@jgonzalezok | “El Estado renunció a ejercer el control del tráfico de drogas”, asegura un informe de la Auditoría General de la Nación, un organismo de control cuya presidencia corresponde por ley al primer partido de la oposición, en este caso la UCR. Según su titular, Leandro Despuy, “hay un cuadro general de falta de control en el tema de drogas”, y hay virtuales zonas liberadas por las autoridades, añadiendo que no hay vocación de impedir la comercialización o el envío de cargamentos de droga. En el informe, que envió a la Aduana -el principal organismo responsable por los fallos denunciados- se afirma que es prácticamente inexistente la vigilancia aérea mediante radares, que los escáneres existentes para revisar los camiones de carga son escasos y no distinguen las sustancias orgánicas e inorgánicas, que no funcionan las cámaras de seguridad de algunos de los principales puertos del país, que los precintos de los contenedores pueden violarse después de su revisión, y que no hay constancia seria de los operativos realizados con perros.
El desolador panorama fue parcialmente admitido por la Aduana, que reconoce que los escáneres usados en puertos y aeropuertos son más una forma de disuasión que instrumentos útiles para la lucha contra el tráfico de drogas. Para Despuy, hay una “vocación deliberada” de establecer zonas totalmente libres de control, facilitando que Argentina sea uno de los países considerados como uno de los principales exportadores de droga del mundo.
La respuesta del gobierno, sin embargo, llegó a través de un comunicado de la AFIP -la Hacienda argentina-, que asegura que la Organización Mundial de Aduanas desmiente el informe de Despuy y lo acusa de carecer de conocimientos técnicos para opinar sobre el tema. Y asegura que la Aduana argentina es líder en materia de incorporación de escáneres y tecnología de última generación. El secretario de Seguridad, Sergio Berni, dijo por su parte que la denuncia de Despuy era infundada y tenía fines políticos.
Sin embargo, la memoria anual de la Oficina de ONU contra la Droga y el Delito coloca a Argentina como el tercer exportador mundial de cocaína, detrás de Colombia y Brasil. La ONU se queja de que Argentina no entrega datos oficiales sobre aprehensión de drogas desde 2009, siendo el único país que no aportó información. En aquel año, Argentina confirmó que se habían capturado 12.643 kilos de cocaína, cifra récord. Molesto por las informaciones periodísticas del tema, el gobierno dejó de colaborar con la ONU e impidió que las fuerzas de seguridad difundiesen estadísticas al respecto. En este sentido, el proceder de la Casa Rosada es el mismo que con otras estadísticas oficiales, principalmente la inflación.
En 2011, la presidente, Cristina Fernández, anunció la puesta en marcha del llamado Operativo Escudo Norte, para proteger la frontera con Bolivia, Paraguay y Brasil, principales vías de ingreso de drogas en el país, que no las produce. El plan consistía en la colocación de una serie de 20 radares. Pero no solo se demostró que eran totalmente insuficientes, además no funcionan más que unas horas al día, por problemas presupuestarios. El programa preveía también un acuerdo con la empresa tecnológica Invap, para fabricar en el país una serie de radares, pero nunca se implementó. Se calcula que hay un mínimo de 1.500 pistas clandestinas en el país y la fuerza aérea no tiene aviones suficientes para interceptar los vuelos ilegales, entre 100 y 150 diarios.
Hasta hace muy poco la política oficial fue minimizar el problema. En ese mismo año, 2011, el entonces jefe de gabinete, Aníbal Fernández, sostenía que los radares no eran la panacea, porque “un radar puede leer que un avión no identificado ingresó al país, pero no si lleva droga” (sic). Quitó importancia a la existencia de pistas clandestinas, porque según él los aviones no necesitan aterrizar, lanzan la droga desde el aire. Y rechazó una eventual ley de derribo, como la que tiene Brasil, con el argumento de que Argentina está contra la pena de muerte.
En los últimos tiempos son cada vez más frecuentes las noticias sobre la actividad del narcotráfico en el país. El último cargamento importante descubierto fue en Puerto Madryn, donde se preparaba el envío a España de un cargamento de langostinos que escondían 110 kilos de cocaína. En la ciudad de Rosario se está desarrollando una sangrienta guerra entre grupos rivales, que se ha cobrado ya la vida de más de un centenar de personas en lo que va de año. La tasa de homicidios triplica la media nacional, y la mayoría tienen que ver con el narcotráfico. La capital argentina también ha sido escenario de asesinatos llevados a cabo por sicarios, una modalidad importada de Colombia. En las villas miseria del Gran Buenos Aires ya hay muchos lugares donde se cocina la cocaína en laboratorios clandestinos, es decir, se usan los precursores químicos necesarios para transformar la hoja de coca. Algunas de estas villas están controladas por narcos peruanos.
Argentina está sirviendo también como campo propicio para los narcos colombianos. Muchos capos se han instalado en Buenos Aires, donde han comprado viviendas y campos, tanto en Puerto Madero –el barrio más exclusivo de la capital argentina- como en diferentes barrios cerrados o countries de la provincia de Buenos Aires. La familia de Pablo Escobar, el emblemático jefe del cártel de Medellín, se refugió en 1995 en Buenos Aires, dos años después de la caída del capo. Recientemente fue extraditado a los EE.UU. el colombiano Ignacio Álvarez Meyendorff, que vivía en Argentina desde 2005, y que está acusado de tráfico de cocaína en submarinos. Cuando fue capturado Henry de Jesús Londoño, alias Mi Sangre, en octubre del año pasado, el diario colombiano El Tiempo publicaba una nota en la que afirmaba que Argentina era escondite de narcos colombianos.
Pero también hay traficantes de otros países. Mexicanos y colombianos se ocuparían básicamente del tráfico internacional, fundamentalmente Europa. Mientras que bolivianos, peruanos y dominicanos estarían enfocados en el creciente mercado interno, en el que el paco, como es conocido localmente el crack, está destruyendo vidas de jóvenes a una velocidad de vértigo. El consumo interno de cocaína es también muy alto, se calcula que unas 600.000 personas la usan, más de la mitad que en Brasil, que tiene una población cinco veces mayor. Los paraguayos, por su parte, están especializados en la marihuana, del que su país de origen es uno de los grandes productores mundiales.
El gobierno de los EE.UU. se ha quejado de la falta de colaboración de Argentina con la DEA, la agencia antidrogas norteamericana. Y también de la laxitud de las reglas bancarias, que hacen muy fácil lavar dinero en el país. Es más, el gobierno ha aprobado recientemente una nueva ley de blanqueo, que posiblemente mantendrá a Argentina en la lista gris del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional, organismo intergubernamental). Lista en la que está desde el 2010 y que integran los países que no colaboran en la lucha contra el lavado de dinero. La Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico está vacante desde marzo pasado, cuando renunció su titular, Rafael Bielsa.
