El 'Programa Común Progresista' presentado por Partido Socialista a fin de atraer a Unidas Podemos incluye algunas medidas relacionadas con la seguridad nacional e interior. Si bien, el programa se presenta como base de un posible acuerdo con UP y teniendo su naturaleza genérica, la realidad operativa se presenta mucho mas especifica.
La propuesta incluye la aprobación de una nueva Ley de seguridad ciudadana en sustitución a la Ley Organica 4/2015, conocida popularmente como ”Ley Mordaza” bajo la perspectiva de dotar de mayor garantías el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica.
Los últimos tres años han puesto de manifiesto el impulso del terrorismo de supremacista y/o de extrema derecha
Uno de los elementos más interesantes es sin duda, tal y como apunta el texto, “desde el respeto escrupuloso a la libertad de expresión e información” la elaboración de una Estrategia Nacional para la Lucha Contra la Desinformación que incluirá la elaboración de guías, mejores prácticas y cursos para combatir la desinformación en internet y redes sociales. Hablamos de Fakes News, pero sobre todo de injerencia en la soberanía.
A ello habrá de sumársele un Plan de Ciberseguridad y la creación Foro Nacional de Ciberseguridad, para el desarrollo tecnológico y la investigación, un Centro de Operaciones de Ciberseguridad y la potenciación de una oficina de coordinación cibernética entre la Policía Nacional y la Guardia Civil.
El programa también incluye elementos vinculados directos e indirectamente a la lucha contra el extremismo religioso pues se impulsara la aprobación de una Ley sobre Libertad de Conciencia favoreciendo el estudio de la incidencia de la intolerancia religiosa
Además de pretender la culminación de la equiparación salarial de Policía y Guardia Civil la idea pasa por hacer lo suyo con el resto de policías del Estado. Cuestión que se presenta bastante delicada. Ya una necesidad desde hace años, se propone establecer los criterios básicos para la coordinación de la actuación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil así como todo lo relacionado con los derechos laborales, escalas, categorías y distintivos comunes. Hemos de tener en cuenta, que todo lo relacionado con la Protección Civil, es materia de Seguridad Nacional, de hecho, la Estrategia Nacional de Protección Civil, fue aprobada recientemente por el Consejo de Seguridad Nacional.
El programa también incluye elementos vinculados directos e indirectamente a la lucha contra el extremismo religioso pues se impulsara la aprobación de una Ley sobre Libertad de Conciencia favoreciendo el estudio de la incidencia de la intolerancia religiosa, así como un seguimiento de su evolución, estableciendo medidas para su prevención y erradicación. Se pretende impedirla segregación educativa por razón de sexo en los centros sostenidos con fondos públicos, mediante las modificaciones normativas que sean necesarias. Muchas comunidades religiosas poseen escuelas de enseñanza que regladas o no reciben fondos públicos. El programa propone incorporar dentro del ordenamiento jurídico lo dispuesto en el Convenio de Estambul para prevenir y erradicar todas las formas de violencia que sufren las mujeres, más allá de la violencia de la pareja o expareja, dotando de no pocas oportunidades en materia de lucha contra la discriminación en el seno de comunidades religiosas de signo extremista.
Además de estas comunidades, vitales dentro del ecosistema del yihadismo, los últimos tres años han puesto de manifiesto el impulso del terrorismo de supremacista y/o de extrema derecha. Los sucesivos atentados tanto en Alemania, Italia, Reino Unido, Noruega, EEUU, Canada y Austria, unidos a un sinfín de agresiones y ataques, de carácter antisemita, contra la comunidad musulmana y colectivos LGTB hace necesario y asi lo recoge el Programa, el desarrollo del Plan de Acción contra los Delitos de Odio y procurar la aplicación efectiva de la Ley del Estatuto de la Víctima a fin de garantiza la atención integral y especializada a las víctimas. Hemos de recordad que el odio y sus variantes juegan un papel esencial dentro de la radicalización y el extremismo, tanto político como religioso. De hecho es la Secretaria de Estado de Seguridad la creo en enero del pasado año por instrucción número 1/2018 la Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio.
En cuanto al hecho terrorista, indudablemente relacionado con el delito de odio, se pretenden introducir cambios en la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo con la idea de avanzar en la asistencia integral a las víctimas del terrorismo y a sus familias. Pese a que un programa común para un acuerdo de gobernanza progresista necesite un tratamiento más general que especifico, es evidente que independientemente de si hay un acuerdo o no, aquellas materias relacionadas con la Seguridad Nacional necesitan algunos cambios. Uno de ellos, centrándonos en materia anti terrorista pese a los esfuerzos en la publicación de la Estrategia Nacional Contra el Terrorismo, es el desarrollo de un nuevo Plan Nacional de Lucha Contra la Radicalización PEN-LCRV con mayor concreción y transparencia. Parece necesaria su actualización en función del las lecciones aprendidas, el ejemplo de otros países del entorno y las nuevas amenazas como el extremismo político y el terrorismo supremacista. Es probable que ello redunde de manera positiva tanto en su desarrollo como en su implantación efectiva, cuestión que debiera de tener presente, el futuro órgano de dirección del Ministerio del Interior.
