Gallardón se compromete a estudiar las peticiones de indulto de seis sindicalistas
Los secretarios generales de CCOO y UGT se reunieron este lunes con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y el secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, para exponerles la preocupación de ambos sindicatos por el elevado número de procedimientos penales abiertos que están derivando en sentencias condenatorias para trabajadores y delegados sindicales
Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez entregaron un documento sobre la situación de los 81 expedientes penales abiertos contra 260 personas que, en palabras de Toxo, “constituyen un ataque desmedido al ejercicio del derecho de huelga”, manifestando asimismo su “inquietud por la acción concertada de la fiscalía en la aplicación del art. 315.3 del código penal”. “El ministro nos ha garantizado que no hay ninguna instrucción escrita ni del ministerio ni del Fiscal General del Estado en este sentido”, ha manifestado Toxo, aunque ambos secretarios coinciden en señalar la extraña coincidencia en el tiempo de usar ahora una norma que no ha sido utilizada en los años de democracia.
Toxo ha anunciado que han demandado el indulto para los tres casos de sentencia firme que hay en estos momentos y han encontrado “una actitud receptiva” del ministro a lo expuesto. “Creemos que se debe actuar con ponderación, y esa ponderación ahora está en manos del Gobierno, llevando a cabo los indultos, y trabajando para el archivo de las causas pendientes. La huelga no puede derivar hacia el código penal”, ha señalado.
Los secretarios generales de CCOO y UGT han entregado asimismo al ministro un informe sobre el tratamiento del delito de coacciones y violencia en casos de movilizaciones, expresándole que “no tiene encaje en el art. 315.3 lo de las coacciones y violencia”, y que, en consecuencia, debería reformarse el código penal. El ministro les ha asegurado que va a dar traslado de la propuesta sindical a los grupos parlamentarios para su discusión. Toxo ha finalizado afirmando que “ha sido una reunión importante y el ministro ha entendido las razones sindicales; ahora hay que ver los resultados, que espero sean positivos”.
Por su parte, Méndez ha señalado que el Ministerio de Justicia "es consciente de la trascendencia" de estos casos, y ha recordado que hay trabajadores que "están a un paso de ingresar en prisión".
Por otro lado, ha mostrado su "preocupación" por la Ley de Seguridad Ciudadana, puesto que "no se pueden recortar derechos fundamentales", y ha añadido que el ministro se ha comprometido a comentarlo con el Ministerio del Interior.
Además, el representante de UGT ha insistido en que en una huelga general prima el derecho a la huelga sobre el derecho al trabajo, al tiempo que ha recordado que estas situaciones "se han dado durante 35 años" y ha afirmado que es en los dos últimos años cuando se ha inducido un cambio de criterio por parte de la Fiscalía.
9J | Movilizaciones en todo el país
CCOO y UGT, tras el éxito de las movilizaciones en Madrid, Navarra y Galicia, llaman a la participación en las movilizaciones convocadas en todo el país para el próximo miércoles 9 de julio dentro de la campaña "No nos van a callar" que han puesto en marcha los sindicatos en respuesta a la ofensiva penal contra el derecho a huelga y la libertad sindical.
Para CCOO y UGT, se está aplicando una restricción desproporcionada del ejercicio del derecho de huelga, que durante más de treinta y cinco años se ha venido ejerciendo de manera democrática y constitucional por parte de los trabajadores de este país y que se ha caracterizado en todo momento por la ausencia de violencia. Casi 300 sindicalistas están sometidos a un proceso judicial, algunos incluso con petición de penas de 8 años de cárcel, tan solo por el hecho de ejercer el derecho constitucional de huelga.
Según denuncian los sindicatos, se ha creado una dinámica de criminalización de la acción sindical con el fin de desalentar a los trabajadores en el derecho a movilizarse y de presentar la imagen del derecho a huelga como si fuese una práctica delictiva.
Por ello, ambas organizaciones se han dirigido al Ministerio de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía con el objetivo de que se cambie el Código Penal y reponer de esta manera los derechos fundamentales que se están socavando.
