En estas mismas fechas, desde hace pocos días, el gobierno del partido popular procura la paralización de las acciones judiciales, emprendidas en el estado español, para perseguir a los autores de crímenes contra la Humanidad, fundamentadas en los principios de Justicia Universal. Tengo que aclarar que cuando estamos hablando de crímenes contra la Humanidad, sin hacerlo desde su enfoque específicamente jurídico, hablamos de hechos que por su naturaleza son percibidos como delitos realizados contra cada una de nosotros y nosotras, como parte de la Humanidad. Resulta fácil de entender que agresiones y actos violentos realizados contra el grupo del que formamos parte, sea esté familiar, laboral, de amistad, de vecindad…, los sintamos como delitos que nos afectan directamente. En un tiempo en que todo pretende ser global, el rechazo o limitación a la Justicia Universal no puede ir más contracorriente. Cuando cualquier persona conectada al mundo puede conocer a otra en sus antípodas, nos volvemos localistas en la justicia, desbaratando los escasos logros habidos en nuestro país para que criminales muy dañinos y poderosos puedan tener el juicio que se merecen. Ahora, se legisla que, salvo que las víctimas sean españolas y los criminales estén en España, nuestro sistema de justicia no conoce de justicia universal. Seguro que desde los grupos ideológicos que parecen dominar en la calle Génova les parece más oportuno vincular la marca España a una nueva proyección internacional de la Inquisición. Siempre resulta más “educativo” para el pueblo condenar a mujeres y hombres de su misma escala social de delitos indemostrables como la brujería o la posesión infernal. Proyectar como marca de país la adhesión inquebrantable a la Justicia da, en lo económico, más problemas que beneficios. Y la marca España es sobre todo un asunto económico.
Mostrar a militares guatemaltecos diciendo cosas como “nosotros vamos a matar, pero no a asesinar”, recordar que los ataques israelíes quirúrgicos generaban decenas de cadáveres de gente común, identificar a quienes ordenaron desde el ejército de Estados Unidos disparar contra periodistas o recopilar la información sobre si China está aniquilando física y o culturalmente a personas que nacieron en el Tíbet, no son asuntos económicos. Y no puede formar parte de la marca España. No vaya a ser que desde fuera nos pidan cuentas de nuestra propia historia y caigamos en la cuenta que el franquismo tiene más que ver con el Hitler y Mussolini que con el patrioterismo hispano. Con nuestra marca España.
En esta fecha recordamos que un grupo de indígenas mayas, ocupo pacíficamente nuestra embajada en Guatemala en 1980, como altavoz de denuncia de las terribles masacres que perpetraba el ejército en aldeas del interior. Recordamos también que militares, de tez bien blanquita y, enloquecidos de sangre, ordenaron arrasar la representación diplomática para que las voces no pudieran contar la realidad. Y nos encontramos ahora que los progresos judiciales habidos para condenar a estos militares criminales, que cristalizaron en mayo de 2013 en una condena al general Ríos Montt por una pequeña parte de sus delitos (“tan sólo” 1.771 asesinatos), se anulan por que los empresarios guatemaltecos se amotinaron contra la justicia y exigieron que se retirara la condena. Según los militares, quien iba a creer que en Guatemala hubo genocidio. Según los empresarios quien iba a querer hacer negocio con un país genocida. Marca Guatemala. Marca España. Que se lo digan a Alemania.
