jueves. 28.03.2024
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España es el país con más superficie de cultivos transgénicos en la Unión Europea, muy por encima de los otros 4 Estados que producen comercialmente organismos modificados genéticamente

Esta semana ha tenido lugar la votación final sobre la renacionalización de cultivos transgénicos. El Parlamento Europeo ha votado a favor de la nueva ley que dará la posibilidad a los Estados Miembros de restringir o prohibir el cultivo de transgénicos en sus territorios.

Amigos de la Tierra, CECU, COAG, Ecologistas en acción y PALT, consideran que esta decisión va a repercutir negativamente en el sector agrícola español con la entrada masiva de cultivos transgénicos. España es el país con más superficie de cultivos transgénicos en la Unión Europea, muy por encima de los otros 4 Estados que producen comercialmente organismos modificados genéticamente (OMG) (República Checa, Eslovaquia, Rumanía, y Portugal). Lamentablemente, el Estado español es el paraíso de la producción de cultivos OMG en Europa. En la actualidad, hay un único cultivo transgénico permitido en Europa, el maíz transgénico MON810 de Monsanto, pero con esta nueva ley, el Estado podría abrir la puerta a muchas más variedades.

En este contexto, la decisión final de aceptar la propuesta sitúa al Estado Español en una posición muy vulnerable. La ley agilizaría la tramitación de autorizaciones de nuevos transgénicos a nivel europeo. Para España, esto significaría la entrada masiva e incontrolada de cultivos transgénicos, contaminación transgénica de la cadena alimentaria, así como la ruina del sector de la agricultura ecológica (con más de 1,6 millones de hectáreas, 34.000 operadores y casi cuatro mil industrias en 2013).

¿Qué compromisos técnicos conlleva?

Para España, esto significaría la entrada masiva e incontrolada de cultivos transgénicos, contaminación transgénica de la cadena alimentaria

Existe la opción, que dependerá del Estado, de que la primera valoración sobre la prohibición o no de un cultivo OMG provenga de las empresas biotecnológicas. Aunque los Gobiernos también pueden prohibir el cultivo sin la intromisión de la industria. Las organizaciones firmantes critican la idea de que los Estados soberanos y gestores de riesgos tengan la obligación de pedir permiso a las empresas para tomar una decisión sobre los cultivos transgénicos en sus territorios.

Los gobiernos tienen el derecho de prohibir grupos de cultivos transgénicos, ya sea por variedad de cultivo o por características del mismo, por ejemplo, todas las plantas de maíz transgénico o todos los cultivos transgénicos tolerantes a herbicidas.

Los estados pueden iniciar la prohibición de los cultivos tanto en el proceso de autorización europeo como posteriormente, hasta la duración total de 10 años. Además, el gobierno puede levantar una prohibición existente sin previo aviso.A su vez, con la nueva ley, se corre el peligro de crear una Europa “a dos velocidades”: aquellos Estados más sensibles ambientalmente y más preocupados por la sostenibilidad de su agricultura tendrán la posibilidad de prohibirlos en su territorio, mientras otros Estados miembros darán vía libre a la entrada de nuevas variedades transgénicas.

Por si fuera poco, la propuesta no contempla la obligatoriedad de proteger los cultivos tradicionales y ecológicos que puedan verse afectados, lo cual implica un grave riesgo para la biodiversidad, la agricultura y la alimentación.Liliane Spendeler, directora de Amigos de la Tierra España, ha señalado que "a pesar de la situación de España, ésta es una gran oportunidad para que el Gobierno cierre la puerta a los cultivos modificados genéticamente, y encaminar nuestra agricultura hacia un enfoque más sostenible. La ciudadanía ha rechazado continuamente los cultivos modificados genéticamente y apoya una agricultura más ecológica y local. Esta nueva ley permite a los gobiernos estatales prohibir todas las semillas de maíz modificado genéticamente para que Europa sea libre de transgénicos, y es necesario aprovecharla”.  Es por tanto importantísimo, ha recalcado Spendeler que “el Gobierno de España siga la línea de los países europeos y represente de verdad a la ciudadanía y no a la industria biotecnológica, rechazando completamente el cultivo de transgénicos en el país”.

Ante este panorama, las organizaciones firmantes instan al Gobierno español a tomar las medidas necesarias para prohibir definitivamente el cultivo y la experimentación con OMG en nuestro territorio.

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