viernes 7/5/21
VIVIENDA

UGT exige una Ley Estatal de Vivienda que haga valer los derechos de la ciudadanía

•    UGT alerta que a partir del 9 de mayo decaerá la protección de las personas frente a los desahucios adoptada durante la pandemia. 

•    Advierte que la ONU ya condenó a España por vulnerar el derecho a una vivienda adecuada y digna. 

•    Al día han producido una media de 80 desahucios diarios en este país en 2020. Es intolerable y las medidas aprobadas por el Gobierno son insuficientes porque solo amparaban a personas afectadas por la crisis sanitaria, pero no resuelve el problema.

El RDL 37/2020, de 22 de diciembre, que introducía modificaciones que ampliaban la prohibición de ejecutar lanzamientos en un mayor número de hogares en situación de vulnerabilidad, tuvo un impacto positivo en el descenso de desahucios. Sin embargo, UGT alerta de que estas medidas caducan el 9 de mayo y reivindica que se apruebe una Ley Estatal de Vivienda con medidas que combatan este problema en todas sus perspectivas.

Para el sindicato es crucial limitar el precio máximo de los alquileres en zonas tensionadas para que no supongan más de un 30% de la renta media de los hogares. Esta regulación no es incompatible con el establecimiento de un parque público de viviendas y, de hecho, UGT urge a poner en marcha todos los instrumentos posibles para solucionar la emergencia habitacional. Sin embargo, denuncia que la opción de extender el programa de bonificaciones fiscales a propietarios supone una regresión, puesto que las arcas públicas dejarían de recaudar 1.039 millones anuales debido a que solamente un 6,8% de los propietarios se beneficiarían de las deducciones y a que la mayoría de ellos están ubicados en los tramos más altos de renta.

El sindicato recuerda que, junto a CCOO, ya había propuesto una Iniciativa Sindical por el Derecho a la Vivienda en febrero del año pasado. En ella se exponían medidas específicas para consolidar hasta 100 mil viviendas públicas de alquiler en un plazo de 4 años, contando con las pertenecientes a administraciones, empresas públicas o participadas por el sector público. Además, UGT incidía en que, para equipararnos la media europea, deberíamos contar al menos con 1 millón de viviendas públicas más.  

UGT condena que, pese a haber expuesto esta realidad, las estadísticas publicadas por el Consejo General del Poder Judicial hayan estipulado una media de 80 desahucios diarios (29.406 en total) a lo largo del 2020. De ellos, 21.145 se produjeron por impago de alquiler y 6.915 por ejecuciones hipotecarias. Para el sindicato esto es intolerable en un estado democrático y, además, pone de manifiesto la insuficiencia de las medidas aprobadas por el Gobierno, algo de lo que venía alertando desde la aprobación del primer Real Decreto-Ley el 31 de marzo. El sindicato también había criticado que las medidas estaban ignorando por completo las dificultades de muchos sectores de la ciudadanía que arrastraban problemas anteriores a la pandemia, pues solo amparaban a personas afectadas directamente por la crisis del COVID.


UGT exige una Ley Estatal de Vivienda que haga valer los derechos de la ciudadanía