La Sección Cuarta de la Sala III del Tribunal Supremo ha decidido este martes por unanimidad suspender cautelarmente la exhumación de los restos de Francisco Franco Bahamonde del Valle de los Caídos, que debía llevarse a cabo el 10 de junio a las 10 horas.
La razón en que descansa esa decisión, señala el Supremo, “es la de evitar el perjuicio que, de otro modo, se causaría a los recurrentes y, especialmente, a los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales, los cuales se verían gravemente afectados si, exhumados esos restos, se estimara el recurso y fuera preciso devolverlos al lugar en que se hallan”.
En el auto, el Supremo se refiere a Franco como "Jefe del Estado Español" en periodo de guerra civil: "El hecho de que fuera Jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta su fallecimiento el 20 de noviembre de 1975, atribuye a toda la controversia unos rasgos especiales que no se pueden ignorar y permiten atribuir un perjuicio irreversible a la ejecución de la decisión del Consejo de Ministros de exhumar sus restos si ésta, después, fuere considerada contraria a derecho", señala en la exposición de hechos.
“Que la decisión haya sido tomada por unanimidad explica perfectamente que en ciertos ámbitos de la política española todo sigue atado y bien atado”, denuncia la ARMH
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) lamenta que el Tribunal Supremo haya puesto la reclamación de la familia de Franco “por encima del derecho de las víctimas de la dictadura a no pagar con fondos públicos la tumba del dictador y a que no esté enterrado en un monumento que es propiedad del Estado en un lugar privilegiado del Patrimonio Nacional”.
En un comunicado, la ARMH considera que esta decisión “es totalmente coherente con la actitud del Poder Judicial español hacia las violaciones de derechos humanos del dictador puesto que nunca ha investigado judicial ni penalmente ninguno de sus crímenes ni ha tratado de determinar si la fortuna de sus descendientes es legítima y si forma parte de una apropiación indebida de bienes obtenidos por el abuso de poder de la dictadura, mediante el uso del terror y por la corrupción política que fue uno de los pilares centrales de la misma”.
“Que la decisión haya sido tomada por unanimidad explica perfectamente que en ciertos ámbitos de la política española todo sigue atado y bien atado”, denuncian.
La ARMH estudia la posibilidad que de llevar a cabo una exigencia judicial para que el Estado deje de obligar a las víctimas de la dictadura a pagar con sus impuestos la tumba del dictador o a financiar algunos monumentos que todavía enaltecen la victoria de Franco, de Hitler y de Mussolini tras el golpe de Estado el 18 de julio de 1936.
Por otra parte, la ARMH recuerda que se trata de una “suspensión cautelar de la democracia”, porque la salida de los restos de Franco del Valle de los Caídos ha sido un mandato aprobado en dos ocasiones por el Congreso de los Diputados.
