Se proclamó la Primera República por las Cortes, el once de febrero del año 1873, y duró hasta el veintinueve de diciembre del año 1874, cuando el levantamiento del general Martínez Campos provocó la restauración de la monarquía de los Borbones.
El periodo republicano estuvo marcado por tres conflictos armados simultáneos:
- La guerra en Cuba con una duración de diez años.
- La tercera guerra carlista.
- La sublevación cantonal.
- El Gobierno de Figueras
- El Gobierno de Pi y Margall
- El Proyecto de Constitución Federal
- El Gobierno de Nicolás Salmerón
- El Gobierno de Emilio Castelar
- La República unitaria
El primer intento republicano en la historia de España fue una experiencia corta, caracterizada por la inestabilidad política. Se sucedieron cuatro presidentes del Poder Ejecutivo en once meses, todos ellos del Partido Republicano Federal, hasta el golpe de Estado del general Pavía del tres de enero del año 1874.
Este golpe militar puso fin a la república federal y dio paso a la instauración de una república unitaria bajo la dictadura del general Serrano, líder del conservador Partido Constitucional. Este periodo también se vio interrumpido por el pronunciamiento del general Martínez Campos en diciembre del año 1874.
La Primera República se enmarca dentro del Sexenio Democrático, que comienza con la revolución del año 1868 que dio paso al reinado de Amadeo I de Saboya, al que siguió la Iª República, y termina con el pronunciamiento del general Martínez Campos en la ciudad de Sagunto.
La Primera República fue un ensayo, frustrado, de recomponer sobre nuevos supuestos políticos, morales y territoriales el Estado y la nación españoles surgidos de la revolución liberal en las décadas treinta y cuarenta.
El proyecto republicano expresaba las aspiraciones de unas clases populares que rechazaban de plano ese diseño social e institucional. La República significaba democracia, laicismo y descentralización, cultura cívica frente a la militar, aspiraciones sociales de las clases populares frente al dominio de las clases medias y altas.
Se confrontaron en España tres proyectos de construcción del Estado en el siglo XIX:
- El modelo liberal.
- El modelo tradicionalista o carlista.
- El modelo republicano federal.
El que se impuso en las décadas de los años 1830 y 1840, fue el liberal basado en la monarquía constitucional con voto censitario, la confesionalidad católica del Estado y un modelo centralizado de organización territorial.
Surgió el republicanismo federal hacia mediados de siglo XIX, que proponía un modelo radicalmente diferente del liberal. Frente a la monarquía constitucional censitaria, la república democrática con sufragio universal masculino como principio fundamental. Frente al Estado confesional, el Estado neutro en las relaciones con la Iglesia. Frente al Estado centralizado y unitario, el federalismo.
El republicanismo federal respondía a las aspiraciones de las clases populares y de una parte de las clases medias, por lo que no sólo era un proyecto político, sino también social en cuanto se proponía aplicar una serie de reformas que las satisficieran, que incluso podían afectar al derecho de propiedad.
Se trataba de dar voz a aquellos sectores de la sociedad española que habían quedado al margen de los procesos de construcción nacional y de articulación del Estado desarrollado bajo la hegemonía del moderantismo.
El federalismo republicano tuvo más que ver con todo el espectro de cuestiones relacionadas con la democracia y la democratización, que con asuntos técnicos de organización territorial.
La democracia consistía en extender a todos los varones mayores de edad la capacidad de decidir sobre su destino. La federación constituía un paso más en este sentido pues implicaba ampliar a todas las esferas sociales esta capacidad de decisión. No se limitaba a la elección de representantes para el gobierno nacional, sino que implicaba decidir, de una manera expedita e inmediata, sobre cuestiones provinciales y locales.
Tras décadas de dominio moderado de ayuntamientos y diputaciones, la propuesta federal significaba la recuperación del poder para llevar a cabo las reformas que se consideraban imprescindibles, la mayoría de las cuales tenía que ver con relaciones laborales, precios de productos de primera necesidad y la distribución de la tierra.
La identificación entre democracia, república y federación se oficializó con la refundación en el año 1869 del Partido Democrático, nacido en 1849, como Partido Republicano Democrático Federal.
La forma específica de construcción de la República federal no se acordó hasta la celebración de la Iª Asamblea Federal del año siguiente, tras un intenso debate. Triunfó la fórmula pactista defendida por Francisco Pi y Margall, frente a las tesis organicistas de construcción de arriba abajo propugnadas por Nicolás Salmerón y Emilio Castelar.
Se acordó en dicha Asamblea adoptar la vía legalista, frente a la vía insurreccional, que ya se había ensayado en el otoño del año 1869, tras la aprobación de la Constitución, que establecía la Monarquía como forma de gobierno.
La ruptura interna del partido entre benevolentes e intransigentes se produjo en el marco de la IIIª Asamblea federal celebrada en el año 1872. Mientras que los primeros seguían apostando por la vía legalista, los segundos defendían la vía insurreccional, aplicando la tradición del republicanismo, que la consideraba legítima, en cuanto estuvieran en peligro las libertades individuales que eran inherentes a la dignidad humana.
Un grupo de intransigentes ya habían abandonado el Casino Republicano de Madrid en junio del año 1872, presidido por Pi y Margall, al no haber apoyado su propuesta de que el partido tomara el sendero revolucionario que su origen y tradiciones le marcan.
Se producirán insurrecciones republicanas federales en el otoño de ese año, encabezadas por los intransigentes, en Andalucía, Extremadura, Cataluña, Valencia y Aragón, prefigurando la práctica política observada por los cantonales unos meses después.
Amadeo I de Saboya renunció oficialmente el día once de febrero del año 1873. El detonante final fue la crisis del gobierno radical de Manuel Ruiz Zorrilla, originada a causa del conflicto artillero iniciado con el nombramiento de capitán general a Baltasar Hidalgo de Quintana. Todo el cuerpo de artillería pidió la licencia absoluta o retiro.
El Gobierno decidió la disolución del cuerpo de artillería, obteniendo el siete de febrero 191 votos en las Cortes, los mismos que habían elegido a don Amadeo, que no usó la prerrogativa regia a favor de los artilleros y firmó el decreto de disolución del cuerpo de artillería.
Tras la dimisión del rey, el presidente Ruiz Zorrilla acudió al Congreso de Diputados para pedir a los diputados de su propio partido, con mayoría absoluta en la Cámara, que aprobaran la suspensión de las sesiones al menos veinticuatro horas, las suficientes para restablecer el orden.
