Cerca de tres de cada cuatro personas paradas no ha estado protegida por la contingencia de desempleo en 2017, pese a existir un excedente de cotizaciones por desempleo en los propios presupuestos
Según la EPA, de las 3.909.462 personas paradas que ha habido de media en 2017, 2.819.114 personas no percibieron ninguna prestación por desempleo. Solamente el 27,9% de las personas paradas estuvo protegida por desempleo. Esto se produce pese a que el artículo 41 de la Constitución mandata a los poderes públicos a garantizar la asistencia y prestaciones sociales suficientes especialmente en caso de desempleo.
En los presupuestos de 2018 figuran 20.471 millones de euros como previsión de ingresos de la cuota de desempleo. Al mismo tiempo, en el programa 251M Prestaciones a los desempleados se presupuesta un gasto total de 17.702 millones de euros de los que 17.411 millones se destinan directamente a las personas paradas. Es decir, hay 3.060 millones de euros que, procediendo de cuotas de desempleo, no se destinan a ese fin. Si incluimos los costes de gestión de prestaciones, la diferencia es de 2.769 millones de euros.
Pese al mandato constitucional de prestaciones suficientes para las personas desempleadas, cerca de tres de cada cuatro personas paradas no ha estado protegida por la contingencia de desempleo en 2017, pese a existir un excedente de cotizaciones por desempleo en los propios presupuestos que en 2017 fueron de más de mil millones y en 2018 de más de tres mil.
En 2018 el PP presenta una enmienda a los Presupuestos para recortar la protección por desempleo, pese a que hay más de tres mil millones de euros de la cuota de desempleo que no se dedican a ese fin. Esa enmienda deberá ser apoyada por lo menos por Ciudadanos, los canarios y el PNV para que sea aprobada. Podría parecer que quieren destinar el dinero de la protección de las personas paradas para el incremento de las pensiones.
La enmienda presentada dice pretender suplir el PREPARA y el Programa de activación para el empleo. Estos dos programas son perfectamente compatibles pudiendo percibirse en primer lugar el PREPARA y después el PAE. Es decir, una misma persona que tiene cargas familiares, percibe 403,38 euros durante seis meses procedentes del PREPARA, 457,16 euros si tiene tres o más cargas familiares, y posteriormente durante otros seis meses percibe 430,27 euros del PAE. Estos dos programas no son incompatibles.
Con una previsión de ingresar por cuotas de tres mil millones más que la previsión de gasto y con tres de cada cuatro personas paradas desprotegidas, se suprime un programa y se endurece el otro de los que se pretenden integrar en el llamado subsidio extraordinario
La enmienda que presenta el PP y ha consensuado con el PNV, Ciudadanos, y resto de apoyos, cambia estos dos programas por un subsidio de seis meses de duración que solamente se puede percibir en una única ocasión. Es decir, reduce en seis meses el período que una persona parada de larga duración y sin protección podía cobrar con los dos programas. El efecto es que reduce la cantidad total a percibir de 5.002 euros o 5.325 euros según el número de cargas familiares que tuviera, a 2.582 euros. Recorta el total a percibir en 2.420 euros, un 48,4%, con menos de tres cargas y en 2.743, un 51,5%, si la persona parada de larga duración tiene tres o más cargas familiares.
Hay un excedente de fondos procedentes de cotizaciones por desempleo sobre las previsiones presupuestarias de gasto, y, pese a ello, se elimina uno, previsiblemente el PREPARA.
Además, endurece las condiciones de solicitud en relación con el Programa de Activación para el Empleo que había pactado el gobierno con los sindicatos en la modificación realizada sobre el PAE en abril de 2017.
Gobierno y sindicatos pactaron en diciembre de 2014 un programa de activación para el empleo que tenía como objetivo alcanzar los 450 mil beneficiarios entre el 15 febrero de 2015 y el 15 de abril de 2016. Es ese período el objetivo de beneficiarios previsto por el gobierno y acordado con los sindicatos se redujo a solamente 123.087 altas. Solo se alcanzó el 27,3% de los beneficiarios previstos.
Ante esta situación, en abril de 2017 se modifica el programa y, entre otros cambios, se exige que los demandantes estén inscritos durante 270 días en los dieciocho meses inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de incorporación al programa (Art. Único apartado Uno 1.c del Real Decreto-ley 7/2017, de 28 de abril, por el que se prorroga y modifica el Programa de Activación para el Empleo). De esta forma se pasa a exigir una inscripción en el Servicio Público de Empleo de nueve meses en un plazo de dieciocho, en vez de los doce meses que se exigían con anterioridad (Art. 2.1.c del Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa de Activación para el Empleo).
El efecto de este y los demás cambios producidos ha sido claro. En los dos primeros meses de 2018 ha habido 22.450 altas de personas beneficiarias frente a las 8.420 habidas en el mismo período de 2017 y, por lo tanto, sin realizarse las modificaciones.
Pues bien, en el último párrafo del apartado 1 de la Disposición adicional que pretende regular el subsidio extraordinario de desempleo dice: “A los efectos de este apartado, se considerará parado de larga duración a quien haya permanecido inscrito como demandante de empleo durante al menos 360 días en los dieciocho meses inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de este subsidio”. Es decir, vuelve a la redacción anterior con la que solamente se alcanzó el 27% de los objetivos acordados. Se vuelve a las 4.210 altas mensuales de beneficiarios frente a las 11.225 altas de este año.
Con una previsión de ingresar por cuotas de tres mil millones más que la previsión de gasto y con tres de cada cuatro personas paradas desprotegidas, se suprime un programa y se endurece el otro de los que se pretenden integrar en el llamado subsidio extraordinario. Su nombre de “Extraordinario” debe provenir del extraordinario recorte que supone para las personas paradas.
