Me preguntaba, en la primera parte de este artículo, al respecto de cómo se había podido llegar hasta aquí; donde la manipulación campa a sus anchas y donde casi nada es lo que parece. Donde una cosa es la realidad y otra bastante distinta las informaciones que se transmiten hacia fuera de Venezuela. Y señalaba también distintas vías de análisis, entre ellas algunos puntos débiles a los que los gobiernos chavistas no habían prestado la atención requerida.
Desde mi punto de vista, uno de los errores más evidentes, ha sido el tratamiento y combate dado a la delincuencia por parte de quienes tienen las competencias para perseguirla en cada ciudad, estado, y siempre, en último caso, por parte del Gobierno de la República.
No haber puesto todos los medios al servicio de la lucha contra la delincuencia organizada en Venezuela ha sido uno de los errores más graves cometidos por los gobiernos bolivarianos; antes presididos por Chávez y ahora, aunque todavía demasiado breve en su mandato, por Nicolás Maduro.
Cuando se afrontan datos de homicidios como los que tiene Venezuela, no se puede mirar para otro lado (nunca debiera hacerse) y el problema se debe afrontar como primerísima prioridad.
Según los datos oficiales del año 2011, últimos que he podido conocer, la tasa de homicidios por cien mil habitantes la encabezaba Honduras en América, seguida por El Salvador y Jamaica, y con Venezuela en el cuarto puesto muy por delante de países como Colombia, México o Brasil.
Pero es que si miramos los datos que maneja el observatorio venezolano de violencia y vemos el gráfico del periodo que va de 1998 al año 2012, la conclusión es que se han doblado el número de homicidios; el último dato refleja que más de 21.000 personas perdieron la vida por homicidios en Venezuela.
Datos que sin género de duda, justificarían por si solos gran parte del malestar y de falta de credibilidad hacia un gobierno que no se toma en serio la lucha contra la lacra social que representan estos datos.
Me falta información todavía para saber si este gobierno de Nicolás Maduro se está tomando en serio y con rigor el problema de la delincuencia organizada y está poniendo los medios necesarios para combatirla. De las últimas declaraciones del presidente ante las televisiones cabría pensar que si. Pero el crédito del gobierno en este terreno cada vez es menor, y la gente quiere resultados y no solo palabras.
Y aquí añado una segunda impresión que he venido observando durante mi estancia en Venezuela. Y es la de que, pareciera, que casi todo estaba previsto para que Chávez fuese el timonel del País durante mucho tiempo más (a pesar de su gravísima enfermedad) y que su muerte hubiera dejado demasiado desvalido al proceso de transformación forjado principalmente, al parecer, en la cabeza del Comandante.
Ninguna otra persona del gobierno, incluido el propio Maduro, parecen tener la claridad de ideas y previsión del destino que Chávez había diseñado para su proyecto de República Bolivariana. Y desde luego, ninguno de ellos cuenta con el carisma y el prestigio alcanzado por el difunto Hugo Chávez.
Motivos que sin duda han influido en la extrema derecha venezolana a la hora de tomar su nueva estrategia de violencia en las calles para desestabilizar al gobierno. Aprovechando un malestar real que todavía no se muestra mayoritario, a tenor de las últimas encuestas, pero que si el gobierno no toma con mano firme el control sobre la delincuencia y la corrupción, puede terminar perdiendo definitivamente el apoyo de la mayoría venezolana que le ha respaldado en los dos últimos procesos electorales ya sin Chávez.
Y mientras, el complot camina con paso firme y no parece que vaya a detenerse.
En Febrero, durante mi estancia en Venezuela, se descubrieron cientos de conteiner con comida y repuestos en el puerto de la Guaira en Caracas. Y otro tanto acababa de suceder en Puerto Cabello. Eso sin contar con la cantidad de toneladas de alimentos y gasóleo que salen fraudulentamente a través de las fronteras con Colombia o Brasil, con claras connotaciones de corrupción, y sin la cual sería casi imposible que pudiera darse a tal escala.
Paralelamente a todo este tráfico ilegal de productos, está ocurriendo ahora mismo en Venezuela, la falta de determinados alimentos como la leche pasteurizada o en polvo, la harina pan que utilizan los venezolanos para sus tradicionales arepas… Y es que existe toda una red de corrupción que acapara productos a precios subvencionados por el Estado, para luego revenderlos fuera y dentro del País en mercados paralelos, a otro precio multiplicado por varias veces su costo político.
El gobierno debería replantearse las actuaciones y no seguir subsidiando el precio de los alimentos, sino sustituirlo por la subsidiación a las personas según el nivel de renta. Sería fácil a través de la declaración impositiva. De esa forma los precios de los productos fluctuarían al nivel de los países fronterizos, terminando con el contrabando y la corrupción que conlleva a diferentes escalas.
Persistir en el error que supone subsidiar el precio de los alimentos y de la gasolina, es seguir alimentando la rueda de la corrupción y además continuar con las colas y el desabastecimiento de los productos con los que se especula: leche, papel higiénico, mantequilla, harina pan o detergente. Y con ello, hacer que el malestar de la gente siga creciendo porque les resulta incomprensible que no se corrija de forma efectiva esa falta de productos.
Hasta donde conozco, el gobierno sigue empeñado en subsidiar los productos (hacer que se vendan por debajo del precio real de los mismos en los países fronterizos), lo que apareja todo tipo de corruptelas a pequeña escala, y enormes bolsas de corrupción a gran escala. Y donde hasta ahora no se han librado ni los militares a cargo de las fronteras, especialmente con Colombia, por donde se escapa la parte más importante.
El gobierno debería haber tomado cartas en el asunto hace ya mucho tiempo, pero lo poco o mucho que haya hecho (con algunas leyes) ha resultado absolutamente ineficaz hasta la fecha.
Se me ocurre por tanto, que alguien debería explicarle que, aun con esa misma filosofía (discutible) de la subsidiación, podría borrarse del mapa la corrupción con el cambio del sistema y con pasar de subsidiar alimentos a subsidiar a las personas hasta un nivel de renta que se establezca.
En el nuevo sistema, los alimentos y la gasolina costarían su precio real (parecido a lo que cuestan en Colombia, Brasil o en las demás islas del Caribe), y a cambio de ello, a las personas que ganen y declaren hasta un nivel de renta que sea considerado, se les devolvería el importe pagado demás con los nuevos precios.
Además de terminar de inmediato con la acaparación de productos, se acabaría con las corruptelas y con la corrupción a gran escala, al menos en lo que se refiere a alimentos y gasóleo.
Explique la idea en diversos lugares y con grupos de personas diferentes, y a todos les pareció una buena medida que además sería más justa, puesto que se subvencionarían los alimentos en función de la renta ingresada.
