CCOO y UGT han hecho público un comunicado en el que denuncian el nuevo proceso de privatización de los servicios de inserción e intermediación que los SPE deben prestar a las personas desempleadas inscritas en los mismos. "La colaboración público-privada puede ser positiva, siempre que no suponga un recorte de los servicios públicos y su asfixia, para financiar a las entidades privadas", critican UGT y CCOO.
El Gobierno prescindió de los 3.000 orientadores y promotores de empleo que trabajaban en los SPE para la inserción de personas desempleadas en el mercado de trabajo. “Estamos asistiendo al desmantelamiento de los SPE”, denuncian CCOO y UGT
Los sindicatos advierten que mientras se incrementa los recursos para financiar las agencias de colocación, la partida presupuestaria dirigida a la modernización de los SPE se reduce casi el 50% y en concreto, el presupuesto de las políticas activas disminuye un 30%. Conviene recordar, además, que el Gobierno prescindió de los 3.000 orientadores y promotores de empleo que trabajaban en los SPE para la inserción de personas desempleadas en el mercado de trabajo. “Estamos asistiendo al desmantelamiento de los SPE”, denuncian CCOO y UGT.
Para los sindicatos existe un riesgo al confiar a las agencias privadas un servicio público, pues el afán de lucro, que es consustancial a las entidades privadas, puede convertir a las personas desempleadas en mera mercancía. “El Estado debería ser garante de los objetivos generales de las políticas de empleo, y no un activo colaborador de la intervención privada, especialmente comprometida con la creciente precarización del mercado de trabajo”, precisan UGT y CCOO.
CCOO y UGT muestran su preocupación por la opacidad que se pueda producir en los procesos de adjudicación de las CCAA para suscribir los convenios con las entidades privadas de colocación. Aunque como regla general se establece que el contrato tiene que ser de al menos seis meses a tiempo completo en un periodo de ocho meses, si el contrato fuese a tiempo parcial las CCAA podrán establecer minoraciones proporcionales al tiempo de trabajo. Igualmente las CCAA podrán decidir la inclusión de un pago por cada persona desempleada que se derive a las agencias de colocación, aunque no logre su inserción.
El Gobierno asfixia los servicios públicos de empleo e incrementa las ayudas a las agencias privadas de colocación
“Nos tememos, afirman UGT y CCOO, que los colectivos que deriven los SPE a las agencias de colocación puedan ser prioritariamente personas en paro que estén cobrando algún tipo de prestación”.
Por último, CCOO y UGT denuncian que se está utilizando la crisis económica como cortina de humo para enmascarar reformas estructurales con marcado carácter ideológico y para el desmantelamiento de los servicios públicos.
80 AGENCIAS PRIVADAS OPTARÁN A LOS CONTRATOS CON EL SEPE
La Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) cerró hace unos días la lista de las 80 agencias privadas de colación (de las más de 200 que se ofrecieron) que optarán a contratos para colaborar con los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas en la inserción de parados en el mercado laboral.
El Ejecutivo ha previsto que los contratos que se firmen alcancen un gasto para las administraciones de 200 millones de euros en un horizonte de vigencia de dos años, prorrogables hasta otros dos.
Las agencias privadas de colocación obtendrán entre 300 y 3.000 euros por cada desempleado al que faciliten un empleo. Las cuantías variarán dependiendo de la edad y del tiempo que lleve el desempleado fuera del mercado laboral, desde los tres a seis meses, hasta más de años.