Asimismo, pidió que no se tomara ninguna decisión hasta que llegara a las Cortes el escrito de renuncia a la Corona del rey Amadeo I.
Sin embargo, se aprobó la moción del republicano federal, Estanislao Figueras, para que las Cortes se declararan en sesión permanente, a pesar del intento de Ruiz Zorrilla de que los radicales no la apoyaran. Mientras tanto, el edificio del Congreso de los Diputados había sido rodeado por una multitud que exigía la proclamación de la República, aunque la milicia nacional logró disolverla.
La sesión se suspendió a las nueve de la noche y se nombró una comisión de diputados para permanecer en el hemiciclo. Sobre esa hora varios generales y políticos constitucionales estaban reunidos, convocados por el general Serrano, para decidir si daban un golpe de fuerza. La mayoría estimaron que no contaban con apoyos suficientes.
Al día siguiente, martes once de febrero, los jefes de distrito republicanos amenazaron al Congreso de los Diputados con que, si no proclamaban la República antes de las tres de la tarde, iniciarían una insurrección. Los republicanos de Barcelona enviaron un telegrama a sus diputados en Madrid en el mismo sentido
Se reanudó la sesión del Congreso de los Diputados a las tres de la tarde, rodeado por una multitud que daba gritos en favor de la República. Se cerraron las puertas y varios diputados republicanos federales se asomaron a las ventanas para pedir calma.
Dentro del Congreso los ministros demócratas encabezados por Martos, junto con los presidentes del Congreso y del Senado, decidieron que se reunieran ambas Cámaras, ante las cuales se leyó la renuncia al trono de Amadeo I.
A continuación, ante la ausencia del presidente del Gobierno Ruiz Zorrilla, el ministro Martos anunció que el Gobierno devolvía sus poderes a las Cortes, con lo que estas se convertían en Convención y asumían todos los poderes del Estado. Entonces, varios diputados republicanos y radicales presentaron una moción para que las dos cámaras, constituidas en Asamblea Nacional, aprobaran como forma de gobierno la República y eligieran un Ejecutivo responsable ante aquella.
Pi Margall intervino para decir que los republicanos federales no pedían en aquel momento la proclamación de la República Federal, diciendo “que es preciso que todos hagamos algún sacrificio de nuestras ideas”, y que la definición de la República la determinarían las futuras Cortes Constituyentes.
La proposición decía así:
“La Asamblea Nacional asume todos los Poderes y declara como forma de Gobierno de la Nación la República, dejando a las Cortes Constituyentes la organización de esta forma de Gobierno”.
Manuel Ruiz Zorrilla hasta entonces presidente del Gobierno, intervino para decir:
“Protesto y protestaré, aunque me quede solo, contra aquellos diputados que habiendo venido al Congreso como monárquicos constitucionales se creen autorizados a tomar una determinación que de la noche a la mañana pueda hacer pasar a la nación de monárquica a republicana”.
El republicano, Emilio Castelar pronunció un discurso que fue respondido con encendidos aplausos:
“Señores, con Fernando VII murió la monarquía tradicional; con la fuga de Isabel II, la monarquía parlamentaria; con la renuncia de don Amadeo de Saboya, la monarquía democrática; nadie ha acabado con ella, ha muerto por sí misma; nadie trae la República, la traen todas las circunstancias, la trae una conjuración de la sociedad, de la naturaleza y de la Historia. Señores, saludémosla como el sol que se levanta por su propia fuerza en el cielo de nuestra Patria”.
A las nueve de la noche del once de febrero de 1873, el Congreso y el Senado, constituidos en Asamblea Nacional, proclamaron la República por 258 votos contra 32.
La Asamblea Nacional reasume todos los poderes y declara la República como forma de gobierno de España, dejando a las Cortes Constituyentes la organización de esta forma de gobierno. Se elegirá por nombramiento directo de las Cortes un poder ejecutivo, que será amovible y responsable ante las mismas Cortes.
Volvieron a reunirse las Cámaras para nombrar presidente del Poder Ejecutivo al republicano federal, Estanislao Figueras, quien estaría al frente de un Gobierno pactado entre los radicales y los republicanos federales, e integrado por tres republicanos y cinco radicales.
Cristino Martos fue elegido presidente de la autoproclamada Asamblea Nacional por 222 votos, frente a los 20 que reunió, Nicolás María Rivero.
El dieciséis de febrero, el periódico republicano de Barcelona, “La Campana de Gracia”, publicó el siguiente artículo en catalán:
“¡Ya la tenemos! ¡Ya la tenemos, ciudadanos! El trono ha caído para siempre en España. Ya no habrá otro rey que el pueblo, ni más forma de gobierno que la justa, santa y noble República federal.
¡Republicanos españoles! En estos momentos solemnes de los que depende la vida de las naciones, es cuando se conocen a los hombres y es cuando se conocen a los pueblos.
Damos nuestro apoyo moral a los hombres a los que hemos dado nuestros aplausos, a quienes hemos hecho objeto de nuestro entusiasmo. ¡Pongámonos a sus órdenes, bajo la bandera de nuestros principios inmaculados e íntegros, y derribemos cuantos obstáculos se presenten, para erigir definitivamente en España el templo del derecho, de la justicia, de la moralidad y de la honra, que es el de la República democrática federal!”
Estanislao Figueras desempeñó el cargo de presidente del Poder Ejecutivo, pero no el de presidente de la República, pues nunca se llegó a aprobar la nueva Constitución republicana.
El primer Gobierno de la República tuvo que afrontar una situación económica, social y política muy difícil: un déficit presupuestario de 546 millones de pesetas, 153 millones en deudas de pago inmediato y solo 32 millones para cubrirlas.
El Cuerpo de Artillería había sido disuelto en el momento de mayor virulencia de la tercera guerra carlista y la guerra de Cuba, por lo que no había suficientes soldados, ni armamento ni dinero; una grave crisis económica, coincidente con una gran crisis mundial en el año 1783.
El problema más urgente que tuvo que atender el nuevo Gobierno fue restablecer el orden que estaba siendo alterado por los propios republicanos federales. Estos habían entendido la proclamación de la República como una nueva revolución y se habían hecho con el poder por la fuerza en muchos lugares.
La República también se identificó con la abolición de las odiadas quintas, promesa que la revolución del 68 que no había cumplido, como recordaba una copla que se cantaba en Cartagena:
Si la República viene,
No habrá quintas en España,
Por eso aquí hasta la Virgen,
Se vuelve republicana.
