El gobierno bipartito (PSdG-BNG) apoyó con firmeza la Sanidad Pública en Galicia. Durante su mandato (2005-2009) fortaleció la red hospitalaria, integró todas las Fundaciones Sanitarias (que estaban en quiebra) en la red del Sergas, impulsó la Atención Primaria, aumentó los presupuestos y mejoró las condiciones laborales de sus trabajadores. Pero le faltó tiempo para completar la tarea. Ni siquiera pudo iniciar la construcción del nuevo hospital de Vigo -que ya tenía proyecto y financiación aprobados-.
En las elecciones de marzo de 2009 –después de una campaña electoral bronca y tramposa- el PP recuperó el poder. Núñez Feijóo se convirtió en presidente de la Xunta y encadenó tres mandatos sucesivos (2009, 2012 y 2016). En estos años la Sanidad Pública gallega se vio sometida a un ataque programado desde el propio poder que provocó un severo deterioro en las condiciones de trabajo y en la calidad asistencial, reiteradamente denunciado por los propios trabajadores y por las organizaciones profesionales y sindicales. Núñez Feijóo no es un novato en estas tareas. Es un experto y convencido privatizador con una trayectoria que lo avala. Fue a mano derecha de Romay para impulsar las Fundaciones Sanitarias en Galicia (con funestos resultados) y fue también el brazo ejecutor de la privatización de Correos (dirigió dicha entidad de 2000 a 2003). Se designa a sí mismo como defensor de la Sanidad Pública, mientras impulsa medidas dirigidas a todo lo contrario –esta forma de actuar es muy habitual en el PP-. Lo cierto es que este partido en Galicia tiene una agenda oculta (igual que Rajoy cuando ocupó el poder en Madrid en 2012) orientada a deteriorar los servicios públicos y a utilizar los presupuestos para generar áreas de negocio, de los que se benefician empresas próximas y los grandes grupos de la sanidad privada.
Haremos a continuación, en diez puntos, un breve repaso de las actuaciones realizadas por el gobierno del PP sobre la Sanidad Pública en Galicia. Después veremos cuales podrán ser las intervenciones a llevar a cabo para recuperar una sanidad fuerte y restaurar el daño causado, en el supuesto de que las fuerzas progresistas puedan formar gobierno y dar por finalizada la etapa de Núñez Feijóo. Cuando llegó al poder en 2009 el PP ya había elaborado un plan para convertir la sanidad en una mercancía. Más tarde, el RD 16/2012, publicado en el BOE en abril –poco después de ganar Rajoy las elecciones en el Estado- le dio alas al gobierno autonómico para profundizar en las privatizaciones. Pero ya en los primeros días de ocupar el poder tomó dos decisiones de enorme importancia: frenó la implantación del Plan de Mejora de Atención Primaria (AP), que tenía presupuesto previsto para aumentar la calidad en este nivel asistencial en los siguientes años, y derribó el proyecto del nuevo hospital público de Vigo para substituirlo por otro siguiendo el modelo PFI, que ya había impuesto el PP en Valencia y Madrid. Después revisaremos la importancia de estas decisiones. Porque de inmediato comenzó a “externalizar”.
1. Las “externalizaciones”
En una entrevista aseguró, en los inicios de su mandado, que era partidario de privatizar “todo lo que no sea él núcleo duro del sistema sanitario”. Se entregó a la tarea desde el primer momento . Comenzó por los servicios de apoyo: la historia clínica, la receta electrónica, la central de llamadas, las telecomunicaciones, los servicios de catering, la limpieza y la energía, el mantenimiento de los equipos, el almacenamiento y distribución de material sanitario: todas estas parcelas pasaron a manos privadas en poco tiempo. Continuó con la entrega a empresas privadas de la gestión del alta tecnología, el laboratorio central de Galicia, la investigación clínica y las contrataciones públicas del Sergas. Resulta muy relevante que se entregue a empresas privadas la información privilegiada de los servicios estratégicos del sistema y de los propios pacientes. La Administración pierde el control y queda como rehén de estas empresas que son las que controlan y utilizan los datos sensibles de la sanidad. Incluso hicieron el intento de privatizar la esterilización de los centros sanitarios: en enero de 2014 publicaron en el DOUE (Diario Oficial de la Unión Europea), el anuncio de un concurso para la privatización de este servicio. El grave peligro que entraña una medida de este tipo y la reacción de los actuales responsables hizo que no fuera implementada, por el momento. También tienen en la recámara el proyecto de las Unidades de Gestión Clínica: la respuesta de los profesionales hizo que se detuviera esta medida , que significaría privatizar –en contra del afirmado por Núñez Feijóo- la propia actividad sanitaria, lo que denominó “núcleo duro” del sistema.
