Durante el periodo 2012-2015, coincidiendo con el Gobierno del PP, el gasto total destinado a políticas activas de empleo ha caído un 39%. Mientras en el periodo anterior (2008-2011) se destinaron 31.088 millones de euros, en los cuatro años posteriores, el presupuesto fue de 18.888 millones, es decir 12.200 millones menos.
Así se desprende de un estudio realizado por el técnico de Empleo, Enrique Negueruela, al que ha tenido acceso Nuevatribuna.es. En dicho informe, se plantea la necesidad de reformular la financiación y distribución de los fondos a políticas activas de empleo.
Si la caída en el gasto bruto es ya de por sí llamativa, también lo es la disminución de la aportación del Estado a las políticas activas de empleo, que cae un 32%, pasando de 11.365 millones de euros durante el periodo 2008-2011 a 7.738 millones durante la legislatura del PP, es decir, una caída de 3.626 millones de euros.
Una transferencia de políticas sin fondos
Hasta los años 90, periodo en el que se completan las transferencias de las políticas de empleo, las de formación se realizan con anterioridad, los presupuestos del INEM se nutrían básicamente de las cuotas de formación y de desempleo, de la aportación del Fondo Social Euorpeo (FSE) y de otros ingresos del propio INEM. El Estado no aportaba nada a las políticas activas o pasivas de empleo, como mucho corría con los déficits cuando se producían.
Los decretos de transferencias realizados a finales de los 90 supusieron implicar como marca la Constitución y los Estatutos de Autonomía, a los gobiernos de las comunidades en la gestión de las políticas activas. Sin embargo, los decretos de transferencia eran sobre unas competencias nominales. El Estado no transfería ningún fondo para la ejecución de dichas políticas, sino que dejaba que año a año se repartieran en la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales.
Las políticas activas de empleo se han financiado hasta el Presupuesto de 2010 con una parte de la cuota de desempleo que se preveía no gastar en prestaciones. Desde 2002 se destinaron 27.215 millones cuyo origen era dicha cuota a políticas activas de empleo. A partir de 2009, debido al fuerte aumento del paro, se produce una importante aportación de fondos estatales (provenientes de impuestos) al presupuesto del ahora SEPE.
El gasto por parado en políticas activas cae un 70%
La caída de inversión en políticas activas de empleo también arroja un preocupante dato. Y es que el gasto anual por persona parada pasa de 2.882 euros en el periodo 2008-2011, a solamente 864 euros entre 2012-2015, es decir, cae un 70%.
En 2013, el número de parados aumentó en un millón de personas sobre 2011y el Presupuesto de políticas de empleo disminuyó en 3.373 millones de euros. Es decir, el gasto por parado en el conjunto de políticas activas de empleo para de 1.700 euros por parado en 2011 a 850 euros en 2013.
Además, hay que tener en cuenta que con el Gobierno del PP, el PIB por habitante ha disminuido 6.7 puntos en relación a la Unión Europea y 3,3 sobre la zona euro. Respecto a las políticas de empleo, España se sitúa por debajo de los países con menor riqueza por habitante. En inversión en formación, también se sitúa por debajo de la media del grupo de países en el que está encuadrada.
UN NUEVO SISTEMA DE FINANCIACIÓN
La financiación de las políticas activas debe ser anticíclica como lo son las prestaciones por desempleo
El estudio concluye aportando algunas propuestas para mejorar el sistema de financiación de las políticas activas de empleo, siempre bajo la premisa de que los medios económicos no estén sometidos a los ciclos económicos, sino que funcionen como estabilizadores automáticos y anticíclicos, es decir, cuando hay más paro, crecen y cuando hay menos, pueden decrecer.
El autor del estudio propone lo siguiente:
- Acordar destinar la cuota de desempleo exclusivamente a las prestaciones contributivas con lo que se producirá un excedente superior a 0,8 puntos del tipo actual y disminuir el tipo en esos 0,8 puntos.
- Aumentar el tipo de la cuota de formación profesional en los 0,8 puntos reducidos de la cuota de desempleo y eliminar el tope máximo.
- Establecer una referencia obligatoria, inicialmente podría ser tres veces el IPREM mensual incrementándolo una vez cada año hasta llegar a las cinco veces, como gasto por parado en el conjunto de las políticas activas.
- La diferencia entre la cuota de formación y el compromiso de gasto a realizar, cinco veces el IPREM mensual por cada persona parada, se distribuirá entre el Estado y las Comunidades autónomas, correspondiéndole el 70% al Estado.
A ello se añade la necesidad de que las comunidades gestionen como mínimo el 85% del presupuesto de políticas activas, excluido los incentivos al empleo e incluirlas en la Ley de Empleo. Lo contrario de ello, supone una invasión de competencias por parte del Estado que solamente puede suponer o políticas clientelares o instrumentalización de los fondos de empleo para fines diferentes de los previstos.