El Gobierno de Figueras
El encargado de la tarea de restablecer el orden era el ministro de la Gobernación, Pi y Margall, principal defensor del federalismo pactista de abajo arriba que las juntas estaban poniendo en práctica. Consiguió la disolución de las juntas y la reposición de los ayuntamientos, que habían sido suspendidos a la fuerza
Pi y Margall escribió que el lema de la República era “Orden, Libertad, Justicia”. No olvidar que la insurrección deja de ser un derecho desde el momento en que es universal el sufragio, sin condiciones la libertad y sin el límite de la Autoridad la Real Soberanía del pueblo.
Pi y Margall comenzó a nombrar gobernadores republicanos en sustitución de los monárquicos, muchos de ellos radicales, convirtiéndose esta cuestión en el principal motivo de confrontación en el seno del gobierno debido a que la influencia de los gobernadores civiles era decisiva en los resultados electorales.
Figueras firmó solemnemente el cese del servicio militar obligatorio, y creó el servicio voluntario. Cada soldado cobraría una peseta diaria y un chusco. Los integrantes de la milicia de los Voluntarios de la República recibían un sueldo de 50 pesetas al alistarse, más dos pesetas y un chusco diarios.
Solo trece días después de haberse formado, el nuevo Gobierno se encontraba bloqueado por las diferencias que existían entre los ministros radicales y los republicanos
Esta situación fue aprovechada por el líder de los radicales y presidente de la Asamblea Nacional, Cristino Martos, para intentar un golpe de Estado que desalojara del Gobierno a los republicanos federales y le permitiera formar uno exclusivo de su partido, que diera paso a una república liberal-conservadora.
Martos buscó el apoyo del general, Domingo Moriones que era el jefe del Ejército del Norte, al que se proponía nombrar capitán general de Castilla la Nueva. Moriones, en traje de campaña, ordenó a dos batallones que ocuparan el Congreso de los Diputados. En estas condiciones se produjo la elección de Martos, votado por sus compañeros de partido que ostentaban la mayoría, como nuevo presidente del Poder Ejecutivo.
Pero las maniobras de Martos no tuvieron éxito, gracias a la rápida actuación del ministro de la Gobernación, Pi y Margall, que movilizó a la guarnición de Madrid y a los Voluntarios de la República, que consiguieron contrarrestar el golpe. Pi y Margall se enfrentó a Martos y calificó de alevosa y traidora su conducta. Así se formó el segundo Gobierno de Figueras, del que salieron los ministros radicales Se acordó disolver la Asamblea Nacional, donde los radicales gozaban de mayoría absoluta.
El ocho de marzo, cuando la Asamblea Nacional iba a discutir la propuesta de suspensión de la misma, Cristino Martos intentó un nuevo golpe de fuerza con el mismo objetivo de formar un Gobierno exclusivamente radical, esta vez presidido por su compañero de partido, Nicolás Rivero, y que contaba con el apoyo del general Serrano, líder del monárquico partido constitucional.
Los diputados radicales seguidores de Rivero, y él mismo, temerosos de que la formación de un Gobierno radical provocara un levantamiento de los republicanos intransigentes, no apoyaron la iniciativa de Martos y votaron a favor de la suspensión de la Asamblea.
El nueve de marzo, al día siguiente en que en Madrid tenía lugar el intento de golpe de Estado, la Diputación de Barcelona, dominada por los republicanos federales intransigentes, volvía a intentar proclamar el Estado Catalán, como ya había hecho el doce de febrero. Solo los telegramas que les envió Pi y Margall les hizo desistir.
Los radicales intentaron un tercer golpe de Estado el veintitrés de abril. Esta vez contaban con el apoyo de militares conservadores, como el general Pavía, capitán general de Madrid, el almirante Topete o, el general Serrano y con civiles del partido constitucional, encabezados por Sagasta que querían evitar la proclamación de la República Federal.
Una vez más, la actuación decidida del ministro de la Gobernación, Pi y Margall, que conocía los planes de los golpistas, desbarató la intentona:
- Primero, sustituyó al general Pavía al frente de la Capitanía General de Madrid por el general Hidalgo.
- Ordenó a la guardia civil y a la milicia de los voluntarios de la República que atacaran la plaza de toros, donde habían concentrado a los voluntarios de la libertad, que depusieron las armas después de unos pocos disparos.
- Entonces, grupos federales armados rodearon el Palacio del Congreso, donde estaba reunida la Comisión Permanente que tenía previsto destituir al Gobierno y reunir a la Asamblea Nacional para que nombrara presidente del Poder Ejecutivo al general Serrano.
La mayoría de los implicados en el golpe frustrado se fueron del país, algunos de ellos disfrazados para no ser reconocidos, como el general Serrano o Cristino Martos. Al día siguiente, un decreto del Poder Ejecutivo, firmado por Pi y Margall, disolvió la Comisión Permanente.
No hubo lucha electoral en las elecciones, pues optaron por no presentar candidatos, además de radicales y constitucionales, los carlistas, que estaban alzados en armas, y los alfonsinos, que no reconocían a la República.
La aplastante mayoría de que gozaban los republicanos federales en las Cortes Constituyentes era, sin embargo engañosa, porque en realidad sus diputados estaban divididos en tres o cuatro grupos.
Se abrió la primera sesión de las Cortes Constituyentes, el uno de junio del año 1873, bajo la presidencia del veterano republicano, José María Orense, comenzó la presentación de propuestas. El siete de junio se debatió la primera de ellas, suscrita por siete diputados, que decía:
“Artículo único. La forma de gobierno de la Nación española es la República democrática federal”.
El ocho de junio se aprobó la propuesta con el voto favorable de 218 diputados y solamente 2 en contra, proclamándose ese día la República Federal. Así narraba, Pérez Galdós el clima parlamentario de la República:
“Las sesiones de las Constituyentes me atraían, y las más de las tardes las pasaba en la tribuna de la prensa, entretenido con el espectáculo de indescriptible confusión que daban los padres de la Patria. El individualismo sin freno, el flujo y reflujo de opiniones, desde las más sesudas a las más extravagantes, y la funesta espontaneidad de tantos oradores, enloquecían al espectador e imposibilitaban las funciones históricas. Días y noches transcurrieron sin que las Cortes dilucidaran en qué forma se había de nombrar Ministerio: si los ministros debían ser elegidos separadamente por el voto de cada diputado, o si era más conveniente autorizar a Figueras o a Pi para presentar la lista del nuevo Gobierno. Acordados y desechados fueron todos los sistemas. Era un juego pueril, que causaría risa si no nos moviese a grandísima pena”.
