Recién ganadas sus primeras primarias para dirigir al PSOE, Pedro Sánchez se entrevistó con Mariano Rajoy y propuso que el Estado “invirtiera en solidaridad” y garantizase un subsidio mensual a todas las personas paradas con cargas familiares que no perciban prestaciones, así como a otros colectivos más desfavorecidos. Además, reclamó por activa y pasiva que el subsidio previo a la jubilación volviera a la regulación anterior a la reforma laboral.
En el tercer trimestre de este año hay 686.048 personas mayores de 52 años en paro, frente a las 643.664 personas que había en el mismo trimestre de 2011. La tasa de protección ha disminuido del 52,8% hasta el 41,1% y hay 57.454 personas protegidas menos.
PERSONAS PARADAS MAYORES DE 52 AÑOS
FUENTE: Microdatos de la EPA. Elaboración propia de las respuestas al Módulo G
Entre las personas mayores de 52 años inscritas en las oficinas de empleo y sin protección, las dos terceras partes, algo más de doscientas mil, llevan más de dos años en paro
Lo primero que destaca de la tabla es que el 10,6% de las personas paradas no figuran inscritas en los Servicios Públicos de Empleo, hay 72.579 personas que deberían inscribirse para poder percibir el subsidio de mayores de 52 años. Esto no sería obstáculo porque hasta la modificación realizada por el PP, cualquier persona que no tuviera ingresos superiores al 75% del salario mínimo y cumpliera todos los requisitos, salvo la edad, para acceder a cualquier tipo de pensión de jubilación en el Sistema Español de la Seguridad Social, podía acceder al subsidio previo a la jubilación. Esto con independencia de cuándo hubiera percibido alguna prestación o de que hubiera estado inscrita o no. Se anotaba en la Oficina de Empleo y solicitaba el subsidio de mayores de 52 años.
Entre las personas mayores de 52 años inscritas en las oficinas de empleo y sin protección, las dos terceras partes, algo más de doscientas mil, llevan más de dos años en paro. Para valorar de qué manera afecta el recorte realizado por el gobierno del PP, es preciso recurrir a las altas iniciales. Ello es debido a la duración de este subsidio que podía llegar a ser de hasta doce años por lo que, si analizamos la evolución de los beneficiarios, tendremos mezcladas personas cuyos subsidios fueron aprobados en unos casos con la normativa del PP y en otros con la anterior. En la gráfica se ve claramente la afectación del recorte. Si comparamos el número de altas iniciales con las personas paradas que según la EPA hay de esas edades, observaremos que se pasa de que supongan el 19,3% en 2011 a suponer el 8,0% en el último trimestre.
Hay casi 2,5 millones de personas paradas sin proteger y menos de un millón protegido
Como volver a la anterior regulación supone un fuerte incremento de personas beneficiarias, es posible que en 2019 sea preciso optar entre aumentar el número de personas que se benefician de ese subsidio o incrementar la base de cotización hasta el 125% de la base mínima, como estaba en 2011. Creo que esta disyuntiva, desde la óptica de lo que es justo, no debiera ni plantearse. Carece de toda lógica impedir el acceso de una persona parada porque haya terminado en uno u otro momento de percibir un subsidio o una prestación contributiva. Además, la mayoría de las personas que se deberán incorporar son precisamente aquellas que se vieron afectadas por la normativa del PP. En unos casos, porque agotaron todas las prestaciones antes de cumplir la edad de 55 años, en otros porque se les aplicaron las rentas familiares. El incremento de la cotización de los perceptores actuales debe quedar relegado a la incorporación de todas las personas que reúnen el requisito de acceso a una pensión de jubilación, salvo la edad y carezcan de ingresos propios superiores al 75% del SMI.
La situación de las personas paradas es angustiosa: tres de cada cuatro no perciben ninguna prestación, el 72,8% según los datos del tercer trimestre de 2018 de la EPA. La tasa de protección por paro, el porcentaje de personas paradas que perciben prestaciones en relación con el total de personas paradas, es nueve puntos inferior al que había en 2011, solamente del 27,2%. Hay casi 2,5 millones de personas paradas sin proteger y menos de un millón protegido.
Solamente una de cada ocho personas menores de 30 años percibe prestación, hay 113.765 personas protegidas frente a las 820.701 que no lo están; entre las mujeres de más de treinta años hay 367.742 protegidas y 905.334 que no perciben nada; los hombres de más de treinta años, pese a ser el colectivo con una tasa de protección más alta, el 37,8% frente al 28,9% de las mujeres, solamente están protegidos 419.228 y carecen de ella 690.132 hombres.
