¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno ante el fracaso de su política frente a los desahucios?
Señor ministro, una mujer se ha rociado con gasolina y ha intentado quemarse a lo bonzo en Cádiz por un desahucio. El Banco de España ha publicado que en el pasado año casi 40.000 familias han sido despojadas de sus viviendas, que han pasado a manos de los bancos. No son morosos, son gente que no ha podido pagar la abusiva hipoteca o el alquiler porque han perdido el empleo. Echar de las casas a las familias, a las criaturas, a los ancianos, es un crimen social.
Aquí hemos traído alternativas y debatido iniciativas como la ILP de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que ustedes han rechazado por sistema. Las medidas que han aprobado son un estrepitoso fracaso, hasta el punto de que han sido calificadas como ‘arbitrarias’ y de ‘auténticos fiascos’ por las propias asociaciones de jueces. Incluso algún presentador de televisión llegó a decir con sorna que con uno de esos decretos el ‘portal de Belén’ se lo hubiera quedado Bankia.
Siguen enviando policías a desahuciar a la gente con la resistencia solidaria de los vecinos y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, y faltan medios para investigar la evasión a los paraísos fiscales de algunos bancos que se quedan con las viviendas.
La ley anti-desahucios andaluza abrió una puerta a la esperanza porque permitió cumplir con el derecho a la vivienda recogido en la Constitución y que su Gobierno abortó recurriendo al Constitucional, bajo el argumento de que entraña riesgo para el sistema financiero. Ese argumento resume perfectamente la sumisión de su Gobierno a la Banca y ha sido cuestionado hasta por cinco magistrados del Tribunal Constitucional.
Ustedes juraron aquí cumplir y hacer cumplir la Constitución, que en su artículo 47 dice que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho.
Retiren pues el recurso a la ley andaluza y traigan un proyecto de ley para garantizar el derecho constitucional a la vivienda, a los andaluces, y a toda la ciudadanía española. Ésta es su obligación, de lo contrario seguirán siendo responsables de todo el sufrimiento y las tragedias ocasionadas por los desahucios en España.
