivos por los que es preciso plantear que quien no tenga ingresos, perciba una renta pública para su sustento y el de su familia, si la hubiere.

Por un lado están todas las personas excluidas o en riesgo de exclusión social. Se estaría hablando de una prestación, junto con un conjunto de medidas de asistencia y promoción social, que tendría por objeto la inclusión social de las mismas. Es una fase previa al empleo.

Las prestaciones por desempleo tienen, como se apuntó, un origen diferente. Se trata de una compensación económica que tiene la obligación de hacer el Estado a aquellas personas a quienes no les garantiza un derecho constitucional. Es una indemnización a quien se le priva de ejercer su derecho al trabajo. En numerosas ocasiones esa compensación debe ir acompañada de medidas de políticas activas de empleo para su inserción o reinserción laboral.

Durante años se ha estado dirigiendo de una u otra manera a miles de personas para que ejercieran su labor profesional en la construcción. Hoy ese sector da empleo a 1,6 millones de personas menos en ocupaciones específicas del mismo. El Estado tiene la obligación de darle una compensación mientras no le facilite otro trabajo y, previamente, una nueva ocupación, a quien ha estado cinco, diez, quince o veinte años en esas ocupaciones.

La solución al problema de las prestaciones por desempleo no pasa por mezclar churras con merinas y hacer un salario de inserción para todos los que carecen de ingresos. Es preciso un salario de inserción social acompañado de políticas de inserción para todas las personas excluidas o en riesgo de exclusión social. Por otro lado, hace falta un sistema de prestaciones por desempleo para los parados mientras no se les garantice su derecho al trabajo acompañando con políticas activas de empleo esas prestaciones.

En la situación actual, además de derogar el recorte de prestaciones hecho por el PP en 2012, viendo el fracaso estrepitoso del programa recién puesto en marcha por el PP, es preciso exigir un subsidio por desempleo permanente, con prórroga semestral como los demás subsidios, para todas las personas con cargas familiares y para aquellos colectivos sin empleo más desprotegidos, en especial, las mujeres víctimas de violencia, las personas con discapacidad y los mayores de 45 años. El resto de personas paradas, deberán percibir un salario de inserción en la medida en que se incorporen a un itinerario personalizado de empleo. Esta incorporación es un derecho subjetivo reconocido en la propia Ley de Empleo que el propio parado debe exigir.


Enrique Negueruela | Técnico de empleo

Incorporan a 24.500 parados a la nueva prestación entre el millón que hay en hogares...