viernes. 29.03.2024
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Foto: La Moncloa

El Gobierno prevé poner en marcha en octubre un Plan de Empleo e Impulso a la Activación con especial atención a los parados sin ingresos, de larga duración en situación de “especial necesidad” y de momento se encuentra trazando el "mapa" entre el Estado y las comunidades autónomas para conocer el "universo" de personas a atender. Según ha avanzado la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en este momento "se está trabajando en verificar esas necesidades", cruzando datos con las comunidades autónomas y las propias estadísticas del Gobierno.

Esta ha sido una de las cuestiones tratadas durante la reunión mantenida este martes en el Palacio de la Moncloa entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la titular de Empleo, a la que también han asistido los presidentes de la CEOE, Juan Rosell, y Cepyme, Jesús Terciado, y los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez.

Este plan, ha dicho Báñez, que se encuadra en un documento de propuestas para la negociación tripartita, responde a que el Gobierno es "consciente" de que hay familias con todos sus miembros en paro, a los que "hay que acompañar hasta que vuelvan a trabajar", y ha recordado que el Ejecutivo lleva desde 2011 ampliando el sistema de protección con medidas como la ampliación del Plan Prepara hasta los 450 euros al mes.

Los sindicatos han pedido una ayuda adicional también desde octubre para las 500.000 familias sin ingresos con su cabeza de familia en paro, con un presupuesto de 2.500 millones. La ministra no ha entrado a discutir esta propuesta y ha querido dejar claro que "hay que trabajar de verdad en quien lo necesita, en las situaciones que no atiende ni en el Estado ni las comunidades autónomas". "Hay que ver el colectivo afectado y habrá recursos", ha añadido para apostillar que "los datos de los sindicatos hay que contrastarlos con el resto de interlocutores sociales y con las cifras del Gobierno".

La propuesta debe dotarse de una adecuada financiación

Cándido Méndez ha señalado que el documento que ha salido de la reunión, “es la expresión de una apuesta compartida por el diálogo social”. Méndez ha hecho hincapié en que la propuesta “se debe dotar de la adecuada financiación y que está abierto pero que tiene voluntad de concreción, donde se apuntan ya algunos plazos, como es el mes de octubre, para tomar algunas medidas urgentes en relación con la desprotección de centenares de miles de familias trabajadoras”.

Ignacio Fernández Toxo también ha cifrado en 500.000 las familias sin ingresos y con el cabeza de familia en paro, que requieren una "atención prioritaria". A su juicio, esta ayuda “debería ser de efectos inmediatos, en octubre, para que de forma progresiva el nivel de protección básico llegara a esas personas e ir discutiendo el establecimiento de una renta básica garantizada que complete el conjunto de la protección de la red social".

Por su parte, Juan Rosell ha asegurado que la patronal "no pone reparos" a la creación de una ayuda para parados como ésta, que también está en línea con la propuesta formulada por el nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, aunque éste la cuantificó en más de 4.000 millones de euros. "Tenemos restricciones presupuestarias, pero también una bolsa de 500.000 familias en una situación alarmante", ha dicho.

Plan de acción contra el uso fraudulento de la contratación temporal

El Gobierno y los agentes sociales también han acordado este martes elaborar antes de que acabe el año un plan de acción contra la dualidad en la contratación desde el reforzamiento de la causalidad de los contratos, la lucha contra el uso inadecuado y fraudulento de la contratación temporal y el análisis de las consecuencias de estos contratos temporales sobre la salud de los trabajadores y su formación.

Al respecto, Rosell ha indicado que han apostado por hacer una "evaluación objetiva" de las modalidades de contrato que mejor están funcionando, pero ha enfatizado que "sigue habiendo una gran desproporción de derechos" entre contratos indefinidos y temporales, en favor de los primeros, y ha apostado por trabajar para que la contratación mayoritaria sea la de "largo plazo".

Por su parte, Toxo ha lamentado que la contratación sea "mayoritariamente temporal". "El empleo fijo a tiempo completo ya tiene un volumen por primera vez en la historia menor que el resto de modalidades de contratación", ha dicho. "No podemos instalarnos en la idea de que el único contrato con futuro es el precario, la sociedad española no puede resignarse a que tener un empleo no te permita salir de la pobreza", ha dicho.

"Para crear empleo tienen que aumentar los salarios"

Por otro lado, aunque la renovación del II Acuerdo Interconfederal sobre Empleo y Negociación Colectiva recae en el ámbito bilateral entre patronal y sindicatos, es una cuestión que también ha salido a colación en la reunión de este martes.

Así, según el líder de CCOO, ambas partes se han comprometido a abordar de forma "intensiva" un proceso de negociación a la vuelta de vacaciones. Por su parte, Rosell ha asegurado que se pueden "delimitar posibilidades de crecimiento de salarios para el próximo año", en sectores donde ya se esté creciendo. Desde CCOO, Toxo ha apostado por subidas "reales" de salarios a partir de un empleo de mayor calidad y de subidas nominales de los sueldos.

El líder de UGT ha defendido que "si se quiere alcanzar la recuperación económica no se puede plantear como un binomio contrapuesto con el empleo y salarios". "Para crear empleo tienen que aumentar los salarios" como base de la demanda, ha asegurado.

Escrito de quejas ante la OIT

Al inicio de la reunión, y aunque no formaba parte del orden del día, UGT y CCOO han hecho entrega al Gobierno de las quejas registradas ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la persecución de la Fiscalía a sindicalistas por el ejercicio del derecho a huelga y el informe de alegaciones que han enviado al Comité Europeo de Derechos Sociales donde se hace patente nuevamente el rechazo sindical a la reforma laboral.

Además, le han expresado al presidente del Gobierno la conveniencia de que se ratifique de una vez la Carta Social Europea revisada, firmada por España en el año 2000 pero que está pendiente aún de ratificar en el Parlamento Europeo.

El Gobierno estudia el "universo" de los parados de "especial necesidad"