viernes. 29.03.2024
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Hacía falta la vuelta de gobiernos progresistas para que el empleo volviera a ser también una preocupación de Estado. La ministra Yolanda Díaz lo ha estado demostrando hasta ahora y, también, donde hay que traducir las prioridades políticas, en los presupuestos.

El recorrido de los fondos estatales en los Presupuestos oscila en función de quien esté en el gobierno. La derecha pretende que el SEPE se financie exclusivamente con las cuotas de desempleo y formación y el Fondo Social Europeo. Ahora bien, está en contra de cualquier aumento de tipo de cotización.

Así, en el gobierno de Rajoy, hubo aportaciones estatales, pero solamente para enjugar el déficit del SEPE. Esta aportación fue disminuyendo hasta quedar en unos ridículos 55 millones de euros en 2018, el 0,2% del total.

PRESUPUESTOS MEDIOS ANUALES DEL SEPE POR ORIGEN DE LOS FONDOS

cuadro SEPE

FUENTE: Presupuestos Generales del Estado de Ingresos y Gastos. Elaboración propia. Miles de euros

Durante el gobierno de Rajoy se va supliendo la aportación de las cuotas de desempleo a las políticas activas con aportaciones de fondos estatales. Entre 2012 y 2016 el Estado aporta 1.182 millones de euros anuales a las políticas activas, (5.909 millones de euros en los cinco años) y 9.302 millones a las pasivas o prestaciones por desempleo (46.511 millones de euros en los cinco años).

Ya en 2017 desaparece la aportación estatal a la protección por desempleo. Una vez que el recorte de prestaciones da sus frutos, se produce un superávit de la cuota de desempleo que, aplicado a las políticas activas, permitirá eliminar la aportación estatal.

Por supuesto que esta eliminación se produce con una bajísima protección por desempleo. La tasa media de protección por paro (1) en los cuatro trimestres anteriores a la elaboración de los presupuestos de 2018 (3º de 2016 a 2º de 2017), era del 27,7%. Es decir, poco más de una de cada cuatro personas paradas estaba protegida. Pese a ello, se desvían 2.767 millones de euros de la cuota de desempleo a políticas activas, en vez de utilizarlos para aumentar la protección. Para hacernos una idea, con ese dinero 536.331 personas paradas podrían haber percibido un subsidio durante doce meses. Hay que tener en cuenta que más de tres millones de personas paradas no estaban protegidas en ese momento. Esta desviación de cuotas de desempleo es lo que permite eliminar las aportaciones del Estado a las políticas activas de empleo.

El primer presupuesto elaborado por el equipo de la Ministra Yolanda Díaz, deja claro cuál va a ser su línea de actuación: el problema del empleo es un problema del Estado y, por lo tanto, debe traducir su implicación en fondos para las políticas de empleo, activas y pasivas. En el presupuesto de 2021 se destina casi seis mil millones a esas políticas.

El esfuerzo que realiza el Ministerio de Trabajo y diferentes comunidades incorporando fondos para las políticas de empleo no puede ser boicoteado desde algunas comunidades que reclaman esos fondos y, luego, quedan sin ejecutar

Es realmente curioso la situación que se le produce a los gobiernos del PP en las diferentes comunidades autónomas. Por poner un ejemplo, veamos lo que ha pasado en Galicia. Feijoo y la Conselleira de Empleo han presumido de lo mucho que ha crecido el presupuesto de empleo en 2021.

En la presentación del mismo en Comisión, se le ha echado en cara que el crecimiento se debe en gran medida a la aportación de fondos estatales y, al mismo tiempo, ellos critican los presupuestos presentados en Madrid. La salida de la “Conselleira de Emprego” ha sido mentir: dice que lo que crece son cuotas, como si no supiera que en una crisis como la actual las cuotas no pueden crecer de esa manera. La mera voluntad política de invertir en políticas de empleo es algo que les supera. Simplemente la derecha no entiende que se pueda invertir en personas paradas.

El presupuesto de la Consellería ha crecido 96,9 millones. El 46% de ese crecimiento se debe a la aportación de los fondos finalistas del Estado y el 43% al Fondo Social Europeo. El esfuerzo presupuestario de Galicia ha sido mínimo.

Esta situación hace pensar en la necesidad de que se tenga en cuenta el esfuerzo presupuestario a la hora de repartir alguno de los fondos estatales, especialmente indicado parece el de Flexibilidad. Igualmente es necesario tener en cuenta los niveles de ejecución.

Por los datos de ejecución aportados por el Gobierno de la Xunta en el Parlamento, en Galicia entre 2016 y 2018 se ha dejado sin gastar 376 millones de euros en políticas activas de empleo, de los que 130 millones eran aportación del Estado. Ello supone que el 41% de los fondos destinados a políticas de empleo de tres años no se han gastado. Ya no solo es que sea minúsculo el esfuerzo presupuestario, es que, además, dos de cada cinco euros presupuestados no se gastan. Son estos datos de gestión algo a tener muy presente a la hora de repartir los fondos de políticas de empleo.

El Ministerio de Trabajo hace un importante esfuerzo para dotar las políticas activas de empleo con casi tres mil millones de euros de aportación estatal. No es de recibo que en diferentes comunidades dejen parte de esos fondos sin gastar. Habrá que establecer procedimientos que disminuyan el peso de una comunidad en la medida en que deje sin gastar un porcentaje importante de lo que le haya correspondido. No se trata solo que devuelva la cantidad no gastada, eso es lo mínimo exigible, sino también que se pondere negativamente su nivel de ejecución.

El esfuerzo que realiza el Ministerio de Trabajo y diferentes comunidades incorporando fondos para las políticas de empleo no puede ser boicoteado desde algunas comunidades que reclaman esos fondos y, luego, quedan sin ejecutar. Si celebramos el esfuerzo de la Ministra de Trabajo y de su equipo consiguiendo multiplicar por cien la aportación estatal, hay que establecer mecanismos para que no se pueda boicotear ese esfuerzo.


(1) La tasa de protección por paro se calcula en la EPA como el porcentaje de personas paradas protegidas sobre el total de personas paradas


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