Es preciso establecer un nuevo subsidio que asuma todos los colectivos que perciben la Renta Activa de Inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo
La mitad de las personas paradas son de larga duración, es decir, llevan cuando menos un año en paro. Edad, sexo y tiempo en paro son las variables que agudizan la situación de desprotección. Mientras la tasa de protección por paro de los hombres es el 29,5%, la de las mujeres es 24,9%; mientras el 12,2% de las personas menores de 30 años están protegidas, son el 45,2% las mayores de 55 protegidas; mientras que solo el 19,9% de las personas que llevan cuatro o más años paradas perciben prestaciones; quienes llevan menos de un año alcanzan el 31,8%.
Frente a la situación actual es preciso establecer un nuevo subsidio que asuma todos los colectivos que perciben la Renta Activa de Inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo, salvo las personas emigrantes retornadas que se incorporarían al subsidio de emigrantes retornadas. Además, a este nuevo subsidio se incorporarían las personas con cargas familiares que sean paradas de larga duración. Esta propuesta sería la de un subsidio que elimina todos los programas, el PAE y el PREPARA ya transformados en subsidios y la Renta Activa de Inserción todavía pendiente de hacerlo. De esta forma los colectivos con más dificultades para encontrar empleo, los mayores de 45 años y personas con discapacidad con un año de paro, y las mujeres víctimas de violencia machista, además de las personas paradas de larga duración con cargas familiares, ven asegurados uno ingresos mínimos.
Entre ambos subsidios propuestos, se alcanzaría a proteger a un millón de personas más con un coste algo por encima de los cinco mil millones de euros, sin incluir las cotizaciones a la Seguridad Social de los mayores de 52 años. Esta perspectiva va a permitir que los colectivos más vulnerables o con mayor presión dado que hay terceras personas dependientes de unos ingresos inexistentes, estén protegidos. Se debe ir a un subsidio continuado siempre que se mantenga la situación por la que se accedió.
Cuatro modificaciones normativas
Si se eliminan los topes máximos se pueden recaudar unos 2.247 millones de euros por desempleo y 223 millones más por formación profesional
Además de estos dos planteamientos, hay cuatro modificaciones normativas que deberían realizarse. En primer lugar hay que eliminar la parcialidad de los subsidios tal y como estaban antes de 2012; también hay que equiparar a las personas asalariadas temporales del régimen agrario al resto de asalariados temporales en la protección asistencial; en tercer lugar habría que dar acceso a los fijos discontinuos a los subsidios en las mismas condiciones que las demás personas paradas; y, por último, habría que establecer una regulación especial para las familias monoparentales que les permitiera acceder al subsidio si existen cargas familiares, al margen de los ingresos del solicitante.
El SEPE tiene capacidad financiera para hacerse cargo del coste de estos subsidios, de los 5.160 millones de euros precisos. En el Presupuesto del SEPE de 2018, en el capítulo de ingresos por cotización a desempleo, figura una previsión de ingresos de 20.471 millones de euros. Hasta agosto de este año se ha gastado en prestaciones 11.410 millones de euros y se puede estimar que a final de año el gasto será algo más de 17 mil millones de euros, unos trescientos millones menos que en 2017. Con ello se produce un superávit de unos tres mil quinientos millones de euros entre los ingresos por cotización a desempleo y el gasto en prestaciones. Además, la RAI tiene una dotación de casi mil millones de euros y el PAE de casi trescientos millones. Para ambos programas figuran en el presupuesto 1.275 millones de euros.
Dentro de las posibles medidas para aumentar la recaudación cabe tanto en la cotización a desempleo como a formación eliminar los topes máximos. Según los datos de salarios que aporta la Agencia Tributaria, en 2016, último informe existente, hay 1.128.556 personas asalariadas que tienen ingresos superiores a cinco veces el salario mínimo. Perciben 81.195 millones de euros de salarios, pero cotizan solamente por 49.322 millones. Por los restantes 31.873 millones de euros, no cotizan nada porque superan el tope máximo. Si se elimina dicho tope, se puede recaudar sobre el 7,1% de dicha cantidad, unos 2.247 millones de euros por desempleo y 223 millones más por formación profesional.
Este planteamiento tiene como objetivo extender las prestaciones al mayor número posible de personas paradas. Una vez consolidada esta extensión, será el momento de mejorar las cuantías y las cotizaciones de las prestaciones por desempleo.