2. Recorte de presupuestos y reducción de personal y camas hospitalarias
Durante sus mandatos el Sergas recortó el presupuesto en más de 1.000 millones de euros (una reducción del 18% respecto al de 2009). Mientras tanto la sanidad privada creció de forma imparable: ahora ya realiza el 25% de la atención hospitalaria de la CCA. Esto tuvo como consecuencia la supresión de más de 500 plazas de personal médico, 184 de enfermería y 1.121 en todas las categorías, así como el cierre de camas. El número de camas hospitalarias en los establecimientos sanitarios del Sergas viene reduciéndose desde el regreso del PP al poder en 2009. De las 9.863 camas que ese año había en funcionamiento, se pasó a 9.126, un descenso de 737. El número total de camas instaladas también se recortó, pero algo menos (575). El número de camas en funcionamiento por cada mil habitantes se redujo de las 3,6 a las 3,34, lejos de los estándares europeos (alrededor de 5 camas por cada mil habitantes). Un país envejecido y con pacientes pluripatológicos, que precisan ingresos hospitalarios reiterados, no permite reducir las camas hospitalarias, por mucho que ahora se hagan más cirugías sin ingreso o de corta estancia.
3. La desactivación de la Atención Primaria
Los sistemas sanitarios organizados en dos niveles asistenciales son los más eficientes y los que más aportan a la salud de la población. Un sistema sanitario “fuerte” precisa una AP “te fuere” (Barbara Starfield). La AP debe ser el elemento central que asuma la coordinación de los procesos asistenciales y, para eso, tiene que contar con profesionales formados y con medios suficientes que permitan resolver más del 80% de los problemas de salud. Con ese diseño se fue construyendo, en los últimos 35 años, un SNS que, pese a todos los ataques, conserva un nivel de calidad más que aceptable. La AP fue degradada por los gobiernos del PP en diversos territorios del Estado. Dieron preferencia al nivel hospitalario, más favorable para los negocios privados.
En Galicia, desde que gobierna Núñez Feijóo, el nivel asistencial más perjudicado fue la AP, que vio recortado su presupuesto de forma radical. En 2019 representó el 12.5% del gasto sanitario total (190 millones menos que en 2009). En AP, además de suspender la aplicación del Plan de Mejora, Núñez Feijóo también suprimió las Gerencias de AP (que tenían su presupuesto y capacidad de decisión propia); fueron fagocitadas por una gerencia única hospitalaria ( EOXI), de tal forma que el primer nivel asistencial perdió autonomía de gestión y pasó a ser un apéndice menor de los grandes hospitales.
La sobrecarga asistencial en los Centros de Salud, así como la ausencia de pediatras y el cierre de consultorios rurales, son una consecuencia directa de los recortes. No hubo convocatorias de plazas para AP y otras fueron amortizadas. Los contratos eventuales del personal son cada vez más precarios y degradantes. Todo esto generó una enorme indignación entre los profesionales, que se sienten castigados por este gobierno. En 2019 hubo una tensa conflictividad; huelgas, manifestaciones, concentraciones y protestas de diverso formato con las que se reclamaba la restauración de la dignidad de la AP. La protesta de los trabajadores de los PACs, la movilización de profesionales precarios, la dimisión en masa de los jefes de servicio de AP de Vigo: todas estas son expresiones del malestar profesional. El gobierno respondió a estas protestas y presentó un modelo de contrato para los eventuales que solo valía para “estabilizar” y mantener la precariedad. El reclamo no sirvió para nada. Los profesionales no firmaron la propuesta.
