El juez guatemalteco de delitos de Mayor Riesgo Miguel Ángel Gálvez ordenó, el pasado 29 de enero, enjuiciar al general golpista José Efraín Ríos Montt y a su antiguo colaborador, el general también retirado José Mauricio Rodríguez que se desempeñó como jefe de inteligencia durante esa dictadura, por delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad.
En concreto se los acusa de conocer y tolerar la matanza de 1771 personas de origen maya Ixil, en el departamento norteño del Quiché, entre 1982 y 1983. Esos son los casos documentados, que en su mayoría corresponde a mujeres y niños. Se lo considera uno de los hechos más cruentos de las casi cuatro décadas de represión que sufrió el pueblo guatemalteco, que dejó como saldo más de 200 mil víctimas, entre muertos y desaparecidos.
El juez Gálvez otorgó valor probatorio a los 84 testimonios, 61 peritajes y 126 documentos que la fiscalía presentó como pruebas de cargo de la supuesta responsabilidad de ambos militares en la represión a la etnia Ixil.
Según las organizaciones de derechos humanos, durante la etapa de Ríos Montt fueron ejecutados extraoficialmente alrededor de 10.000 mil personas, en su mayoría de pueblos originarios. Y más de 100.000 se vieron obligadas a buscar refugio fuera del país, fundamentalmente en México, o huyeron a las montañas, donde sobrevivieron en condiciones infrahumanas durante muchos años. El Informe de Esclarecimiento Histórico de Naciones Unidas logró establecer que 448 aldeas fueron, literalmente, borradas del mapa, en el contexto de lucha contra “el comunismo” y con la práctica de una política de tierra arrasada.
Treinta años más tarde, muchos familiares continúan buscando en fosas comunes y en los archivos del ejército y del Estado a personas muertas o desaparecidas en esas décadas siniestras de la historia de Guatemala.
La mala sombra de la política exterior estadounidense
La mal llamada “guerra civil” en Guatemala tiene su origen en la intervención estadounidense en el país, en 1954, que derrocó al presidente constitucional Jacobo Arbenz a través de un golpe de Estado planeado por la CIA para frenar las políticas democratizadoras que afectaban a los intereses de la multinacional norteamericana United Fruit Company y de la oligarquía terrateniente guatemalteca.
En el discurso de asunción, el 15 de marzo de 1951, Arbenz sostuvo: “Nuestro gobierno se propone iniciar el camino del desarrollo económico de Guatemala, tendiendo hacia los tres objetivos fundamentales siguientes: convertir nuestro país de una nación dependiente y de economía semicolonial en un país económicamente independiente; convertir a Guatemala de país atrasado y de economía predominantemente semifeudal en un país moderno y capitalista; y hacer que esta transformación se lleve a cabo en forma que traiga consigo la mayor elevación posible del nivel de vida de las grandes masas del pueblo”.
Al gobierno de Estados Unidos, encabezado por general Dwight “Ike” Eisenhower –promotor del macartismo y primer presidente estadounidense que visitó la España franquista, en 1959- esta declaración y las medidas que la acompañaron le resultaron intolerables. Desde 1951 promovió, a través de la CIA, una compleja campaña diplomática, económica y propagandística para justificar una intervención directa frente a lo que calificó como un gobierno “comunista”, “cabeza de playa soviética en América”.
A tales efectos puso en marcha un plan para financiar y suministrar armas a las fuerzas opositoras al gobierno constitucional de Arbenz y, al mismo tiempo, entrenar a un “ejército de liberación” que, al mando del coronel guatemalteco Carlos Castillo Armas, ingresó desde Honduras con aproximadamente 5000 hombres en 1954.
Si bien desde el punto de vista militar la invasión fue un desastre, la operación terminó triunfando a través de la guerra mediática: por la radio se transmitieron falsos informes de enormes fuerzas que se unían a la población local en una supuesta “revolución popular”. Y el toque final fue el rumor creciente de un desembarco de marines estadounidenses en Honduras para sumarse al golpe. Frente a ello, los oficiales del ejército guatemalteco comenzaron a pactar con el golpista Castillo y, viendo el cariz que estaba tomando la situación, Arbenz renunció el 27 de junio de 1954. Compartiendo la impotencia del pueblo guatemalteco se encontraba un joven argentino, Ernesto Guevara, que quedaría profundamente marcado por esa experiencia de atropello imperial.
Tras un largo peregrinar por distintos países, Arbenz murió en México, en 1971, sin haber podido regresar nunca a su patria.