Presidiendo un Consejo de Ministros, harto de debates estériles, el presidente Figueras llegó gritar en catalán: “Señores, ya no aguanto más. Voy a serles franco: ¡estoy hasta los cojones de todos nosotros!”.
Se reúnen las Cortes Constituyentes, Estanislao Figueras devolvió sus poderes a la Cámara y propuso que se nombrara nuevo presidente del Poder Ejecutivo a su ministro de Gobernación, Francisco Pi y Margall; pero los intransigentes se opusieron y lograron que Pi desistiera de su intento de formar gobierno.
Figueras tuvo conocimiento de que el general intransigente, Juan Contreras preparaba un golpe de Estado para iniciar la República federal desde abajo al margen del Gobierno y de las Cortes, lo que le hizo temer por su vida, sobre todo después de que Pi y Margall no se mostrara muy dispuesto a entrar en su Gobierno.
El diez de junio, Figueras, que sufría una fuerte depresión por la muerte de su mujer, huyó a Francia. Se fue a dar un paseo y, sin decir una palabra a nadie, tomó el primer tren que salió de Madrid; no se bajó hasta llegar a París. Figueras no se marchó por una depresión sino porque se sintió abandonado por todos.
El intento de golpe de Estado se produjo al día siguiente cuando una masa de republicanos federales instigados por los intransigentes rodeó el edificio del Congreso de los Diputados en Madrid, mientras el general Contreras, al mando de la milicia de los Voluntarios de la República, tomaba el Ministerio de la Guerra.
Los moderados Castelar y Salmerón propusieron que Pi y Margall ocupara la presidencia vacante del Poder Ejecutivo, pues era el dirigente con más prestigio dentro del partido republicano. Finalmente, los intransigentes aceptaron la propuesta, aunque bajo la condición de que fueran las Cortes las que eligieran a los miembros del Gobierno que iba a presidir Pi y Margall.
El once de junio Pi y Margall fue elegido por las Cortes presidente del Poder Ejecutivo de la República, asumiendo al mismo tiempo el ministerio de la Gobernación.
El Gobierno de Pi y Margall
El programa de gobierno que presentó Pi y Margall ante las Cortes, con el lema “Orden y Reformas”, intentaba conciliar a todas los grupos republicanas federales de las Cortes. Se basaba en la necesidad de acabar con la guerra carlista, la separación Iglesia-Estado, el fin de la esclavitud y las reformas en favor de las mujeres y los niños trabajadores.
Las Cortes aprobaron el veinticuatro de julio de 1873 una ley que regulaba el trabajo de los talleres y la instrucción en las escuelas de los niños obreros de ambos sexos. El veinte de agosto se dictan reglas “para redimir rentas y pensiones conocidas con los nombres de foros, subforos y otros de igual naturaleza”.
Se constituía en las Cortes la Comisión que debía elaborar el proyecto de Constitución federal el veinte de junio y el gobierno anuncia la convocatoria de elecciones municipales que se celebrarían entre el doce y el quince de julio, lo que provocó el rechazo de los intransigentes.
El gobierno pronto se mostró inoperante tanto en la elaboración del proyecto de Constitución como en la promulgación de las reformas sociales a causa de la heterogeneidad de su composición y su dependencia de la derecha, o de la labor de bloqueo que realizaban los ministros intransigentes.
Para solucionar ese problema se presentó en las Cortes una proposición encabezada por Emilio Castelar para que se concediera al presidente del Poder Ejecutivo la facultad de nombrar y destituir libremente a sus ministros. Su aprobación le permitiría a Pi sustituir a los ministros intransigentes por otros del sector moderado, naciendo así un Gobierno de coalición entre los centristas y los moderados de Castelar y Salmerón.
La respuesta de los intransigentes fue reclamar que las Cortes, mientras se redactaba y aprobaba la nueva Constitución Republicana federal, se constituyeran en Convención, de la que emanaría una Junta de Salud Pública que detentaría el poder ejecutivo.
La propuesta fue rechazada por la mayoría de diputados que apoyaba al Gobierno y, a continuación, el veintisiete de junio, los intransigentes presentaron un voto de censura contra el Gobierno, que incluía la paradójica petición de que su presidente Pi y Margall se pasara a sus filas. La crisis se resolvió al día siguiente, como temían los intransigentes, con un giro a la derecha.
El treinta de junio, Pi y Margall pidió a las Cortes facultades extraordinarias para acabar con la guerra carlista, aunque limitadas al País vasco-navarro y a Cataluña. Los intransigentes se opusieron radicalmente a la propuesta porque la entendían como la imposición de la «tiranía» y la pérdida de la democracia.
Aprobada la propuesta por las Cortes, el Gobierno publicó un manifiesto en el que, después de justificar los poderes extraordinarios que había recibido, anunció la llamada al Ejército de las quintas y de la reserva, pues “la patria exige el sacrificio de todos sus hijos, y no será liberal ni español, el que no lo haga en la medida de sus fuerzas”.
La respuesta de los intransigentes a la asunción de poderes excepcionales por parte del Gobierno de Pi y Margall y al bando del gobernador civil de Madrid que limitaba las garantías de los derechos individuales fue abandonar las Cortes el uno de julio.
Tras el abandono de las Cortes por los intransigentes, el Comité de Salud Pública, hizo un llamamiento a la inmediata y directa formación de cantones. Se publica un manifiesto que decía: “si la República realista se amotinase contra este Comité, este Comité se amotinaría contra aquella República amotinada, porque hemos resuelto amotinarnos contra el amotinador”. Inmediatamente varios diputados y agentes intransigentes partieron de Madrid para alentar la sublevación en diferentes provincias.
Pi y Margall condenó la vía insurreccional que propugnaban los intransigentes para poner en práctica el federalismo pactista de abajo arriba, que él mismo había defendido, porque estaba pensada para una ocupación del poder «por medio de una revolución a mano armada» no para una “República que ha venido por el acuerdo de una Asamblea, de una manera legal y pacífica”.
El gobierno de Pi y Margall hacía ya frente a la guerra de Cuba y la tercera guerra carlista pero a esto tuvo que enfrentarse a la llamada revolución del petróleo que se había iniciado en Alcoy el siete de julio con una huelga en la industria papelera.