En abril de 2019 se convocó una huelga en AP, que preveía tener un amplio seguimiento. Fue desconvocada, con el desacuerdo de muchos profesionales, después de llegar los convocantes a un acuerdo con la Consellería para constituir un “Consejo Técnico de AP” con la misión de elaborar y proponer estrategias para un nuevo modelo de AP en Galicia. Más de doscientos profesionales trabajaron durante meses en quince comisiones. A mediados de noviembre a Consellería hizo público un documento (“Por una AP vertebradora del sistema de salud”) elaborado por una consultora externa, mientras los integrantes del Consejo Técnico seguían con sus trabajos, desconocedores de esta iniciativa. Una muestra más de la forma de proceder de la Consellería. Hubo un gran descontento en los profesionales que prepararon nuevas movilizaciones. Pero llegó el coronavirus y todo cambió.
4. El ataque a los hospitales comarcales. El conflicto de Verín
Con la Ley de Salud rebajaron las Áreas Sanitarias de once a siete (suprimieron las áreas de Salnés, Verín, Burela y Barco de Valdeorras); los hospitales comarcales perdieron capacidad de gestión y pasaron a depender de los centros de referencia. La estrategia pasa por concentrar el poder de decisión y la capacidad de gasto en los gerentes de los grandes hospitales, que son personas próximas al PP. Desmontan las XAP y los hospitales comarcales para concentrar el poder en los grandes hospitales, donde las posibilidad de generar espacios de negocio para empresas externas es mayor.
Mientras hablan de fijar la población en el territorio y favorecer la vida en el rural, toman decisiones que provocan todo lo contrario. La reducción de servicios educativos y sanitarios provoca la huida de la población a zonas donde puedan acceder a los mismos. La pérdida de autonomía de los comarcales favorece actuaciones como el cierre, a primeros de diciembre de 2019, del paritorio y el servicio de urgencias pediátricas en el Hospital de Verín, lo que provocó una gran indignación de la población. La extraordinaria movilización de las gentes de la comarca (con la consigna Verín no se cierra) hizo dar marcha atrás en la decisión, aunque de forma condicionada (y posiblemente temporal: después de las elecciones puede que cambien de idea, si continúan en el poder). Esta decisión política tiene una lectura muy clara: este gobierno apuesta por los grandes hospitales y la alta tecnología –donde hay espacios abiertos a los negocios-, y no se preocupa por la atención próxima a las personas –que favorezca la vida en el territorio-. El derecho a la atención sanitaria queda anulado: la salud se convierte en una mercancía.
5. La derivación a los hospitales privados, la Ley de Garantías y el Acuerdo Marco
El 25% de la atención sanitaria ya se realiza en hospitales y centros privados. La derivación de pacientes a la privada entre 2005 y 2015 se multiplicó por tres y sigue aumentando. La actividad concertada (servicios realizados por centros privados a pacientes derivados desde el Sergas) representa el 80% de la actividad total de los hospitales privados: el Sergas destina más de 260 millones al año para pagar esta actividad de los centros privados. Todo eso sucede a pesar de que el Consejo de Cuentas de Galicia ha advertido de que la concertación es más costosa que la atención realizada con medios propios. Esta situación atrae a las grandes empresas del sector que están adquiriendo hospitales en Galicia, ya que ven una posibilidad segura de negocio (Grupo Quirón, Grupo HM- Hospitales, Farmacéutica Almirall).
El gobierno de Núñez Feijóo legisló para favorecer los intereses de los centros privados; publicó a finales de 2017 una norma tramposa, el “Decreto de tiempos máximos de espera”, que debería servir para garantizar el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en un plazo razonable en el sistema público. Pero, por el contrario, lo que realmente garantiza es la derivación masiva de pacientes a centros privados y el castigo de los que no acepten tal derivación, mediante la supresión del derecho contemplado en esta ley. Los pacientes llamados para recibir atención sanitaria en un centro privado que no acepten la derivación quedan sin el derecho a ser atendidos. Esperarán sin fecha y sin poder reclamar. Así lo establece, de forma obscena, la Instrucción 1/2018. De este modo los centros privados ven asegurado el negocio e incrementan de forma notable la actividad derivada del Sergas.
