El diálogo social no habría tenido más recorrido de no aprobarse la ayuda económica
Tras meses de negociaciones, Gobierno, sindicatos y organizaciones empresariales rubricarán el próximo lunes en la Moncloa un acuerdo para ayudar a las personas más desfavorecidas y en riesgo de exclusión social. El acuerdo forma parte de los compromisos adquiridos en la mesa de diálogo social del pasado 29 de julio y que los sindicatos CCOO y UGT venían reivindicando desde hace tiempo.
Los parados de larga duración con cargas familiares que hayan agotado sus prestaciones podrán acceder a una ayuda de 426 euros por un periodo de 6 meses, durante los cuales tendrán oportunidad de formarse para reincorporarse al mercado laboral.
Los pormenores del acuerdo fueros explicados este jueves en rueda de prensa por los secretarios de Acción Sindical de CCOO y UGT, Ramón Górriz y Toni Ferrer respectivamente. Ambos se congratularon de la medida que supone, a su juicio, no solo aumentar la tasa de cobertura (que durante la crisis ha bajado hasta 20 puntos), sino la posibilidad de evitar la cronificación del paro y promover la inserción laboral.
Se beneficiarán casi medio millón de personas
De la ayuda se beneficiarán entre 400.000 y 450.000 personas y tendrá un coste de entre 1.000 y 1.200 millones de euros sin contar con la partida destinada a políticas activas de empleo (orientadores, tutores) que aún está por definir. La ayuda será compatible con un empleo, de tal forma que los 426 euros servirían para cubrir parte de los costes laborales si el parado consigue un trabajo en el tiempo en el que dure la prestación.
Tal y como explicaron Gorriz y Ferrer, el acuerdo, aunque puntual, es importante, ya que da respuesta a dos de las reivindicaciones que vienen haciendo las centrales sindicales: por un lado, aumentar la cobertura de prestaciones para aquellas personas que se encuentran en una situación límite; y por otro, impulsar la búsqueda activa de empleo, con itinerarios de formación individualizada que incluirán incluso a un tutor para aquellos casos en que se da el denominado “efecto desánimo”.
En España, los parados de larga duración alcanzan los 3,3 millones de personas, de las cuales, 2,2 millones llevan más de dos años desempleadas.
El objetivo es que vuelvan al mercado laboral
Mientras reciban acciones de formación y orientación, los desempleados de larga duración cobrarán esta ayuda, pero el objetivo final, han insistido los responsables sindicales, es que vuelvan al mercado laboral. Por eso esta ayuda se incardina en un programa más amplio para la activación laboral de este colectivo.
Los beneficiarios suscribirán un compromiso de actividad y el servicio público de empleo tendrá un mes para marcarles un itinerario laboral personalizado en base a sus cualificaciones. Tendrán un tutor/orientador y el servicio público de empleo será el encargado de hacerles llegar posibles ofertas de empleo.
Está previsto que el programa dure 15 meses (del 15 de enero de 2015 y al 15 de abril de 2016), aunque tres meses antes de que finalice, se evaluarán los efectos que ha tenido y su posible prórroga.
Según han subrayado los responsables sindicales, el objetivo de este programa es "proteger y rescatar" a las personas desempleadas porque el 40% de ellos están en riesgo de exclusión. "Son personas con necesidades de recualificación profesional, de reconversión, la medida fundamental es reactivarlas para que puedan encontrar empleo", han destacado.
Ferrer y Górriz han dejado claro que este programa es un avance en las reivindicaciones sindicales, pero no cumple con todas ellas, por lo que seguirán trabajando en el marco del diálogo social por conseguir sus aspiraciones y continuarán con las movilizaciones. De hecho, han emplazado ya al Gobierno a que abra la mesa de negociación de empleados públicos y la de política industrial. Ambos han afirmado que si no hubiera habido acuerdo sobre la ayuda a parados de larga duración, "el diálogo social no habría tenido más recorrido".
El acuerdo será firmado este lunes en La Moncloa por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y los secretarios generales de CCOO, UGT, CEOE y Cepyme, Ignacio Fernández Toxo, Cándido Méndez, Juan Rosell y Antonio Garamendi.
