@jgonzalezok / Argentina despide 2013 con una ola de calor como no se vivía desde 1906, con temperaturas que sobrepasan los 40º. Los cortes de luz, que comenzaron el 16 de diciembre, ya son un clásico todos los veranos –y los inviernos, a causa de las calefacciones-, pero han superado este diciembre todas las marcas y alimentan el rencor de los ciudadanos frente a un Estado ausente, que no soluciona los problemas y no admite ninguna responsabilidad en la situación.
Después de casi dos semanas de una situación dramática para miles de personas, el gobierno de la ciudad decidió decretar la emergencia eléctrica. El alcalde de la ciudad, Mauricio Macri, que interrumpió sus vacaciones ante la gravedad de la crisis, convocó al gobierno nacional para integrar un comité que debata propuestas y medidas para hacer frente a la situación. Aunque dejó trascender su escepticismo: “tenemos un gobierno que, en vez de soluciones, siempre busca responsables. Esta crisis demostró que tenemos un gobierno y empresas sin capacidad de respuesta”.
Los cortes de luz están afectando a todos los barrios de Buenos Aires y el conurbano, así como a otras ciudades del país. En la capital los cortes llegan incluso a algunos hospitales, con las consecuencias fáciles de imaginar. El malestar social está provocando protestas, con corte de calles, vías y autopistas, incluyendo la que une la capital con el aeropuerto internacional de Ezeiza.
A la hora de las responsabilidades, nadie asume la culpa. Las empresas que suministran luz en Buenos Aires, con las tarifas virtualmente congeladas desde hace diez años, afirman que no pueden hacer frente a las inversiones mínimas necesarias para mantener el tendido en buenas condiciones. Sus costos se encarecieron un 400 % y las tarifas solo subieron un 10 %, cuando la inflación, solo este año, estará en torno al 30 %. Pero también es cierto que las empresas reciben subvenciones del Estado y la disculpa no sirve para otras empresas en otras partes del país, donde las tarifas sí están actualizadas.
Desde el gobierno se amenaza con la estatización, aunque quitándose el problema de encima, proponiendo que Edenor y Edesur, las dos empresas concesionarias en la capital y el gran Buenos Aires, pasen respectivamente al gobierno de la ciudad y al de la provincia. El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri (PRO), es enemigo político del gobierno, mientras que el gobernador de la provincia, Daniel Scioli, es tropa propia, pero permanentemente acosado por el kirchnerismo más radical.
Las empresas eléctricas podrían seguir así el camino de regreso al seno del Estado, como ya sucedió con otros sectores. Durante el gobierno de Carlos Menem (1990-2000) se privatizó la empresa estatal Segba, que quedó dividida en siete unidades de negocios, cuatro empresas generadoras y tres distribuidoras.
Los cortes de luz, junto con la pérdida del autoabastecimiento de gas y petróleo son uno de los fracasos más evidentes de estos años. El gobierno no ha ejercido su labor de supervisión y control. Y no puede desentenderse de la gestión, ya que tiene representantes en el directorio de Edenor -cinco de sus 12 miembros-, que responden al ministro de Economía, Axel Kicillof. Circunstancia que también se daba en YPF antes de su nacionalización.
El gobierno tampoco ha impulsado la construcción de nuevas centrales. Según Francisco Mezzadri, consultor de temas energéticos, “para recuperar la fiabilidad del sistema y correr al ritmo de la demanda eléctrica, la construcción de nuevas represas hidráulicas y centrales nucleares exige la inversión de entre 4.000 y 5.000 millones de dólares por año hasta 2030”. Cifras imposibles de asumir en este momento de declive y con los mercados financieros internacionales fuera del alcance de Argentina.
La central nuclear Atucha II, que la presidente, Cristina Fernández, “inauguró” durante la campaña electoral de 2011, todavía no entró en funcionamiento. Para tratar de dar una imagen de gestión, el ministro de Planificación y el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, recorrieron este sábado la central de Atucha II y prometieron que en abril estará en servicio, aportando 745 megavatios. La central comenzó a construirse en 1982, aunque las obras estuvieron paralizadas entre 1994 y 2006.
Una de las grandes represas que tiene el país, Yaciretá –binacional, la comparte con Paraguay-, está operando al 75 % por problemas en las turbinas. El gobierno anunció repetidamente la licitación de dos represas en la Patagonia, que bautizó con los nombres de Néstor Kirchner y de Jorge Cepernic –gobernador de Santa Cruz cuando se produjo el golpe del 76-, pero pasarán años, en el mejor de los casos, para su puesta en marcha.
La situación de deterioro no es nueva. El año pasado, cuando los cortes empezaron ya a ser importantes, el ministro de Planificación, Julio De Vido –el único miembro del gabinete que se mantiene desde la llegada de los Kirchner al poder- lo achacó a un sabotaje: “vamos a averiguar quién bajó la palanca y lo vamos a denunciar ante la justicia”, afirmó entonces. Del tema no se volvió a tener noticias.
Las primeras explicaciones que se dieron este año desde el gobierno no han hecho más que atizar el fuego del descontento popular. El mismo ministro De Vido empezó señalando que era una muestra del éxito del modelo. Entre 2010 y 2013 se vendieron unos seis millones de aparatos de aire acondicionado, más que en los diez años previos, pero el consumo industrial aumentó en mucha menor medida.
En la oposición, las críticas son unánimes. Uno de los más críticos fue el senador Fernando Pino Solanas (UNEN), que habló de un abandono intolerable del gobierno. “El nivel de improvisación del gobierno es intolerable (…) Al igual que en el caso del petróleo, se ha permitido a las empresas distribuidoras no realizar las inversiones correspondientes”, señaló. La incapacidad del Estado de administrar y supervisar los servicios públicos y el intento del gobierno de echar la culpa a las empresas prestadoras del servicio, son para Solanas, disculpas propias de una república bananera.
La diputada Elisa Carrió (también de UNEN), denunció que el secretario de Energía, Daniel Cameron, está de vacaciones; de hecho se le vio jugando al golf estos días. Y anunció que presentará una denuncia contra el gobierno “por abandono de persona”. El diputado del Frente Renovador, Sergio Massa –que fue jefe de Gabinete de Cristina Fernández, hoy opositor-, afirmó que “la ciudadanía siente que se ignora o ningunea un problema; lo más grave de todo no es finalmente un corte de dos o tres horas, sino de dos o tres días, y nadie dando una respuesta”.
Frente a la gravedad de los problemas, la presidente sigue sus vacaciones en El Calafate, aunque recibió el alta médica hace más de un mes. No es, sin embargo, el estilo de la presidente bajar al barro de los problemas ni llevar su consuelo personal a la gente: ni siquiera lo hizo cuando el grave accidente de tren en la estación porteña de Once –febrero de 2012-, dejó un saldo de 51 muertos. Solo se la vio en una tragedia en las inundaciones de la ciudad de La Plata, cuando las aguas llegaron a metros de la casa de su madre.
Su descanso se prolongará seguramente hasta mediados de enero. Tendrá tiempo para leer un polémico reportaje que la revista Noticias lleva esta semana a su portada, que titula La Reina está desnuda y que ilustra con un fotomontaje en la que se ve la cara de la mandataria montada sobre un cuerpo femenino desnudo. Los secretos de una ausencia inquietante, escenas de un país hiperpresidencialista sin Presidenta, son algunos de los aspectos que aborda el semanario, que ha desatado la ira del universo kirchnerista.