En el mismo contexto podemos señalar que el Hospital de A Coruña haya firmado, en 2018, un Acuerdo Marco con los hospitales privados de la ciudad, por un montante total de casi 100 millones de euros, para realizar actividad concertada en los siguientes cuatro años. El acuerdo incluye actividad asistencial, quirúrgica, pruebas complementarias y también a hemodiálisis. Los centros beneficiados por este Acuerdo Marco son el Hospital San Rafael, Hospital Modelo y el Hospital Quirón. Esto permite a los hospitales privados dimensionar sus plantillas y aumentar su actividad, pues garantizan la derivación de pacientes del Sergas. Con estas medidas el presupuesto sanitario es desviado a los centros privados, mientras los públicos están siendo descapitalizados y privados de medios y personal.
6. El deterioro de la atención a la salud mental
En Galicia se da un elevado consumo de ansiolíticos y antidepresivos y tiene una alta tasa de suicidios. Los problemas de salud mental tienen una elevada prevalencia en la población, pero los servicios sanitarios públicos ofrecen una respuesta insuficiente. Cuando el PP tomó el poder en 2009 eliminó el Plan Estratégico en Salud Mental, elaborado por el gobierno progresista, y no presentó ninguna alternativa. Galicia tiene la mitad de los recursos recomendados hace veinte años. De los 1.500 profesionales que recomendaba el citado Plan solo hay 950. Y no solo se precisa aumentar la dotación de psiquiatras sino también de psicólogos clínicos, enfermería especializada, terapia ocupacional y trabajo social.
Los servicios y las consultas están colapsados, con más de 8000 pacientes en lista de espera de Psiquiatría. La falta de atención a los trastornos infantiles y juveniles es especialmente grave: solo hay una unidad de hospitalización, con siete camas, en toda Galicia.
7. La privatización de la inteligencia y de la tecnología en el Sistema Sanitario
La investigación y la innovación tecnológica están controladas por la industria sanitaria, por los laboratorios farmacéuticos y por la banca, que participan en organismos públicos y controlan las actividades que llevan a cabo: la “Agencia de Docencia, Formación, Investigación, Innovación y Evaluación de Tecnologías y Servicios Sanitarios” y la “Agencia Gallega de Sangre y Tejidos”. Esto permite a multinacionales, fondos de inversión y empresas financieras influir y controlar la investigación, la evaluación de tecnologías, la formación de los profesionales sanitarios y de los directivos, las donaciones de sangre y tejidos y la coordinación de trasplantes de órganos.
El “Instituto de Investigación Sanitaria” es una estructura organizativa para la promoción y el desarrollo de la investigación en los hospitales. Engloba a las fundaciones de investigación hospitalarias con el objetivo de promover la investigación y la innovación, para patentar los resultados de la misma. Como consecuencia los ensayos clínicos, los biobancos de tejidos y la genómica están gestionados por la fórmula de colaboración público-privada con la participación de empresas multinacionales, grupos de capital riesgo y fondos de inversión.
El Sergas también emplea en este ámbito dos fórmulas “curiosas” en su relación con el mundo empresarial. La “compra publica innovadora” y la figura del “socio comercial” sirven, en teoría, para impulsar la innovación empresarial privada con fondos públicos. Pero lo cierto es que con estos instrumentos el Sergas financia la investigación, pero tiene que pagar las patentes resultantes de la misma (a las empresas que la realizan con fondos públicos). El Sergas renuncia a controlar la investigación y beneficia al sector privado, que recibe fondos, utiliza los centros sanitarios, a los profesionales e incluso a los enfermos para sus investigaciones. La Ley de Racionalización del Sector Público de 2014 legalizó el patrocinio privado de todos los servicios del Sergas.
