Según el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa: “Es necesario que las Administraciones Públicas asuman un papel activo que fomente, desde la legislación, que las empresas asuman los criterios propios de la RSE, en especial sobre determinadas acciones que afectan a nieves públicos globales, bien imponiendo directamente unas reglas mínimas aceptadas por todos los agentes, que faciliten el poder de decisión de consumidores e inversores, bien indirectamente como agente activo que condiciona el desarrollo de los mercados a través de sus políticas de compras y contrataciones públicas. La Comisión Europea en la Estrategia renovada de RSE de la UE para 2011-2014 establece para “los poderes públicos una combinación inteligente de medidas voluntarias y, en caso necesario, de acciones reguladoras, por ejemplo para promover la transparencia, incentivar en el mercado un comportamiento responsable de las empresas y asegurarse de que estas deben rendir cuentas".
Acciones que las Administraciones Públicas pueden realizar
Algunos países han desarrollado instrumentos no legislativos para fomentar la contratación pública sostenible a través de Planes y estrategias, ejemplo de ello son Austria, Dinamarca, Francia, Polonia, Reino Unido y Suecia
La primera (haciendo referencia al documento del Observatorio RSC previamente mencionado), sería la que emana directamente de su actuación en el mercado, como “comprador” de productos o servicios. La Unión Europea ha regulado a través de las dos últimas Directivas sobre contratación pública, que se pueden establecer criterios relacionados con RSE y Consumo Responsable en los Pliegos de Condiciones Técnicas, a la hora de efectuar la contratación de los mismos. Igualmente en la Estrategia Europea 2011-2014 de RSE se propone facilitar la mejor integración de las consideraciones sociales y medioambientales en la contratación pública como parte de la revisión de 2011 de las Directivas sobre contratación pública. Además la Comisión establece el objetivo indicativo ya en 2010 de que al menos el 50% de toda la contratación pública en la UE cumpla criterios medioambientales acordados. En 2011, la Comisión publicó una Guía sobre contratación pública socialmente responsable (CPSR) en la que se explica como integrar consideraciones sociales en la contratación pública, respetando al mismo tiempo el marco jurídico vigente de la UE. Algunos países han desarrollado instrumentos no legislativos para fomentar la contratación pública sostenible a través de Planes y estrategias, ejemplo de ello son Austria, Dinamarca, Francia, Polonia, Reino Unido y Suecia. Se tiende a poner énfasis en las acciones para fomentar las compras públicas sostenibles y responsables. Otros países han incorporado en sus Planes Nacionales de RSE la contratación pública sostenible y responsable. En estados como Irlanda, República Checa y Letonia la exigencia se ha centrado en la responsabilidad ambiental, mientras que otros países como Alemania o Eslovaquia se han centrado en otros temas relativos a RSE, en el caso español, la Estrategia Española 2014-2020 de Responsabilidad Social Empresarial señala en su medida 38 la necesidad de fomentar la incorporación de criterios sociales, ambientales, de derechos humanos y éticos en las licitaciones y adquisiciones públicas vinculadas al objeto de contrato. Por otro lado algunos países han establecido iniciativas que fomentan el diálogo entre los municipios para trabajar en pro de la contratación pública. En Dinamarca asociaciones municipales están desarrollando un enfoque común para garantizar transparencia e igualdad de condiciones para los proveedores y en España existe la Red Retos, una red de municipios y diputaciones en favor de la construcción de territorios socialmente responsables.
ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE RSE 2014-2020
Si se hubieran puesto en marcha medidas como las que se proponen en la Estrategia Española, situaciones de corrupción no hubieran sido posibles o al menos las hubieran dificultado en grado extremo
La segunda es la que se desprende de la “normativa española” actualmente en vigor, por ejemplo la Estrategia Española de RSE 2014-2020: “La Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas no se limita sólo a la empresa, sino que pretende favorecer el desarrollo de las prácticas responsables en las Administraciones Públicas y en las organizaciones públicas y privadas con el fin de que constituyan el motor que guíe la transformación del país hacia una sociedad y una economía más competitiva, productiva, sostenible e integradora”. En otra parte de la Estrategia se comenta que "más allá del importante papel que las administraciones públicas pueden y deben jugar en la promoción, impulso, difusión y apoyo de la responsabilidad social en el ámbito de las empresas y del resto de organizaciones, se debe también prestar atención a su propio funcionamiento y modelo. Estas organizaciones prestan servicios a los ciudadanos y por tanto, deben ser cada vez más eficientes en su actividad puesto que interactúan en un entorno social y ambiental que deben respetar y mejorar, al tiempo que deben velar por el desarrollo profesional y el bienestar laboral de los empleados públicos. Por todo ello, las Administraciones, en tanto que son organizaciones, deben aplicarse a sí mismas los mismos criterios que inspiran el concepto de responsabilidad social y hacerlo, además, con un carácter de ejemplaridad. Es por este motivo por el que iniciativas como la de realizar sistemáticamente una Memoria Anual de Responsabilidad Social deben ser potenciadas y extendidas a todo el ámbito de lo público. Entendiendo, obviamente, que dicha memoria no es un mero informe más, sino una forma de dar cuenta a la sociedad de sus actuaciones y que supone, al tiempo, un compromiso y una motivación para la mejora continua en este ámbito”. He transcrito literalmente algunos párrafos de la Estrategia para que podamos comprobar, a través del texto, que si se hubieran puesto en marcha medidas como las que se proponen en la Estrategia Española (y previamente había publicado la Unión Europea), situaciones de corrupción como las que no toca vivir a diario y que nos siguen sorprendiendo todos los días, no hubieran sido posibles o al menos las hubieran dificultado en grado extremo.
CINCO MEDIDAS A PONER EN MARCHA
En el marco de la Estrategia Española 2014/2020 se contemplan CINCO medidas a poner en marcha, sin que hasta la fecha se hayan concretado, a saber:
- Promover el consumo responsable, los derechos de los consumidores y la integración de los principios de responsabilidad social en las políticas de consumo.
- Extender la utilización del etiquetado como instrumento de información al consumidor y herramienta informativa del cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
- Elaborar un código de buenas prácticas sobre información para evitar la publicidad engañosa y garantizar una comunicación ajustada a la realidad del producto ofertado.
- Promover políticas de comunicación y publicidad responsable
- Apoyar las iniciativas de fomento de la RSE realizadas por las organizaciones e instituciones de defensa de los derechos de los consumidores.”
Como se puede apreciar tenemos ”cuerpo normativo” para que se puedan aplicar políticas de fomento del Consumo Responsable desde las Administraciones Públicas, el problema es que no se ponen en marcha por parte de la Administración Estatal, situación que está generando el que, en la actualidad, algunas Comunidades Autónomas empiecen a caminar de forma autónoma por ese camino, e igualmente les están acompañando algunos Ayuntamientos que están introduciendo cláusulas sociales y de consumo responsable en sus Pliegos de condiciones de contratación.
María Rodríguez | Experta en Consumo Responsable y RSE | Consejera del Consejo estatal de RSE–CERSE
Artículo publicado en la Revista Distribución y Consumo (Mercvasa)
