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15 de enero de 2010, 20:25
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 15.1.2010
La ley establece que las cadenas privadas en abierto deberán aportar el 3% de su facturación bruta, las de pago (actuales y futuras, como la TDT de pago) un 1,5% y las operadoras de telecomunicaciones un 0,9% para sufragar más de 500 millones de euros que se suman a otros tantos de subvención pública, hasta completar el coste de la radiotelevisión estatal. Si se suprimen estos ingresos, además de los procedentes de la publicidad que el 1 de enero de 2010 quedó eliminada de la televisión estatal, la financiación de RTVE queda en una situación bastante comprometida.
En el Diario Oficial de la Unión Europea publicado el jueves, Bruselas manifiesta que "tiene dudas sobre si los nuevos impuestos forman parte integrante de la medida de ayuda y, en caso afirmativo, si estos impuestos son compatibles con el Tratado". En este sentido, insta a España a que presente sus comentarios y facilite toda la información pertinente para la evaluación de la ayuda en un plazo de un mes. Concretamente, Bruselas pide a España que "especifique, en particular, qué ingresos espera que se generen mediante los impuestos introducidos o modificados por la Ley 8/2009 (Ley de Financiación de RTVE) y si existen otros fines para los que pueda utilizarse dichos ingresos".
Además, la Comisión recuerda al Gobierno que, en caso de que decida recaudar los nuevos impuestos que gravan a las cadenas y las empresas de telecomunicaciones, según el artículo 14 del reglamento de la Comisión Europea 659/1999 del Consejo "toda ayuda ilegal puede recuperarse del beneficiario", por lo que si finalmente Bruselas fallara en contra de la Ley de Financiación, RTVE tendría que devolver lo ingresado en concepto de esos impuestos.
En el documento publicado ayer, la Comisión Europea distingue entre las ayudas para sufragar las pérdidas de RTVE por la supresión gradual de la publicidad a finales de 2009 y la financiación de la corporación "de 2010 en adelante", que implica nuevos impuestos a cadenas y empresas de telecomunicaciones. Considera que en el primer caso "es una ayuda existente compatible con el Tratado de la Comisión Europea", pero, en el segundo caso, "tiene dudas" sobre si "los nuevos impuestos forman parte integrante de la medida de ayuda y, en caso afirmativo, si estos impuestos son compatibles con el Tratado".
La Comisión "lamenta" que España no notificara la Ley de Financiación de RTVE a Europa antes de su entrada en vigor, ya que, a su juicio, "constituye una ayuda que debe notificarse" tal y como establece el artículo 108, apartado 3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
La investigación de Bruselas arrancó en diciembre de 2009, cuando afirmó que no se oponía a "la modificación del sistema de financiación como tal", pero puso en duda que "los nuevos gravámenes se atengan a las normas de la UE sobre redes y servicios de comunicaciones electrónicas". La comisaria de Competencia, Neelie Kroes, insistió entonces en que el Ejecutivo comunitario "no pone ninguna objeción a la supresión de anuncios publicitarios en la televisión pública", pero subrayó que había que "evaluar la manera en qué se financia esta reforma".
Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, se mostró en diciembre de 2009 confiada en que la investigación de la Comisión no pone en riesgo la financiación de la televisión pública para 2010. "Es una financiación muy exigente que estrictamente financia lo que corresponde al servicio público y creo por tanto que después de esta apertura de este procedimiento podremos seguir con el mismo sistema de financiación que se ha diseñado", afirmó entonces al término de la reunión de ministros de Economía de la UE.
La ley establece que las cadenas privadas en abierto deberán aportar el 3% de su facturación bruta, las de pago (actuales y futuras, como la TDT de pago) un 1,5% y las operadoras de telecomunicaciones un 0,9% para sufragar más de 500 millones de euros que se suman a otros tantos de subvención pública, hasta completar el coste de la radiotelevisión estatal. Si se suprimen estos ingresos, además de los procedentes de la publicidad que el 1 de enero de 2010 quedó eliminada de la televisión estatal, la financiación de RTVE queda en una situación bastante comprometida.
En el Diario Oficial de la Unión Europea publicado el jueves, Bruselas manifiesta que "tiene dudas sobre si los nuevos impuestos forman parte integrante de la medida de ayuda y, en caso afirmativo, si estos impuestos son compatibles con el Tratado". En este sentido, insta a España a que presente sus comentarios y facilite toda la información pertinente para la evaluación de la ayuda en un plazo de un mes. Concretamente, Bruselas pide a España que "especifique, en particular, qué ingresos espera que se generen mediante los impuestos introducidos o modificados por la Ley 8/2009 (Ley de Financiación de RTVE) y si existen otros fines para los que pueda utilizarse dichos ingresos".
Además, la Comisión recuerda al Gobierno que, en caso de que decida recaudar los nuevos impuestos que gravan a las cadenas y las empresas de telecomunicaciones, según el artículo 14 del reglamento de la Comisión Europea 659/1999 del Consejo "toda ayuda ilegal puede recuperarse del beneficiario", por lo que si finalmente Bruselas fallara en contra de la Ley de Financiación, RTVE tendría que devolver lo ingresado en concepto de esos impuestos.
En el documento publicado ayer, la Comisión Europea distingue entre las ayudas para sufragar las pérdidas de RTVE por la supresión gradual de la publicidad a finales de 2009 y la financiación de la corporación "de 2010 en adelante", que implica nuevos impuestos a cadenas y empresas de telecomunicaciones. Considera que en el primer caso "es una ayuda existente compatible con el Tratado de la Comisión Europea", pero, en el segundo caso, "tiene dudas" sobre si "los nuevos impuestos forman parte integrante de la medida de ayuda y, en caso afirmativo, si estos impuestos son compatibles con el Tratado".
La Comisión "lamenta" que España no notificara la Ley de Financiación de RTVE a Europa antes de su entrada en vigor, ya que, a su juicio, "constituye una ayuda que debe notificarse" tal y como establece el artículo 108, apartado 3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
La investigación de Bruselas arrancó en diciembre de 2009, cuando afirmó que no se oponía a "la modificación del sistema de financiación como tal", pero puso en duda que "los nuevos gravámenes se atengan a las normas de la UE sobre redes y servicios de comunicaciones electrónicas". La comisaria de Competencia, Neelie Kroes, insistió entonces en que el Ejecutivo comunitario "no pone ninguna objeción a la supresión de anuncios publicitarios en la televisión pública", pero subrayó que había que "evaluar la manera en qué se financia esta reforma".
Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, se mostró en diciembre de 2009 confiada en que la investigación de la Comisión no pone en riesgo la financiación de la televisión pública para 2010. "Es una financiación muy exigente que estrictamente financia lo que corresponde al servicio público y creo por tanto que después de esta apertura de este procedimiento podremos seguir con el mismo sistema de financiación que se ha diseñado", afirmó entonces al término de la reunión de ministros de Economía de la UE.