En 2016 Núñez Feijóo cedió los servicios de Cardiología de cuatro hospitales (A Coruña, Santiago, Vigo y Lugo) a la multinacional norteamericana Medtronic, por medio de un convenio secreto del que se desconocen los principales términos y que permite a la compañía instalarse, controlar y testar sus productos en las áreas médicas de los citados hospitales. La Xunta de Galicia ocultó durante meses esos acuerdos. Para la Asociación de Pacientes del CHUS, que logró acceder a la documentación, después de un año de reclamaciones, el convenio del Sergas con Medtronic “constituye una intervención del sector privado en la sanidad pública contraria al interés general”. Medtronic tiene una oscura historia, y numerosas demandas judiciales, por su agresividad empresarial.
8. El concierto singular con Povisa
El hospital privado Povisa está integrado en la red asistencial del Sergas y tiene asignada una población de 140.000 habitantes (parte de la ciudad de Vigo y la península del Morrazo). Durante el mandato de Núñez Feijóo la relación de Povisa con el Sergas fue muy intensa. Funcionó la puerta giratoria, que llevó a Rocío Mosquera desde un cargo en la empresa a la Gerencia del Sergas (2009-2012). Fue ella quien negoció la renovación del concierto singular, que mejoró sustancialmente. Supera ya los 80 millones de euros anuales, a pesar de que dedica menos recursos y servicios que los centros públicos para atender a los pacientes del Sergas. Su gestión tiene una total falta de transparencia (Consejo de Cuentas) y presenta la mayor lista de espera quirúrgica de Galicia.
Pese a todas estas circunstancias Povisa recibe siempre un trato de favor. La planificación del Sergas casi siempre se hizo teniendo en cuenta los intereses de este hospital. Así fue que al nuevo hospital de Vigo (proyectado por el gobierno progresista) le recortaron 400 camas de las 1470 previstas, justo las mismas (405) que ahora tiene concertadas Povisa con el Sergas. De este modo este hospital sigue siendo necesario para atender a toda la población de la comarca, y el Sergas no puede prescindir de sus servicios.
El hospital Povisa fue, en los últimos años, propiedad de la familia Silveira (que controla Remolcanosa, Elcano y un grupo de navieras repartidas por plazas "off shore") acaba de ser comprado por la empresa Ribera Salud -la que nació en Valencia para gestionar el fracasado hospital de Alzira, pero que hoy pertenece a la aseguradora estadounidense Centene-. De este modo los dos hospitales de Vigo están en manos privadas y el Sergas es rehén de estas empresas.
9. El Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo
El gobierno progresista tenía –en el año 2009- aprobada y presupuestada la construcción de un hospital 100% público (que costaría 400 millones de euros, frente a los 1300 presupuestados para el actual, y que estaría finalizado en 2013, y quedaría bajo dominio de la propia Administración sanitaria y sin hipoteca (el canon anual que tendrá que pagar la Xunta a la empresa adjudicataria durante 20 años). Hubo numerosas irregularidades durante la construcción del edificio y las deficiencias conocidas son múltiples. La privatización del nuevo hospital la realizaron en dos zancadas: primero procedieron a la asignación de la financiación, construcción, gestión y explotación de las áreas no sanitarias (incluido el aparcamiento) a una Unión Temporal de Empresas (UTE) liderada por Acciona, por medio de la figura de Concesión de Obra Pública. En segundo lugar procedieron a la modificación del proyecto inicial, en el que redujeron los recursos previstos para abaratar la obra, pero manteniendo el canon de 72 millones de euros anuales previstos en el contrato. Esa es la hipoteca que habrá que pagar hasta el año 2035. El canon del HAC representa el 35% de las inversiones de la Xunta en Vigo; el HAC será objeto de la mayor partida presupuestaria del Sergas durante los próximos 20 años.
Los recortes introducidos en el proyecto son notables: un 32% en las camas de hospitalización (alrededor de 400 menos) y en los quirófanos, redujeron un 50% el Servicio de Urgencias, anularon el Laboratorio Central (favoreciendo la Unilabs, empresa que gestiona el Laboratorio Central de Galicia –y también lo de Madrid-) y suprimieron edificios (docencia, investigación y hospital de pacientes); también alteraron la calidad de los materiales y de la equipación previstos. Las consecuencias de estos recortes son graves: la ostensible merma de la oferta hospitalaria hace que el HAC no sea capaz de dar respuesta a las necesidades sanitarias de la comarca, la sanidad pública queda oprimida con una gran hipoteca y, además, la Administración pierde el control de la sanidad en el área, que pasa a ser dominada por la empresa concesionaria del HAC y por Povisa, que permanece como hospital de referencia para una parte importante de la población. La sanidad pública queda secuestrada por estas empresas: prevalece el negocio por encima de las necesidades de la gente.
