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La administración pública española se dispone a prestar la enésima ayuda pro domo BBVA como lleva haciendo desde hace treinta y un (31) años. Lo digo en letra y número para que no haya dudas del tiempo que dura este oprobio.
Esta vez le toca al Gobierno de España, como antes le tocó a las administraciones municipal, autonómica, judicial y, posiblemente, la eclesiástica por si podía conseguir la ayuda celestial a la tan alta tarea de que se forren los de siempre. Toda ayuda es poca.
Y no es que sea la primera vez que el Gobierno de España consume turno para llevar las andas de la Operación Chamartín. La adjudicación del concurso, las seis veces que han modificado el contrato inicial, sin nuevo concurso, y la infinidad de normas que han hecho a medida, incluida alguna ley de Cortes, son jalones de esa larga trayectoria de servil colaboración. Y, ello sin diferencia de colores partidarios. Aquí ha habido más colores que en el Pride Day.
Ahora toca resolver el fastidioso problema que pueden crear los herederos de los antiguos propietarios del suelo donde se van a erigir más de tropecientos mil metros cuadrados de oficinas, centros comerciales y viviendas. Es verdad que esos suelos se expropiaron para hacer instalaciones ferroviarias pero eran otros tiempos, cuando todavía no existían los business centers y esas cosas tan modernas que, como máquinas de engañar paletos, hay ahora.
Para resolver eso, va camino del Congreso de los Diputados un Anteproyecto de Ley que modifica el texto refundido de la actual Ley de Suelo. Y resulta que el texto que se ha conocido tiene un inconfundible aspecto de servir para resolver un par de asuntos muy concretos: anestesiar la acción pública en la tramitación del planeamiento y la expropiación de suelos con esos fines y, por supuesto, echar otra manita al BBVA en la solución de sus, teóricamente últimos, problemas aún pendientes para sacar adelante la Operación Chamartín.
Todavía no he leído un solo comentario a la Ley que rebata esa impresión y que coincida con la explicación de motivos del propio texto. Por cierto, este, consta de 18 páginas de las que 8, casi la mitad, corresponden a la explicación del texto legislativo que consta de un artículo único para modificar el RD 7/2015. En cambio, el RD modificado constaba de 56 páginas y solo empleaba media en su exposición de motivos. Viendo tanta explicación en el anteproyecto que ahora se presenta, recuerdo ese axioma de que, cuando un chiste necesita ser explicado, es que no tiene ninguna gracia. Quizás pase lo mismo con este anteproyecto, cosa que, estoy seguro, no compartirá la entidad bancaria beneficiaria del mismo.
Pero toda esa actividad de la administración da que pensar: haber modificado tanta norma como han modificado significa que la Operación Chamartín no cumplía con la legislación vigente y, por eso, han tenido que modificarla hasta que la cumpliera. Es como si Hermann Gessler, el malvado gobernador de Altdorf, hubiera colocado una manzana con la fecha ya clavada sobre la cabeza del hijo de Guillermo Tell cuando le obligó a que probara su puntería.
Me pregunto por qué emplear tanto tiempo y trabajo de funcionarios públicos en hacer que el BBVA obtenga unas importantes plusvalías en la Operación Chamartín. ¿Por qué no les dan directamente el dinero que esperan ganar y se dejan ya de retorcer normas para justificarlo?.
Es verdad que todo este esfuerzo legislativo, administrativo y judicial, da trabajo a muchos funcionarios públicos y, eso, es bueno. Pero también es verdad que todos esos funcionarios podrían estar dedicándose a otras cosas de utilidad pública e interés general y no solo en beneficio del promotor, privado, de la tal Operación.
