viernes. 29.03.2024
Cristóbal Montoro en una imagen de archivo.

El ahorro fiscal de las grandes fortunas recaerá en el bolsillo de la clase media

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) consideran que el informe de reforma fiscal presentado hoy por el comité de expertos está elaborado desde una perspectiva teórica y encierra tachas de inconstitucionalidad, además no garantiza a las administraciones los recursos necesarios para sufragar las políticas públicas.

Gestha considera que los expertos, fieles a los límites marcados por el Gobierno, elaboraron un documento con propuestas que no suponen una merma para las cuentas públicas, pero en comparación con la realidad europea –a la que tanto alude el informe en determinados aspectos–, España tiene un amplio margen de maniobra para mejorar las políticas de bienestar.

Así, la presión fiscal española se sitúa siete puntos del PIB por debajo de la media europea, mientras que el gasto público representa unos seis puntos menos, por lo que la potencia recaudatoria del sistema tributario español es mucho mayor de la que plantean los expertos y debería aumentar al menos en tres o cuatro puntos del PIB.

Cuadro 1. El gap recaudatorio con la UE

Cálculos: Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) a partir de los informes de Eurostat

Descuido de la progresividad

Pero la gran crítica de Gestha a esta propuesta está en lo que atañe a la progresividad, ya que se descuida el artículo 31 de la Constitución española, que establece que cada contribuyente debe pagar en función de su capacidad económica.

El ejemplo más ilustrativo al respecto es la propuesta de “simplificación de los siete tramos” actuales del IRPF en cuatro, lo que para los Técnicos es un eufemismo que esconde una merma de la progresividad. De hecho, la progresividad está ligada directamente con el mayor número de tramos en el IRPF porque se ajustan más a los distintos niveles de renta. La carga tributaria la dan los tipos marginales que se anoten en la tarifa.

En este sentido, la rebaja del tipo marginal y la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio benefician al 4% de los contribuyentes con mayor poder adquisitivo, mientras que estos cambios tienen que ser compensados por el aumento de impuestos indirectos como el IVA, que son regresivos ya que perjudican la capacidad adquisitiva del 85% de los ciudadanos que ingresan menos de 30.000 euros.

Además, los técnicos consideran que la propuesta de suprimir a medio plazo la deducción por compra de vivienda –que ya no existe para las adquisiciones realizadas a partir del 1 de enero de 2013–, atenta contra la justicia tributaria al suprimir los derechos consolidados a casi seis millones de personas que están utilizando esta desgravación fiscal a día de hoy.

Cuadro 2. Beneficiarios de la deducción por vivienda

Fuente: Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) a partir de la estadística del IRPF

Sin embargo, Gestha sí comparte que la rebaja de las cotizaciones sociales puede ser una medida para animar la contratación o, al menos no la dificultaría, aunque discrepan de la compensación que los expertos plantean.

Los Técnicos de Hacienda proponen que, de llevarse a cabo, debería compensarse con un aumento del gravamen en el Impuesto de Sociedades para las 3.000 mayores empresas del país que, pese a tener un tipo nominal del 30%, el tipo efectivo apenas llega al 3,5% de su resultado contable, una situación muy discriminatoria frente a la carga fiscal de las micro empresas y pymes. Este gravamen especial sería un ingreso para la equilibrar las cuentas de la Seguridad Social.

Cuadro 3. Tipo efectivo de las empresas

Fuente: Informes de recaudación de la AEAT

Algo más que palabras en la lucha contra el fraude fiscal

Por otro lado, los Técnicos señalan que los expertos abordan la lucha contra el fraude de una manera meramente académica, ya que para reducir el volumen de economía sumergida –que se sitúa en el 24,6% del PIB– es necesario actuar sobre cuatro ejes:

  1. Elaboración periódica de estudios oficiales de economía sumergida desglosados por territorios, sectores e impuestos.
  2. Establecimiento y control por los Parlamentos estatales y autonómicos de un objetivo prioritario e irrenunciable de reducción de la tasa sumergida en un plazo temporal.
  3. Aumento de competencias y responsabilidades de la plantilla de la AEAT y de los Servicios y Agencias Tributarias autonómicas para desplazar la investigación desde las microempresas, autónomos y pequeñas sociedades hacia las grandes empresas y fortunas.
  4. Acuerdos de colaboración o de Consorcios para la gestión tributaria que permita compartir las bases de datos tributarias entre la AEAT y las Agencias tributarias autonómicas o las Consejerías de Hacienda.

Sin embargo, en la prevención del fraude fiscal, Gestha valora positivamente algunas medidas planteadas por los expertos en su informe, como la supresión del sistema de módulos en Renta y el régimen simplificado de IVA.

El informe de los 'sabios' "tiene tachas de inconstitucionalidad" según Gestha