A raíz de los acontecimientos de Alcoy y, sobre todo, de Cartagena, el centro-derecha de Salmerón y sobre todo la derecha de Castelar iniciaron una campaña de acoso y derribo al gobierno de Pi y Margall alertando sobre la amenaza socialista.
Pi y Margall, apoyado por la mayoría de sus ministros se negó a aplicar las medidas de excapción, que incluían la suspensión de las sesiones de las Cortes, porque confiaba en que la rápida aprobación de la Constitución federal y la vía del diálogo harían entrar en razón a los sublevados.
Pi y Margall no dudó en reprimir a los sublevados como lo prueba el telegrama que envió como ministro de la Gobernación a todos los gobernadores civiles el trece de julio, tres la proclamación en Cartagena del Cantón Murciano el día anterior.
La política de Pi y Margall de combinar la persuasión y la represión para acabar con la rebelión cantonal se aprecia también en las instrucciones que dio al general republicano Ripoll en su cometido de acabar con la rebelión cantonal en Andalucía al frente de un ejército de operaciones con base en Córdoba y le decía:
“Confío tanto en la prudencia de Vd. como en su temple de alma. No entre en Andalucía en son de guerra. Haga Vd. comprender a los pueblos que no se forma un ejército sino para garantizar el derecho de todos los ciudadanos y hacer respetar los acuerdos de la Asamblea. Tranquilice Vd. a los tímidos, modere a los impacientes; manifiésteles que con sus eternas conspiraciones y frecuentes desórdenes están matando a la República. Mantenga siempre alta su autoridad. Apele, ante todo, a la persuasión y al consejo. Cuando no basten no vacile en caer con energía sobre los rebeldes. La Asamblea es hoy el poder soberano”.
Pi y Margall pidió a las Cortes el quince de julio, que se discutiera y aprobara rápidamente la nueva Constitución para así frenar la extensión de la rebelión cantonal. El diecisiete de julio, se dio lectura al Proyecto de Constitución Federal de la República Española que había redactado en un día por Emilio Castelar.
Pi y Margall intentó formar uno nuevo que agrupara a todos los sectores de la Cámara, incluido el formado por diputados intransigentes no implicados en la insurrección de Cartagena y que habían vuelto a la Cámara rompiendo el retraimiento, para lo que pidió el voto de confianza, pero el resultado le fue adverso al obtener el apoyo de solo 93 diputados, frente a los 119 que obtuvo Nicolás Salmerón.
Lo que había sucedido era que como la política de Pi y Margall de persuasión y represión no había conseguido detener la rebelión de Cartagena, el sector moderado había votado a favor de Nicolás Salmerón.
Al día siguiente, Pi y Margall dimitió, tras 37 días de mandato. En su despedida Pi Margall afirmó que su política había sido objeto no ya de censuras, sino de ultrajes y calumnias.
Pi y Margall explicó a la Cámara por qué en aquellos momentos había defendido la construcción federal de arriba a abajo, y no de abajo a arriba como siempre lo había hecho, y por lo que algunos le habían acusado de haber sido el promotor ideológico de la rebelión cantonal:
“Desde los bancos de la oposición había yo tenido el valor, estando en armas mis correligionarios, de declarar que la insurrección dejaba de ser un derecho y pasaba a ser un crimen desde el instante en que el libre pensamiento podía realizarse por medio del sufragio universal; desde el banco ministerial había sostenido que la insurrección no sólo era un crimen, sino el más grande de los crímenes bajo el régimen de la libertad, porque los demás afectan sólo intereses privados, y el de rebelión afecta a los altos intereses de la sociedad y de la patria.
Han atribuido algunos estas acusaciones al hecho de haber predicado que la República federal debe venir de abajo arriba y no de arriba abajo. Es cierto: yo había defendido esa doctrina, y la había sostenido y la había acariciado; pero teniendo en cuenta la unidad de la Patria, y deseando que no se la quebrantara ni por un solo momento, hablaba siempre de la necesidad de un poder central para que mientras se constituyeran en estados las provincias. Abandoné después esa teoría. ¿Por qué? Porque yo no soy árbitro de la marcha de los acontecimientos, porque yo sostenía esta teoría en el concepto de que mi partido viniese a ocupar el poder por medio de una revolución a mano armada. Habría sido entonces natural que la revolución se hiciese de abajo arriba; pero la República ha venido por el acuerdo de una Asamblea, de una manera legal y pacífica. Fui yo el primero que al redactar la proposición por la cual se proclamaba la República como forma de gobierno, acepté que unas Cortes Constituyentes viniesen a definir y a organizar la República”.
El Proyecto de Constitución Federal
En el programa de gobierno que presentó Pi y Margall a las Cortes se señaló como una de sus prioridades la rápida aprobación de la Constitución de la República, por lo que inmediatamente se eligió una comisión de veinticinco miembros encargada de redactar el proyecto.
El moderado Emilio Castelar escribió en veinticuatro horas el que sería asumido por el conjunto de la comisión y presentado a las Cortes para su debate. El proyecto no satisfizo ni a los radicales, ni a los constitucionales ni tampoco a los republicanos federales intransigentes, que acabarían presentado otro proyecto constitucional.
El Proyecto redactado por Emilio Castelar reflejó su concepción de la República como la forma de gobierno más adecuada para que entraran en ella todas las opciones liberales. Según su parecer, no se podía conciliar la democracia con la monarquía, como lo había demostrado la experiencia de Amadeo I de Saboya.
Para que la República fuera aceptable para las clases conservadoras y medias, era necesario acabar con lo que Castelar llamaba demagogia roja, que confundía la república con el socialismo. El proyecto de Constitución federal presentado ante las Cortes fuera una continuación de los principios establecidos en la Constitución del año 1869.
Su proyecto se basaba en una rígida separación de poderes, todos electivos.
- El presidente de la República no era elegido por las Cortes, sino mediante unas juntas electorales votadas en cada estado regional. Estas emitirían su voto, y el candidato que obtuviera la mayoría absoluta sería proclamado por las Cortes. Su función fue la de ejercer el llamado poder de relación entre las diferentes instituciones.
- Los diputados y senadores no podían formar parte del Gobierno, ni este asistir a las reuniones de las Cámaras.
- El poder judicial se basaba en el jurado para todo tipo de delitos.
- En cuanto a la estructura federal, cada Estado gozaría de toda la autonomía política compatible con la existencia de la nación. Podría dotarse de una Constitución propia siempre que no fuera contraria a la federal y tener su propia Asamblea Legislativa.
