El sistema penitenciario es uno de los ámbitos, por sus características, públicos esenciales que menos ha sido visualizado en este periodo que nos ha tocado vivir. Un ámbito fundamental, que pocos conocen pero esencial pues es el mandatado constitucionalmente para la ejecución de las penas privativas de libertad, y con una importantísima afectación tanto en número de servidores públicos como en número de personas privadas de libertad que son responsabilidad de las administraciones correspondientes (Ministerio de Interior y Conselleria de Justícia para Catalunya pues servicios penitenciarios están transferidos).
Planteada esta idea inicial, se hace necesario realizar un breve recorrido por la realidad de este sistema.
El sistema penitenciario español ha evolucionado poco en 40 años de democracia y ha ido acumulando múltiples problemas por una gestión economicista del mismo, problemas que se han visto muy evidenciados y también agravados por la crisis que estamos viviendo.
La problemática concepción penitenciaria de macrocentros, las externalizaciones, las privatizaciones, y el déficit de plantillas, por otra parte, con una ratio de edad muy elevado son realidades conocidas y permanentemente ignoradas por las Administraciones
Los problemas han sido reiteradamente denunciados por la representación sociolaboral, en especial por CCOO, que lo ha realizado con gran rigor e intensidad, sin recurrir ni a lo morboso ni a lo anecdótico, realizando propuestas viables y fundamentadas a cada crítica, como corresponde a un sindicalismo confederal serio, de clase, cuyas propuestas van mucho más allá de lo coyuntural.
Durante mucho tiempo, ya anterior a la actual grave crisis sanitaria producida por el Covid-19, la realidad de los centros penitenciarios estaba marcada por constantes situaciones graves de altercados y agresiones al personal penitenciario, muy especialmente al personal de vigilancia. En este sentido, el sindicato ha realizado una dura crítica, basada en la evidencia, respecto a la dura situación que se vivía en los centros. Una crítica basada en datos y evidencias, y con propuestas realistas y directamente aplicables: incrementos de plantillas, mejoras de condiciones laborales, aplicación de la ley de prevención de riesgos...
Son tiempos muy duros, y el sindicato hace muy bien su encomienda de defensa del servicio público, pues la defensa de la seguridad y salud del personal penitenciario, es fundamental para poder mantener un servicio público democrático esencial que tiene encomendado importantes preceptos constitucionales.
Los servicios penitenciarios son servicios públicos esenciales que trabajan con y para la población reclusa, considerada especialmente vulnerable para sufrir patologías previas y inmunodeficiencia adquirida por el confinamiento. Parte de las y los profesionales que trabajan con ellos deben mantener un contacto estrecho y no siempre pueden mantener la distancia de seguridad preventiva, y no se dispone de Equipos de Protección Individual (EPI), una demanda que aún no ha sido adecuadamente atendida de los centros penitenciarios. Comisiones Obreras, y otras organizaciones sindicales, ha reiterado incansablemente que se considere a todo el personal que trabaja en las prisiones como personal de alto riesgo de exposición al Covid-19 y que tenga un acceso rápido a los test de detección. Debemos conocer lo más rápido posible el personal, pacientes e internos que están infectados para evitar la propagación de virus y que aparezcan brotes descontrolados en las cárceles. Esta política es la más eficiente en gestión de personal, la más segura y la más económica, cualquier otra consideración es una ruleta rusa.
Pero a esta situación, ya de por sí grave e irresoluta, se une la tensión que ha generado el estado de alarma, con importantes restricciones y confinamientos, progresiones de grados y traslados, que han generado gravísimos problemas en los centros penitenciarios. La suspensión de las comunicaciones con el exterior, y el confinamiento de personas fruto de exposiciones o contagios ha desatado la tensión de los internos, con situaciones altamente complicadas desde el punto de vista de la seguridad, en un medio que en circunstancias normales ya es complicado de gestionar.
CCOO, junto a otras opciones sindicales, ha liderado denuncias ante la Inspección de Trabajo y ante la Administración de Justicia para velar por la salud y seguridad de los trabajadores penitenciarios, con una actitud de profunda responsabilidad y compromiso, y también velando por los derechos fundamentales de la población reclusa, que no pueden verse mermados por la imprevisión de la administración. La acción sindical coordinada, intensa y de una altísima implicación y responsabilidad ha estado presente desde el primer momento, el dietario de informaciones a las plantillas así como comunicaciones y reclamaciones a la Administración no tiene antecedentes en la historia reciente del sindicalismo.
Los nuevos centros han de atender, las diferentes realidades penales para garantizar un mejor trabajo en aras de reducir situaciones de reincidencia
Damos, por tanto, una nota altísima a la acción sindical realizada y que realizan. Es lo que les corresponde, pero también es el momento de analizar aquellas concepciones del modelo de centros penitenciarios,e incluso las grandes líneas de política penitenciaria (con los matices que sea necesario realizar en función de la administración que se analice), que han agravado muchísimo situaciones como las descritas en los párrafos anteriores.
