Como ya hiciera en Andalucía solicitando los nombres de los funcionarios que evalúan la violencia de género, Vox pretende repetir la fórmula en Madrid ahora con el foco puesto en el colectivo LGTBI.
El partido de la ultraderecha se ha dado prisa en solicitar en la Asamblea de Madrid listas con nombres y apellidos de activistas LGTBI que han participado en acciones de formación y sensibilización en centros educativos de la región en una operación calificada por muchos como ‘caza de brujas’ y que podría acabar en los tribunales.
La primera voz de alarma ha surgido de COGAM, colectivo LGTB+ de Madrid, que en un comunicado ha calificado estos hechos de “persecución política” y de “criminalización” del colectivo que desconoce los motivos y la finalidad de la petición realizada por Vox sino es para “amedrentar” a los voluntarios que realizan labores de concienciación entre el alumnado madrileño.
COGAM insta a la Fiscalía a actuar de oficio “ante esta tropelía que se está cometiendo contra nuestro colectivo”
COGAM insta a la Fiscalía a actuar de oficio “ante esta tropelía que se está cometiendo contra nuestro colectivo” y dicen “no entender” cómo Ciudadanos y PP pueden sentarse en la misma mesa que Vox “siendo cómplices de esta actuación lamentable”.
Los responsables de COGAM apuntan a una posible vulneración la Ley de Protección de Datos: “No tenemos nada que ocultar, pero VOX solicita datos personales delictivamente saltándose la Ley”, ha señalado su presidenta Carmen García de Merlo.
Jesús M. Grande, vicepresidente de COGAM, afirma que “parece que VOX utiliza unos medios de propaganda totalitaria mezclada con el matiz español de tebeo de Ibáñez. Quieren polarizar a nuestra sociedad haciendo listados de personas que no opinan o sienten como ellos, como ya hicieron varios partidos totalitarios a lo largo de la historia y cuyas consecuencias son de sobra conocidas. Están haciendo persecución y criminalización de nuestro colectivo. Ayer fueron los colectivos feministas, hoy nosotrxs, ¿quién será mañana?”.
"Están haciendo persecución y criminalización de nuestro colectivo. Ayer fueron los colectivos feministas, hoy nosotrxs, ¿quién será mañana?”, se pregunta un miembro de COGAM
El colectivo recuerda que los contenidos de diversidad afectivo-sexual que llevan a los centros escolares “son obligatorios” y están establecidos como contenido transversal en la LOMCE, de acuerdo a los derechos del menor.
En 2018, los programas educativos de COGAM tuvieron 10.798 personas beneficiarias, todos menores y jóvenes de centros educativos de la Comunidad de Madrid o que participan en centros de intervención socio-educativa, así como familias, docentes y otros profesionales.
CCOO DE MADRID ANUNCIA ACCIONES LEGALES
CCOO de Madrid también ha anunciado posibles actuaciones legales si se atiende la petición del grupo de extrema derecha.
Según este sindicato, vulnera la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid y la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid.
CCOO de Madrid ha exigido, tanto a la Presidencia de la Asamblea de Madrid como a la Consejería de Educación, que dicha petición sea desestimada
Por ello, CCOO de Madrid ha exigido, tanto a la Presidencia de la Asamblea de Madrid como a la Consejería de Educación, que dicha petición sea desestimada y en caso de cesión, se incoe el correspondiente expediente sancionador, tal y como establecen las normativas reguladoras de los derechos de las personas LGBTI y contra la discriminación, vigentes en la Comunidad de Madrid.
Igualmente, este sindicato informa que de prosperar lo que ha denominado “petición incalificable”, tomará todas aquellas medidas legales para denunciar de forma inmediata la decisión de cesión de datos ante la Agencia española de Protección de datos y ante el Tribunal Constitucional. Además, prestará todo el apoyo necesario a las personas afectadas para que denuncien por la vía de amparo por violación de los derechos fundamentales.
