2 de noviembre de 2017, 9:11
@jgonzalezok | El pasado 30 de octubre la Procuradora General de la Nación de Argentina, Alejandra Gils Carbó, presentó su renuncia al cargo, después de haber resistido las presiones del gobierno de Mauricio Macri para que diera un paso al costado. La jefa de los fiscales se aferró a su puesto alegando que el mismo era inamovible y de carácter vitalicio, cosa que no figura en la Constitución. Estas son las claves principales del caso:
- Alejandra Gils Carbó era el último vestigio del kirchnerismo en el Estado y resistió durante dos años las presiones del gobierno, que la acusaba de ser una fiscal militante, encargada de poner obstáculos en las investigaciones contra funcionarios del anterior gobierno y, sobre todo, en los casos que enfrenta la ex presidente, Cristinas Fernández.
- Como dijo el fiscal Germán Moldes, “la Justicia que nos dejaron los Kirchner es un aparato para lograr impunidad”. En ese esquema, Gils Carbó fue un engranaje fundamental. Llenó la propia fiscalía de militantes, aumentando la plantilla un 45 %, y multiplicó los gastos por cuatro.
- Avaló e impulsó causas contra el presidente Macri y algunos miembros del gobierno, que no avanzaron después en la Justicia por falta de sustento. “Gils Carbó se dedicó a crear cortinas de humo sobre Odebrecht”, diría Macri en junio de este año, en referencia a las sospechas sobre empresarios próximos al presidente, en la megacausa que salpica a media clase política latinoamericana por los sobornos de la empresa constructora brasileña.
- El gobierno anterior había dejado una serie de funcionarios de alto nivel en todas las áreas de la Administración, con mandatos que sobrepasaban el período presidencial de Cristina Fernández. Pero ninguno resistió en sus puestos como Gils Carbó, aunque algunos lo intentaron. En diciembre de 2015, cuando asumió el gobierno de Macri, fueron renunciando figuras como el presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, Martín Sabatella, el titular del AFSCA, el organismo encargado de controlar la Ley de Medios y Oscar Parrilli, titular de los servicios secretos.
- Alejandra Gils Carbó fue la ideóloga de Justicia Legítima, organización partidaria que reunió a jueces y fiscales kirchneristas. Gils Carbó diría en una entrevista con el diario La Nación, en febrero de 2013, que la justicia argentina era “ilegítima, corporativa, oscurantista y de lobbies aceitados”. También señaló que era más preocupante el poder hegemónico que ejercen sobre los jueces las corporaciones financieras y las mediáticas que el Poder Ejecutivo.
- En un informe de marzo de este año, el Grupo de Trabajo Antisoborno, de la OCDE, se alertó sobre la politización de la fiscal.
- En agosto de 2012 había sucedido en el cargo a un histórico del peronismo, Esteban Righi, que salió eyectado del cargo por no haber impedido a un fiscal allanar el domicilio del vicepresidente, Amado Boudou, investigado por varios casos de corrupción.
- Este antecedente quita argumentos a quienes hablan de una persecución política: Righi renunció por orden de Cristina Fernández. Sin olvidar que Néstor Kirchner ya había expulsado al fiscal general de su provincia, Santa Cruz, cuando era gobernador. Ni varios dictámenes de la Corte Suprema lograron que dicho fiscal recuperara su puesto.
- La postulación de Gils Carbó fue aprobada casi por unanimidad en el Senado, después de que el gobierno fracasara con un candidato anterior, Daniel Raposo, que había falsificado burdamente su currículum y no supo responder a muchas de las preguntas de los senadores.
- Durante su mandato derogó el sorteo para integrar los tribunales para seleccionar los cargos de fiscales. Ella misma presidió la mayoría de dichos tribunales y nombró a dedo al resto de los integrantes. Convocó concursos para fiscales en lugares poco o nada atractivos, con el fin de que se presentase gente de su confianza política que, una vez obtenido el puesto, eran reubicados para que se hicieran cargo de casos delicados.
- Fue fundamental el papel de sus fiscales a la hora de encubrir al empresario Lázaro Báez, socio y testaferro de Néstor Kirchner, que fue el principal beneficiario de la obra pública gracias a concursos amañados. Uno de sus fiscales se abstuvo de investigarlo por lavado de dinero y el fiscal José María Campagnoli fue apartado por investigar al empresario amigo de los Kirchner.
- La situación de Gils Carbó quedó seriamente comprometida por un escándalo en la compra de un edificio para la Procuración, en la que se pagó una generosa comisión y por la que está procesada. Un hermano de su mano derecha, con información privilegiada de la licitación, fue el intermediario. Que la licitación estaba digitada quedó claro cuando se supo que el contrato entre la inmobiliaria y el intermediario se hizo dos días antes de que se publicara la licitación. Y se probó que antes de la licitación la fiscal había visitado ya el edificio.
- Días antes de su renuncia, un juez declaró inconstitucional el procedimiento de juicio político para la destitución de Gils Carbó, que requeriría una mayoría cualificada, que el gobierno de Macri no tiene.
- El golpe final fue el resultado de las elecciones parlamentarias del pasado 22 de octubre, en las que el gobierno se impuso con holgura. Esto quitó respaldo político a la fiscal, que lo único que pudo hacer fue negociar las condiciones de su renuncia. Pidió ser ella la que lo anunciase y hacerlo con fecha 31 de diciembre. Hasta esa fecha estará de licencia. En 24 horas, además, tenía listo su trámite para la jubilación.
