@jgonzalezok / La presidente argentina, Cristina Fernández, usó nuevamente la cadena oficial –obligatoria para todos los medios audiovisuales- para denunciar maniobras golpistas, un clásico en estos 10 años largos de gobiernos kirchneristas. Durante los 40 minutos de discurso hubo de todo, como es habitual en su caso: inauguraciones, anécdotas, pero el mensaje central fue para insistir nuevamente en que su gobierno viene siendo objeto de un continuado ataque para hacerla “volar por los aires”.
Lo curioso es que usó en apoyo de su teoría el comentario de un economista que hace poco sufrió una multa, a instancias de la Secretaría de Comercio Interior, por dar a conocer su propio índice de inflación, muy por encima del oficial. Se trata de Miguel Bein, que fue viceministro de Economía del gobierno de Fernando De la Rúa, que llevó al país a la crisis del 2001-2002. Hasta hace poco opositor, entró recientemente en la órbita -como asesor- del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli.
Bein había dicho recientemente, en declaraciones a Radio La Red, que hubo un intento de desestabilización financiera y que “los mercados venían muy envalentonados de que iban a vaciar las reservas del Banco Central y que iban a hacer volar al gobierno por los aires”.
La presidente, citando a este economista, añadió por su parte: “no solo los mercados financieros intentaron desestabilizar, fueron acompañados por los medios hegemónicos de comunicación, que hace un tiempo quieren verme volar por los aires”.
A 30 años de recuperada la democracia, los militares ya no representan una amenaza a la institucionalidad del país. Afortunadamente, Argentina ha podido dejar atrás décadas de historia signada por los gobiernos militares y por gobiernos civiles debilitados y amedrentados por el poder real, el de las armas. Pero la teoría del actual gobierno es que “ahora los fierros son mediáticos”. Y que distintos sectores corporativos conspiran continuamente contra el gobierno.
En la larga lista de denuncias han venido cayendo sucesivamente el campo, los sindicatos no oficialistas, los partidos opositores, los caceroleros, los gendarmes y policías que reclaman por sus sueldos, consultoras económicas privadas, periodistas críticos, bancos, grandes empresas, en algún momento hasta la Corte Suprema de Justicia, el imperialismo, los organismos financieros internacionales y ahora, también, los propietarios de los supermercados.
A estos los acusan de especuladores y de robar el dinero del bolsillo de los argentinos, mediante la subida de precios generalizada. La mandataria llegó a individualizar a dos cadenas de supermercados en su discurso, Coto –una cadena local- y la multinacional Carrefour. Empresas que acaban de firmar un acuerdo de precios con el gobierno, pese a lo cual vieron cómo las fotos de sus propietarios o presidentes aparecían en las calles de Buenos Aires con acusaciones similares a las vertidas por la presidente. Los carteles iban firmados por Unidos y Organizados, una organización paraguas de distintos grupos kirchneristas.
Los intelectuales kirchneristas de Carta Abierta también se sumaron a esta idea de la conspiración. En su última asamblea aprobaron un documento –el número 15 desde su formación-, que titularon La Patria en Peligro. Su teoría es que las grandes corporaciones forzaron al gobierno a devaluar el peso, algo que no quería hacer el ejecutivo. Pidieron mayores regulaciones al capital especulativo y al sistema financiero y advirtieron que en los próximos meses puede haber una conflictividad social similar a la que hubo durante la discusión de la Ley de Medios.
Las denuncias de golpismo han sido constantes y se cuentan por docenas en estos últimos años. La victimización permanente del gobierno evita que se enfrenten a los problemas reales, coinciden en señalar muchos opositores, que creen que esto es una suerte de cortina de humo para no asumir sus propias responsabilidades en los graves problemas que afectan al país, como la inflación: para el gobierno la culpa del aumento de precios es exclusiva de los empresarios.
En su último discurso, este miércoles, la presidente también justificó el empleo de la cadena nacional, que por ley está reservada para comunicar actos importantes de gobierno en situaciones de gravedad institucional: “Para que los argentinos se enteren y entiendan cómo juegan con sus ilusiones, cómo los amargan (…) Los hacen tomar decisiones equivocadas y luego eso lo terminan pagando todos los argentinos”.
La mandataria insistió en que usará la cadena nacional hasta que la Justicia encuentre la forma de que los medios reflejen los actos de gobierno. “Hasta que encontremos una corte o un juez que comunique las cosas que hace el gobierno, tenemos que utilizar este medio, porque no nos estamos rascando (sic), estamos laburando (trabajando)”, afirmó. Una idea que vienen repitiendo los sectores afines al gobierno, que no se corresponde con los hechos. En realidad, lo que al gobierno argentino le molesta es la interpretación de sus actos de gobierno y, fundamentalmente, las críticas.
De ahí que en las acusaciones de conspiraciones siempre estén los medios independientes. En este último discurso dijo que los intentos de desestabilización “fueron acompañados por medios hegemónicos de comunicación”.
