@jgonzalezok / En vísperas de cumplir un año en el poder, el presidente argentino, Mauricio Macri ha sufrido una derrota política importante en el Parlamento, que le ha negado la reforma político-electoral que había sido una de sus principales promesas de campaña. Algunos gobernadores feudales que controlan el Senado le dijeron no a la implantación del voto electrónico y otras reformas que pretendían dar transparencia al voto y a la voluntad popular. Por lo tanto las elecciones legislativas de octubre del año próximo volverán a celebrarse con el viejo sistema.
El proyecto de ley enviado al Congreso había superado ampliamente los votos exigidos, con el apoyo del Frente Renovador, los peronistas no kirchneristas, el Frente Amplio Progresista (socialistas) y grupos menores. Pero en la cámara alta el gobierno se topó con la mayoría peronista/kirchnerista, que responde en general a los gobernadores provinciales. De los 72 integrantes que tiene el Senado, el peronismo tiene 40 escaños, es decir, mayoría absoluta.
Allí están sobre representadas las provincias más pobres, donde hay un peronismo clientelar que recurre a las peores prácticas: robo de papeletas electorales, compra de votos, uso de recursos públicos para hacer campaña, amedrentamiento de autoridades de mesa y hasta quema de urnas, como ocurrió recientemente en la provincia de Tucumán.
Eso, entre otras cosas, les permite eternizarse en el poder. Según cuenta el diario La Nación, un senador peronista le dijo a un funcionario del gobierno después de fracasar esta reforma: “Pueden pedirnos proyectos que aseguren la gobernabilidad, pero no que nos hagan perder elecciones”. El gobernador peronista de Salta, Juan Manuel Urtubey, que sí apoyaba la reforma, declaró que quienes no la aceptaban “advierten un peligro a perder sus posiciones de poder, en el entendimiento que cualquier cambio les quita competitividad”.
Dos gobernadores fueron los principales opositores a cambiar el sistema: Alicia Kirchner, gobernadora de Santa Cruz, hermana del fallecido presidente Néstor Kirchner –y cuñada, por tanto, de la ex presidente Cristina Fernández-, y Gildo Insfrán, gobernador de Formosa, al mando de la provincia desde 1987. Ambos parecen adherir a la idea de que las elecciones no se ganan juntando votos, sino contando votos, según dijo en su momento el fallecido sindicalista Rubén Cardozo.
En Santa Cruz está vigente la polémica ley de lemas –que algunos juzgan inconstitucional-, que permitió que Alicia Kirchner ganara a pesar de no haber sido la más votada. Gildo Insfrán, en Formosa, cambió la constitución provincial para habilitar la reelección indefinida. Y afronta denuncias de que muchos paraguayos cruzan la frontera para votar en las elecciones de Formosa, a cambio de planes sociales que les concede ilegalmente el gobierno de Insfrán.
Los gobernadores y senadores en contra sostuvieron que su rechazo se basó en las objeciones que los expertos informáticos presentaron en las reuniones de comisión en cuanto a la alta vulnerabilidad de algunos de los métodos electrónicos propuestos. El proyecto, sin embargo, permitía el conteo manual si había diferencias con el electrónico, dando prioridad en caso de duda al manual. La selección era en una máquina, pero se imprimía el voto en papel.
Los gobernadores peronistas no pueden desconocer los enormes problemas que suponen los métodos tradicionales. En primer lugar, la obligación de los partidos de facilitar las papeletas a todos los colegios electorales del país, lo que beneficia a los partidos grandes. Y también otro delito habitual, como el robo de papeletas de partidos opositores, dentro del cuarto oscuro.
El proyecto contemplaba también la paridad de género. Las listas electorales deberían estar integradas, de forma intercalada, por igual cantidad de hombres y mujeres. Y cedía el control del recuento a la Justicia, a través de la Cámara Nacional Electoral. Hasta ahora era –y seguirá siendo- competencia del ministerio del Interior.
El CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) sostiene que el proyecto significaba avances de distinto tipo: el nuevo instrumento de votación garantizaba a los ciudadanos la presencia de la oferta electoral completa. Aseguraba la paridad de género en el acceso a cargos legislativos y partidarios. Y limitaba el abuso de recursos públicos con fines partidistas, al limitar la publicidad de actos de gobierno.
A raíz de los graves problemas electorales que se produjeron en 2015 en las elecciones en algunas provincias, especialmente en Tucumán, el vicepresidente de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Vía afirmó que había varias provincias que no estaban capacitadas para hacer elecciones. Diferenció provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba o Mendoza, donde hay “un determinado nivel de consenso político y de legitimidad institucional”, de otras provincias, como Formosa, Santa Cruz, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán, donde “hay sistemas electorales mayoritaristas para favorecer a quien está en el poder (…) El propio sistema electoral hace que ganen siempre los mismos, hay concentración de poder”.
En las últimas elecciones, en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Salta se utilizó un sistema de boleta electrónica que resultó un éxito. El votante elegía en una pantalla sus candidatos y la máquina imprimía el voto. Hubo provincias donde las papeletas son de tamaño inmanejable y hace muy confuso el proceso de emisión del voto.
El secretario de Asuntos Políticos de Institucionales, Adrián Pérez, le dijo al diario Clarín: “La decisión del PJ (Partido Justicialista, peronistas) de no debatir la reforma ahora es una señal bastante clara de que prefieren mantener el poder feudal en algunas provincias a hacerse cargo de una demanda ciudadana para que haya integridad en las elecciones: más transparencia, para que se resuelva el problema del robo de boletas y los votos inexactos”. Para Pérez, el actual sistema permite determinadas prácticas y favorece los aparatos políticos. “Si tenés un gran aparato, podés distribuir y en algunas provincias presionar a las autoridades de mesa”.
La derrota de Macri en la reforma electoral no fue total, ya que días antes sí logró aprobar otra ley sobre los debates presidenciales. Se convierten en obligatorios y si algún candidato se negase a participar perderá la posibilidad de acceder a los espacios de publicidad audiovisual. En las pasadas elecciones, el candidato del peronismo, Daniel Scioli, se negó a participar en el debate previo a la primera vuelta, en el que tomaron parte el resto de los candidatos.