- Los municipios elegirían a sus concejales, alcalde y jueces por sufragio universal.
El proyecto de Constitución constaba de un preámbulo, 117 artículos que estaban organizados en 17 títulos.
Su artículo más discutido, fue el primero, donde se establecía la división territorial de la República, y en la que se incluyó a Cuba y a Puerto Rico como forma de resolver el problema colonial, añadiéndose más adelante que leyes especiales regularían la situación de las otras provincias ultramarinas.
Componen la Nación Española los Estados de Andalucía Alta, Andalucía Baja, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Cuba, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Puerto Rico, Valencia, Regiones Vascongadas. Los Estados podrán conservar las actuales provincias o modificarlas, según sus necesidades territoriales.
El Gobierno de Nicolás Salmerón
Nicolás Salmerón fue el tercer presidente del Poder Ejecutivo de la República. Era un moderado que defendía la transición gradual hacia la república federal. El lema de su gobierno fue “imponer a todos el imperio de la ley” y situó como prioridad acabar con la rebelión cantonal, para después ocuparse de los carlistas.
A partir del diecinueve de julio la rebelión cantonal se extendió fuera de Cartagena porque muchos republicanos federales, no sólo los intransigentes, pensaron que con Nicolás Salmerón al frente del gobierno sería imposible.
Entre el diecinueve y el veinticuatro de julio el movimiento cantonal se generalizó por las regiones de Andalucía, de Murcia y de Valencia, e incluso por las provincias de Salamanca y Ávila. La historia del cantonalismo la hemos visto en otro artículo.
La mayoría que apoyaba al gobierno de Nicolás Salmerón empezó resquebrajarse cuando la derecha republicana, encabezada por Emilio Castelar, exigió que se suspendiesen temporalmente las sesiones de las Cortes, se gobernase por decreto y que se restableciesen las Ordenanzas militares, incluida la pena de muerte, con el fin de asegurar que los oficiales fueran obedecidos por la tropa.
Una reivindicación de los mandos militares ya que había habido algún asesinato del oficial al mando. Este problema se puso en evidencia el uno de septiembre cuando casi un centenar de jefes y oficiales se negaron a ir a Cataluña, con la misión de restaurar la disciplina de varios batallones, si no se restablecían las ordenanzas, alegando que sin ellas carecían de autoridad.
Entonces Emilio Castelar presentó una propuesta a favor de una política más enérgica para acabar con la insurrección que consiguió el apoyo de unos 130 diputados, mientras que el grupo reformista que apoyaba a Salmerón se mostró dividido sobre la suspensión temporal de las sesiones de la Asamblea, pero rechazó, Salmerón incluido, el restablecimiento de las ordenanzas militares que incluía la pena de muerte.
El centro-izquierda también se opuso a la suspensión de las sesiones de la Asamblea y al restablecimiento de la pena de muerte y acusó a la nueva mayoría que se estaba formando en torno a Castelar de falta de federalismo.
El seis de septiembre, Nicolás Salmerón dimitía de la presidencia del Poder Ejecutivo, a pesar de que Emilio Castelar intentó convencerle para que no lo hiciera. El motivo inmediato de la dimisión fue no tener que firmar las sentencias de muerte de ocho soldados que en Barcelona se habían pasado a los carlistas. Salmerón era contrario a la pena de muerte.
A esto hay que añadirle otras causas como la conducta del general Pavía de continuo desafío a su autoridad. Román Miguel González añade un tercer motivo que considera el fundamental: “Era claro que su gobierno estaba cada vez más mediatizado por el apoyo de una mayoría hegemonizada por la derecha y con la que se mostraban crecientemente disconformes destacados miembros de su grupo de centro-derecha”.
En la sesión de las Cortes del seis de septiembre, en que se discutió la dimisión de Nicolás Salmerón y el nombramiento de Emilio Castelar para sustituirle, Pi y Margall, que estaba recuperando apoyos a su programa centrista de “Orden y Reformas”, realizó una dura crítica sobre la forma como se había reprimido la rebelión cantonal:
“El Gobierno ha vencido a los insurrectos, pero ha sucedido lo que yo temía: han sido vencidos los republicanos. ¿Lo han sido los carlistas? No. Ínterin ganabais vitalidad en el mediodía, los carlistas la ganaban en el norte. [...] Yo no hubiese apelado a vuestros medios, declarando piratas a los buques de que se apoderaron los federales; yo no hubiese permitido el que naciones extranjeras, que ni siquiera nos han reconocido, viniesen a intervenir en nuestras tristísimas discordias. Yo no hubiese bombardeado Valencia. Yo os digo que, por el camino que seguís es imposible salvar la República, porque vosotros desconfiáis de las masas populares y sin tener confianza en ellas, es imposible que podáis hacer frente a los carlistas”.
El Gobierno de Emilio Castelar
El 7 de septiembre de 1873, Emilio Castelar fue investido por las Cortes para ocupar la Presidencia del gobierno. Recibió el apoyo no sólo de los diputados de la derecha sino también del centro-derecha de Salmerón, consiguió 133 votos y Pi y Margall 67.
Durante un acalorado debate que había tenido lugar en las Cortes el 30 de julio Castelar había dicho lo siguiente:
“Yo amo con exaltación a mi patria, y antes que a la libertad, antes que a la República, antes que a la federación, antes que a la democracia, pertenezco a mi idolatrada España y me opondré siempre, con todas mis fuerzas, a las más pequeña, a la más mínima desmembración de este suelo que íntegro recibimos de las generaciones pasadas y que íntegro debemos delegar a las generaciones venideras”.
Solo dos días después de haber sido investido presidente del Poder Ejecutivo, Castelar consiguió de las Cortes la concesión de facultades extraordinarias, iguales a las pedidas por Pi y Margall para el País Vasco y Navarra y para Cataluña para combatir a los carlistas, pero ahora extendidas a toda España para acabar tanto con la guerra carlista como con la rebelión cantonal.
El siguiente paso fue proponer la suspensión de las sesiones de las Cortes, lo que supondría paralizar la discusión y la aprobación del proyecto de Constitución federal, para lo que Castelar tuvo que emplearse a fondo y poner en juego todo su prestigio personal.
El dieciocho de septiembre la propuesta fue aprobada con los votos de los republicanos federales moderados y la oposición de los centristas de Pi y Margall y de los intransigentes que habían vuelto a la Cámara, fueron 124 votos a favor y 68 en contra. Así, las Cortes quedaron suspendidas desde el veinte de septiembre del año 1873 hasta el dos de enero de 1874.