La problemática concepción penitenciaria de macrocentros, las externalizaciones, las privatizaciones, y el déficit de plantillas, por otra parte, con una ratio de edad muy elevado son realidades conocidas y permanentemente ignoradas, o abordadas con más publicidad que realidad, por las Administraciones. El macrocentro, significa ahorro presupuestario, sólo en su diseño y en personal (solo en el inicio pues la realidad hace que siempre se esté ante una falta considerable de personal), para posteriormente dilapidar este capital por la elevada conflictividad y el hacinamiento. Pero también entra en contradicción con el espíritu constitucional, pues difícilmente se puede realizar las tareas encomendadas, tanto de seguridad, como en el de la atención individualizada y el trabajo formativo y en favor de la reinserción y rehabilitación. Los macrocentros albergan módulos residenciales de un número muy importante de personas privadas de libertad con un nivel muy limitado de personal penitenciario para atender todas las situaciones que se puedan dar en dichos módulos. Esta situación genera altos niveles de ansiedad, facilitando situaciones conflictivas y de agresividad. Si a esto le añadimos temores, contagios, confinamientos, aislamiento del exterior… tenemos un verdadero polvorín que sufren tanto el conjunto del personal penitenciario como las personas privadas de libertad.
Por otra parte, estas instalaciones se encuentran ubicadas en zonas geográficas con dificultades en el transporte público, la gran mayoría alejados de zonas urbanas, lo que dificulta las comunicaciones de las familias, las salidas al exterior de las personas privadas en libertad en situación de permiso penitenciario, y el transporte del personal penitenciario. Es decir, son instalaciones poco sostenibles y que producen una gran externalización negativa para garantizar su funcionamiento, a costa de todos los operaciones y usuarios de la institución y de la propia comunidad y el medio ambiente.
A esto hay que añadir, que las grandes líneas de la política penitenciaria, están en entredicho, por diferentes motivos (problemas de falta de personal, condiciones laborales, falta de diferentes niveles de intervención) sobre los diferentes perfiles delictivos, y muy especialmente déficit en los procesos de reinserción que la legislación penitenciaria posibilita (con algunos matices en función de la Administración responsable).
Es hora, por tanto de analizar en profundidad esta situación, elaborar propuestas alternativas concretas, atendiendo a la realidad social y de la población privada de libertad, propuestas que han de discutirse y desarrollarse, pasada la grave crisis actual, y que podrían seguir las siguientes pautas:
Descongestión de los macrocentros. Nuevos centros, mucho más reducidos, más arraigados a la realidad social, con las ratios de personal suficiente para atender las obligaciones y preceptos legales, en todos los ámbitos. Esta idea necesita un gran acuerdo, social y político.
Incremento de centros abiertos o de inserción social, favorecedor del arraigo social y laboral, de las personas privadas de libertad en situación de tercer grado régimen abierto, revirtiendo por tanto a la gestión directa aquellas situaciones que hoy están gestionadas por diferentes entidades.
Un cambio de paradigma que potencie el régimen de autoresponsabilidad y semiabierto del cumplimiento de la condena en todos los casos en que sea posible.
Los nuevos centros han de atender, las diferentes realidades penales para garantizar un mejor trabajo en aras de reducir situaciones de reincidencia.
Gestión directa, por parte de las administraciones correspondientes, de aquellos servicios externalizados. Revertir a lo público, fruto de análisis y acuerdos, todo aquel servicio que pueda ser revertido.
Y por supuesto una política de personal que reconozca la singularidad del servicio público esencial que prestan, con una carrera profesional realista y que contemple la disponibilidad de una segunda actividad a partir de determinada edad, y por supuesto contemplando la voluntariedad de la jubilación anticipada para quienes deseen acogerse a esta opción.
Estos elementos han de ser analizados en mayor profundidad y no tan sólo en un artículo de opinión como éste que se deja muchísimas cosas en el tíntero. El debate es muy importante, pues debemos transformar la realidad penitenciaria, no sólo en términos sociolaborales, sino también como una institución de nuestra sociedad y en donde múltiples actores y operadores jurídicos y sociales tienen una responsabilidad y mucho que aportar.
Cuando hablemos, por tanto, de pactos, necesarios sin duda, se deberá plantear un importante acuerdo de salvaguarda y mejora de lo público como garantía de derechos de ciudadanía, y los servicios esenciales, tanto de los que aplaudimos cada día a las 20h, como de aquellos que son desconocidos, como es este caso; deben ser fruto de un importante acuerdo puesto que son básicos para la sociedad. Los servicios son básicos y los y las profesionales fundamentales.