Con Castillo Armas a la cabeza, diversos grupos anticomunistas se unieron en el partido político Movimiento de Liberación Nacional (MLN, de extrema derecha), impulsaron escuadrones de la muerte y desencadenaron una escalada represiva. Castillo Armas fue asesinado en 1958 y le sucedió el general Miguel Ydígoras Fuentes, frente al que un grupo de oficiales militares jóvenes se alzó en armas, en 1960. Al fracasar, varios pasaron a la clandestinidad y se convirtieron en el núcleo del movimiento guerrillero que se mantuvo activo durante los siguientes 36 años.
Ríos Montt, un predicador a medida
José Efraín Ríos Montt nació en 1924 y realizó estudios en la Academia Militar de Guatemala y cursos de especialización en Fort Gullik, en la zona del Canal de Panamá entonces bajo soberanía de Estados Unidos. En 1972 asciende a general y luego a jefe del estado mayor del ejército de Guatemala.
En 1974 se candidateó a la Presidencia del país. Supuestamente habría ganado las elecciones pero, según sostuvo, fraude mediante, el triunfo se lo llevó el candidato oficial del régimen cívico-militar de extrema derecha que presidía el país desde 1970, el general Kjell Eugenio Laugerud. Como premio consuelo, la cúpula militar lo nombró agregado militar en la Embajada de Guatemala en Madrid, donde estuvo hasta 1977.
En 1978 se convirtió a la Iglesia del Verbo, una secta neo pentecostal con sede en Eureka (California), en la que pronto ascendió a la categoría de anciano (obispo). El golpe de estado del 23 de marzo de 1982 lo encontró dedicado a la prédica y pasó a presidir un triunvirato militar. Rápidamente se desembarazó de sus colegas y se hizo nombrar presidente de la República, ministro de Defensa y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
Ríos Montt derogó la Constitución, clausuró el poder legislativo, declaró el estado de sitio e implantó un régimen militar sin paliativos, anunciando el combate contra “los cuatro jinetes del apocalipsis: el hambre, la miseria, la ignorancia y la subversión”, además de la corrupción y las depredaciones exclusivistas de la clase dirigente.
Para ello lanzó el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo (PNSD), un engendro que subordinaba el desarrollo socioeconómico del país al exterminio de la subversión y a la integración por adoctrinamiento de los colectivos campesinos e indígenas cuya “inmadurez” e “ignorancia” los hacía especialmente vulnerables al proselitismo del “Comunismo Internacional” (con mayúsculas).
Con semejante programa, el gobierno de Ronald Reagan se apresuró a reconocer al gobierno de Ríos Montt y levantó la supresión de ayuda militar a Guatemala que había decretado Jimmy Carter en 1977. Obtenida la bendición, el dictador bíblico inició una guerra santa contra la “amenaza comunista” que representaban las fuerzas guerrilleras y el conjunto de la población pobre del país. Con la excusa de privar a la guerrilla de apoyos, Ríos Montt dirigió al ejército a realizar matanzas generalizadas de campesinos y población indígena, especialmente en los departamentos occidentales de Quiché y Huechuetenango, en lo que Aministía Internacional no se cansó de denunciar como un genocidio de las comunidades amerindias, la mitad de la población de Guatemala.
Autonomizado en su cruzada, Ríos Montt empezó a perder el apoyo de empresarios y de Estados Unidos, lo que se sumó a la preocupación de la iglesia católica al constatar el crecimiento vertiginoso de la Iglesia del Verbo. Ante la creciente oposición, Ríos Montt intentó, a mediados de 1983, una salida electoral, pero fue derrocado antes por su ministro de Defensa, general Óscar Humberto Mejía Víctores, con el apoyo del gobierno de Estados Unidos.
El largo camino contra la impunidad
El camino hasta el juicio que se inicia fue tortuoso: el mesiánico dictador y sus abogados utilizaron cuantas artimañas legales estuvieron a su alcance para eludir a la justicia, incluido el intento de acogerse a la Ley de Amnistía autoproclamada por los militares antes de entregar el poder en 1986. Pero la tenacidad de los organismos de derechos humanos y los familiares de las innumerables víctimas comienza a dar sus frutos en la lucha contra la impunidad.
Así lo expresó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)-creada en 2007 a partir de un acuerdo entre Naciones Unidas y el Gobierno guatemalteco para reforzar la lucha contra la impunidad y las violaciones de los derechos humanos- en un comunicado en el que manifiesta su beneplácito por el proceso contra esos ex funcionarios “y contra todo aquél que infrinja las leyes guatemaltecas”; “es una clara señal para el pueblo de que ninguna persona puede estar por encima de la ley.