La intervención de Pi y Margall en el debate del dieciocho de septiembre se había centrado en exigir que las sesiones continuaran hasta que se aprobara la Constitución, alegando que los períodos de interinidad son peligrosos y ocasionados a turbulencias y desórdenes.
Pi y Margall afirmó que la pretensión de incorporar a la República a los constitucionales y a los radicales era una ilusión “porque los partidos en España serán siempre partidos, y tenderán siempre a alcanzar el poder por los medios que puedan”.
El problema político está en demostrar que con la República hay orden, hay autoridad, hay respeto a la ley, hay castigo para el criminal, hay guerra para los pronunciamientos, hay horror a la anarquía. La República puede crear una sociedad fuerte, un Estado respetado dentro de la federación, dentro de la libertad y dentro de los intereses de la integridad, unidad y prosperidad de la Patria.
Los poderes extraordinarios que obtuvo Castelar y la suspensión de las sesiones de las Cortes le permitieron gobernar por decreto, facultad que utilizó inmediatamente para reorganizar el cuerpo de artillería disuelto hacía unos meses, llamar a los reservistas y convocar una nueva leva con lo que consiguió un ejército de 200. 000 hombres, y el lanzamiento de un empréstito de cien millones de pesetas para hacer frente a los gastos de guerra. También incorporó 35. 000 nuevos guardias civiles y reorganizó y militarizó la milicia ciudadana y la purgó de federalistas.
Además Castelar recuperó las ordenanzas militares que se aplicarían con todo rigor, incluida la pena de muerte «establecida en todos los códigos militares en todos los códigos militares del mundo sin excepción», argumentó Castelar, y estableció la imposición de multas de 5.000 pesetas a las familias cuyos hijos desertaran.
También promulgó varios decretos que limitaban los derechos y las libertades ciudadanas, como la prohibición de ausentarse de una localidad sin la preceptiva cédula oficial de identificación o la prohibición a los periódicos de publicar noticias sobre la rebelión que no fueran las notas oficiales.
Tras la suspensión de las Cortes, Castelar inició su proyecto de acercamiento a las clases conservadoras, sin cuyo apoyo, según él, la República no podría perdurar, ni siquiera alcanzar la estabilidad política para poder hacer frente a las tres guerras civiles en que estaba envuelta.
En uno de sus discursos ante la Cámara Castelar había dicho: “Quiero probar que la autoridad es compatible con la República, y el orden con la libertad, única política posible porque la Europa entera nos mira con desconfianza”.
El acercamiento a los constitucionalistas y a los radicales por parte Castelar encontró la oposición de los centristas de Pi y Margall y del «moderado Nicolás Salmerón y de sus seguidores, que hasta entonces habían apoyado al gobierno, porque creían que la República debía ser construida por los republicanos auténticos, no por los recién llegados.
Se había producido un acercamiento entre Salmerón y Pi y Margall, a pesar de las graves discrepancias que habían mantenido en los meses anteriores, y querían formar un gran Centro que agrupase al centro-derecha y al centro-izquierda, lo que fue interpretado por los seguidores de Castelar y por la extrema derecha monárquica y republicana unitaria como la vuelta de la amenaza socialista y de la disolución de la Patria.
Un nuevo motivo de distanciamiento entre Salmerón y Castelar fue el acuerdo al que había llegado este último con el Vaticano para cubrir veinte diócesis que estaban vacantes, entre ellas sedes tan importantes como las de Toledo, Tarragona o Santiago de Compostela.
Hay rumores cada vez más insistentes de que se estaba preparando un golpe de Estado. Emilio Castelar llamó a su despacho el veinticuatro de diciembre al general Pavía que era Capitán General de Castilla la Nueva nombrado por él mismo tras su exitosa campaña militar que puso fin al cantonalismo andaluz, para intentar convencerle de que se atuviera a la legalidad y no participara en la intentona.
Pavía le expreso su preocupación por la posibilidad de que su gobierno cayera y le pidió que prolongara la suspensión de las Cortes. Castelar le dijo que no se separaría un ápice de la legalidad y el general Pavía le respondió: “Yo lo seguiré a usted a todas partes”.
El treinta de diciembre, se reunían Salmerón y Pi y Margall, con Figueras como testigo. Salmerón habló de la necesidad de poner fin al gobierno de Castelar porque estaba perdiendo la República con sus exageraciones autoritarias. Pi y Margall coincidió con él y abogó por la inmediata organización federal del país como único medio de salvar la República, por lo que la tarea prioritaria de las Cortes sería reanudar el debate sobre la Constitución Republicana.
Acordaron plantear un voto de censura contra el gobierno de Castelar cuando se reabrieran las Cortes el dos de enero y constituir uno alternativo de transición en el que no estaría presente ninguno de los dos, aunque no se habló de quién iba a presidirlo.
Cuando se reabrieron las Cortes el dos de enero del año 1874, el Capitán General de Madrid, el general Pavía tenía preparadas sus tropas para el caso de que Castelar perdiera la votación parlamentaria. En el lado contrario, batallones de Voluntarios de la República estaban preparados para actuar si vencía Castelar.
En la sesión de las Cortes, Nicolás Salmerón anunció que retiraba su apoyo a Castelar. En su discurso acusó a Castelar “de haber abandonado la política republicana: se ha roto la órbita trazada por los principios del partido republicano de tal manera, que ya en la situación no sólo predominan, sino que lo son todo las fuerzas conservadoras”.
Le respondió Emilio Castelar haciendo un llamamiento al establecimiento de la “República posible» con todos los liberales, incluidos los conservadores, y abandonando la demagogia, el gran enemigo de la República, cuya culpa recaía en esos que, hablando de una utopía socialista que prometían edenes que no han podido traer a la Tierra a pesar de haber estado en el Gobierno”.
El tres de enero se votó la moción de confianza al gobierno presentada por varios diputados de la derecha en la que Castelar salió derrotado por 100 votos a favor y 120 en contra, lo que obligó a este a presentar la dimisión. Se hizo un receso durante el cual Pi y Margall, Salmerón y Figueras, junto con otros dos diputados, se reunieron para acordar quién iba a presidir el gobierno.
A las siete menos cinco de la mañana se reanudó la sesión y cuando se estaba iniciando la votación de investidura del nuevo gobierno se supo que las tropas Pavía habían rodeado el edificio del Congreso y el propio general se encontraba en la plaza.
