@jgonzalezok | La presidente argentina, Cristina Fernández, ha sido imputada formalmente por el encubrimiento del atentado contra la mutual judía AMIA, en 1994, cuyos presuntos autores serían una serie de funcionarios iraníes. La denuncia contra la mandataria y otros funcionarios ya había sido hecha por Nisman cuatro días antes de su misteriosa muerte. Ahora, el fiscal Gerardo Pollicita, decidió dar curso a la imputación y firmó un requerimiento para que se tomen numerosas medidas de prueba.
En la misma causa, y también de acuerdo a lo investigado en su momento por el fiscal Nisman, quedaron imputados el ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, el diputado y secretario general de La Cámpora –la agrupación juvenil kirchnerista-, Andrés Larroque, el dirigente Luis D´Elía y el líder de Quebracho, Fernando Esteche. Estos dos últimos, sin cargo oficial alguno, actúan como fuerza de choque del kirchnerismo.
La denuncia completa, que se conoció en las últimas horas, también pone en la mira al ministro de Planificación, Julio De Vido, del que afirma que no sería ajeno a la maniobra delictiva. De la denuncia del fallecido fiscal se deduce que uno de los espías denunciados tendría una vinculación estrecha con La Cámpora. En uno de los audios que forman parte de la denuncia, el mismo espía informaba al agente iraní que hacía de enlace con Teherán que era el encargado de llevar la columna de La Cámpora en un acto kirchnerista.
La denuncia de Nisman había establecido que la decisión de encubrir a los funcionarios iraníes partió directamente de Cristina Fernández. Y se habría hecho por motivos espurios: poder comprar petróleo barato, en un momento de escasez de divisas y pérdida del autoabastecimiento energético, a cambio de granos, carne y armas. En este marco se encuadró también el memorándum de entendimiento con Irán, que a poco de ser aprobado por el Congreso argentino –con los únicos votos del oficialismo- fue declarado anticonstitucional.
La imputación del fiscal Pollicita es por encubrimiento agravado –en el caso de los funcionarios públicos- y también por incumplimiento de los deberes de funcionario público. La Procuración del Tesoro entregó al juez que lleva la causa un escrito de 68 páginas en el que afirma que no hay pruebas de los delitos que se le imputan a la presidente y otros funcionarios.
Desde el gobierno empezaron a calificar la medida como golpista. “Es la operación más voluminosa de golpismo judicial”, dijo el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. “Es una clara maniobra de desestabilización”, afirmó por su parte el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández.
Dirigentes opositores reaccionaron de manera inmediata. El titular de la Unión Cívica Radical (UCR), Ernesto Sanz, consideró que se requiere “mucha responsabilidad, mucha serenidad y rapidez en el esclarecimiento del caso, porque cada día que pase con la presidente de la Nación sometida a esta acusación es un día más de deterioro institucional y de virulencia política”. La legisladora Graciela Ocaña pidió que se cuide al fiscal Pollicita, “que el gobierno no lo ataque como ha hecho reiteradas veces con Nisman”.
Horas antes de conocerse la imputación de la presidente, la Procuradora General de la Nación –la jefe de los fiscales-, Alejandra Gils Carbó, aseguró que nunca se pensó en remover a Nisman del cargo, como se había especulado, como una de las razones por las que presentó su denuncia en plena feria judicial. Reconoció que su muerte es un hecho de gran impacto político y social. Tuvo incluso elogios para Nisman, los primeros a casi un mes de su muerte.
Gils Carbó hizo estas declaraciones al presentar al equipo que sustituirá a Nisman en el caso AMIA. Serán tres fiscales y un coordinador los que se repartirán las tareas. Aseguró que sus nombres fueron consensuados con los familiares de las víctimas del atentado AMIA y algunas ONG,s. Al menos dos de ellos son cercanos al gobierno y forman parte de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima.
La presidente, como suele hacer en situaciones difíciles, eligió viajar al sur, con la excusa del cumpleaños de su hijo Máximo, el día 16, y el suyo propio, el 19. Ella y gran parte del gobierno participarán en una fiesta local. Evitarán así estar en Buenos Aires el día 18, cuando se prevé una gran manifestación en recuerdo al fiscal Nisman, coincidiendo con que se cumple un mes de su misteriosa muerte.