En estos momentos es difícil ver motivos de utilidad pública en el hecho de que sea el BBVA quien desarrolle esa importante operación urbanística para Madrid
Porque, en estos momentos, es difícil ver motivos de utilidad pública en el hecho de que sea el BBVA quien desarrolle esa importante operación urbanística para Madrid. Y, eso, en la hipótesis de que sea necesaria, sobre todo en la forma en que está diseñada. Resulta sorprendente que un gobierno que ha anunciado otro gran desarrollo urbanístico en el sur de Madrid por ejecución pública, la Operación Campamento, haya firmado el último contrato con el BBVA para que sea este banco, a través de una filial, quien ejecute la Operación Chamartín.
Estas dos operaciones comparten ciertas características: ambas están en Madrid, ambas se desarrollan sobre suelo público y ambas llevan décadas esperando, como los personajes de Luigi Pirandello, un autor. Pero, también, tienen una enorme diferencia: el método previsto para la Operación Campamento, la iniciativa y promoción pública, ya se ensayó, hace más de treinta años en el Pasillo Verde Ferroviario, también en Madrid, y fue un éxito. En cambio, el método previsto para la Operación Chamartín, un encargo al BBVA para que la haga, lleva ese mismo tiempo fallando estrepitosamente. ¿Por qué se empeñan en seguir en el error?
Había, en principio, dos motivos para ese encargo a una entidad privada. Uno, que para renovar la estación de Chamartín, le era necesario a RENFE, ahora ADIF, el dinero que obtendría por la venta de los suelos, principal argumento que utilizó el consejo de administración de RENFE para promover el concurso correspondiente en 1993. Y otro, que la iniciativa privada era más eficaz que la iniciativa pública para llevar a cabo la actuación necesaria.
Pues bien, el primero de esos motivos se ha hecho irrelevante. La estación de Chamartín ya se está renovando, tres décadas después de que hubieran decidido que había que hacerlo, y se está financiando, como toda obra pública, con los recursos del Estado. Al igual que el Nudo Norte, otra de las actuaciones que parecía colgar de esa operación.
El segundo motivo, ese mantra universal de que la primacía de la eficacia la tiene el sector privado sobre el público, debería demostrarse con cualquier otro ejemplo que no sea este en el que esa iniciativa privada lleva más de tres décadas exhibiendo su ineficacia. Sobre todo, recordando que la iniciativa pública solo tardó siete años en inaugurar el ya citado Pasillo Verde Ferroviario.
Así pues, lléguese a un acuerdo con el BBVA para que cierre su filial e indemnícesele para que se pueda hacer, alguna vez, un desarrollo razonable y, sobre todo, que responda al interés general de la ciudad de Madrid.
No es difícil calcular el importe de esa indemnización ya que el socio minoritario, Constructora San José SA, vendió una parte de su participación a Merlin Properties Socimi SA multiplicando por siete (7) lo que había invertido. Y, eso, sin haber hecho nada sobre el terreno más que conseguir de la administración pública toda clase de favores. Por tanto, ya se puede establecer el precio de mercado de la cosa.
En efecto, si esa sociedad filial del BBVA que, en el momento de escribir estas líneas, se llama Crea Madrid Nuevo Norte SA, hasta ahora lleva invertidos unos 200 millones de euros (en realidad es un poco mas pero una cifra redonda sirve mejor para el cálculo) , esa indemnización ascendería a la modesta cifra de 1.400 millones de euros. Y, eso, sin negociar. A lo mejor, con un buen negociador, intermediario, relator o verificador, se podría conseguir una rebaja por pronto pago.
Seguramente a muchos les parecerá un disparate esta solución, pero, si comparamos esta cifra con los 24.000 millones que nos costó aquello de Caja Madrid-Bankia, la cosa cambia.
Por otra parte, si hay quien se ha forrado traficando con material sanitario mientras el Covid se estaba cobrando la vida de tantas personas, por qué no lo va a hacer un banco con el urbanismo madrileño. Al fin y al cabo, eso de ganar dinero es a lo que se dedican. ¿O no?
Jesús Espelosín, autor del libro 'Operación Chamartín'