Dos ayudantes suyos le entregaron una nota a Salmerón, presidente de las Cortes, para que desalojara. Le dieron cinco minutos de plazo para cumplirla. Salmerón les dijo que le comunicaran a Pavía que estaba atentando contra la soberanía nacional y contra la República y “que el tribunal del pueblo será inexorable contra el autor de semejante crimen”. Salmerón informó a los diputados lo que estaba sucediendo a lo que estos respondieron con vivas a la soberanía nacional y mueras a los traidores y a Pavía.
A continuación penetraron en el edificio los soldados del regimiento de Mérida, seguidos por los guardias civiles encargados de la custodia del edificio al mando de coronel Iglesias, que se había pasado al lado de los golpistas.
Nada más desalojar el Congreso, Pavía envió un telegrama a los jefes militares de toda España en el que les pedía su apoyo al golpe, que el general llamaba “mi patriótica misión, conservando el orden a todo trance”.
Como Castelar había rehusado el ofrecimiento del general Pavía para que presidiera el gobierno nacional que él proponía porque no estaba dispuesto a mantenerse en el poder por medios antidemocráticos.
La presidencia del gobierno la asumió el general Serrano, quien se fijó como objetivo prioritario acabar con la rebelión cantonal y con la tercera guerra carlista. Su gobierno estuvo integrado por constitucionalistas, radicales y un republicano unitario.
Estos hechos supusieron el final de la Primera República, aunque oficialmente continuaría casi otro año más, con el general Serrano al frente.
La República unitaria
El general Francisco Serrano fu un antiguo colaborador de Isabel II, ya había desempeñado por dos veces la jefatura del Estado durante el Sexenio Democrático. Al asumir la presidencia del Poder Ejecutivo de la República y la presidencia del Gobierno, se fijó como objetivo acabar con la rebelión cantonal y la tercera guerra carlista, para luego convocar unas Cortes que decidieran la forma de gobierno.
El general Serrano En el manifiesto que hizo público el ocho de enero un manifiesto, justificó el golpe de Pavía afirmando que el Gobierno que iba a sustituir al de Castelar hubiera supuesto la desmembración de España o el triunfo del absolutismo carlista.
Quedó así establecida la dictadura de Serrano, pues no existía Parlamento que controlara la acción del Gobierno, al haber quedado disueltas las Cortes republicanas, ni ley suprema que delimitara las funciones del poder Ejecutivo, porque se restableció la Constitución del año 1869, pero a continuación se la dejó en suspenso hasta que se asegurase la normalidad de la vida política.
La instauración de la dictadura no encontró resistencia popular, excepto en Barcelona, donde los días siete y ocho se levantaron barricadas y se declaró la huelga general. En los enfrentamientos con el ejército hubo una docena de víctimas, y los sucesos más graves se produjeron en Sarriá, a causa de un levantamiento encabezado por el Xich de les Barraquetes, al mando de unos ochocientos hombres.
Las primeras medidas que tomó el Gobierno de Serrano pusieron de manifiesto su carácter conservador. Gracias a que la Constitución de 1869 estaba suspendida, ordenó la inmediata disolución de la sección española de Asociación Internacional de Trabajadores, por atentar contra la propiedad, contra la familia y demás bases sociales.
El siete de enero promulgó un decreto de movilización, confirmado por el llamamiento extraordinario del dieciocho de julio, en el que se volvió al viejo sistema de las quintas, con el sorteo y la redención en metálico.
de la I República española
La supresión de los consumos tampoco fue respetada por la dictadura de Serrano, que el veintiséis de junio, restablecía este impuesto sobre los artículos de beber, comer y arder, además de otro sobre la sal y uno extraordinario sobre los cereales.
Acabada la rebelión cantonal, Serrano marchó al norte el veintiséis de febrero para encargarse personalmente de las operaciones contra los carlistas. En Madrid dejó al general, Juan de Zavala al frente del Gobierno, y quedó él como presidente del Poder Ejecutivo de la República.
En septiembre, Sagasta sustituyó al general Zavala al frente del Gobierno, la República consiguió el ansiado reconocimiento internacional y, uno tras otro, los distintos Estados fueron restableciendo las relaciones diplomáticas con España.
El uno de diciembre, Cánovas del Castillo tomó la iniciativa con la publicación del Manifiesto de Sandhurst, escrito por él y firmado por el príncipe Alfonso, en el que este se definía como hombre del siglo, verdaderamente liberal, afirmación con la que buscaba la reconciliación de los liberales en torno a su monarquía y en el que unía los derechos históricos de la dinastía legítima con el gobierno representativo y los derechos y libertades que le acompañan.
Era la culminación de la estrategia que había diseñado Cánovas desde que había asumido la jefatura de la causa Alfonsina, el veintidós de agosto del año 1873. Su finalidad consistía en crear mucha opinión en favor de Alfonso con «calma, serenidad, paciencia, tanto como perseverancia y energía.
El veintinueve de diciembre del año 1874, el general, Martínez Campos se levantó en Sagunto a favor de la restauración en el trono de la monarquía borbónica, en la persona de don Alfonso de Borbón.
El único que tomó alguna iniciativa para oponerse al golpe fue el almirante Topete quien convenció a otros revolucionarios del año 1868 como Manuel Ruiz Zorrilla para que formaran una comisión que se entrevistara con el presidente Sagasta. Los acuerdos adoptados en dicha reunión no fueron llevados a cabo por Sagasta.
El treinta y uno de diciembre del año 1874, se formó el llamado Ministerio-Regencia, presidido por Cánovas del Castillo, a la espera de que el príncipe Alfonso regresara a España desde Inglaterra.
Me gusta siempre conocer la visión que da Benito Pérez Galdós de este periodo histórico, pues fue un republicano convencido. Dedico sus dos últimos Episodios Nacionales a la Primera República.
Se centró en los políticos del año 1873, diciendo: “que no estuvieron a la altura de su misión. Carecieron de energía y realismo, de conciencia de su más imperiosa obligación ciudadana; anduvieron sobrados de ingenuidad e idealismo para defender y consolidar el nuevo régimen”.
Esta percepción era compartida por la mayoría de los republicanos, aunque “con ello, contribuyeron, sin buscarlo, a los discursos que deslegitimaban la república per se, no solo la del 73”.
Los sectores conservadores y reaccionarios mantuvieron unas visiones bastante constantes más o menos tremendistas acerca de aquella forma de gobierno marcada por la anarquía, el caos y el desmembramiento de la nación.
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