10. El coronavirus en Galicia. Las residencias de ancianos
A mediados de marzo el gobierno decretó el estado de alarma para hacer frente a la extensión del coronavirus. Las calles quedaron vacías y nuestras vidas mudaron de repente. Comenzó un largo confinamiento que alimentó el pánico de mucha gente. Los servicios sanitarios tuvieron que afrontar una lucha desigual para frenar la extensión del Covid-19. Hubo falta de medios para atender a los pacientes y para proteger a los profesionales. Muchos de ellos llegaron a infectarse por el virus. Los recortes que sufrió la sanidad y el abandono de la Salud Pública y de los servicios de vigilancia epidemiológica crearon una situación de auténtica indefensión.
Pero la extensión del virus en Galicia fue menor que en otras comunidades. Somos un territorio lejano, con la población dispersa y con escasa llegada de personas de otra procedencia. La seroprevalencia del virus en la población general está por debajo del dos por ciento. Pero hubo un ámbito donde el coronavirus afectó de forma severa provocando una elevada mortalidad: en las Residencias de Ancianos. En Galicia fallecieron en estas instituciones 271 personas (132 en la propia residencia, sin ingreso hospitalario) y hubo muchos cuidadores afectados. Eso representa el 45% del total de muertes en la CCAA. Las políticas impuestas en los últimos años tienen una relación directa con esta elevada mortandad.
La entrega de las Residencias de Ancianos a manos privadas y amigas es el antecedente necesario para que esta epidemia provocara una mortalidad tan elevada. Núñez Feijóo favoreció la privatización de las residencias y la Xunta hizo una total dejación de funciones en el control de la calidad de atención prestada (Consejo de Cuentas). La gran mayoría de los fallecidos estaban en residencias privadas, sobre todo en las gestionadas por DomusVi y por la Fundación San Rosendo. DomusVi es la mayor red privada de Residencias de Ancianos de España; su CEO es Josefina Fernández , persona próxima al PP que a finales de 2019 recibió un premio Galicia Global de manos del conselleiro de Economía. La Fundación San Rosendo está presidida por Benigno Moure , un cura –amigo de Fraga, distinguido con una medalla Castelao- que fue condenado en 2008 a cinco años de cárcel por robar 600 millones de euros la una mujer demenciada. En esas manos está la atención de nuestros mayores.
Cuando se tomaron estas decisiones hubo grupos que vieron una oportunidad de lucro. Con-virtieron la atención a los mayores y dependientes en negocios que cotizan en bolsa. La prestación del servicio estaba basada en conseguir el máximo beneficio mediante lo recorte de medios, de personal y la precarización de la atención. Cuando el coronavirus comenzó a afectar a las residencias a carencia de recursos para afrontarlo fue alarmante. Hubo mayores que murieron en soledad y sin poder ser despedidos por los suyos. El Sergas estableció en un protocolo que las personas con dependencia severa no fueran trasladados a las unidades de hospitalización y que quedaran aislados en su centro residencial. Las familias afectadas ya acudieron al juzgado. Aunque Núñez Feijóo afirma que dejar a los dependientes en las residencias, y no hospitalizarlos, fue decisión de los médicos y no de la Xunta, lo cierto es que era una instrucción de la Consellería de Sanidad. Pretende aparecer ante la opinión pública como el héroe que paró el coronavirus. Algunas decisiones suyas contribuyeron a todo el contrario.
Este es el relato de la actividad desarrollada durante la última década, desde el propio poder, para desmantelar la Sanidad Pública gallega. Podríamos hablar también del ocultamiento y maquillaje de las listas de espera, de la drástica reducción del proyecto de hospital de Pontevedra, de la merma de recursos para los Programas de la Mujer, del deterioro de la atención a las drogodependencias, de los recortes y privatizaciones de los servicios de ambulancias y de la supresión de la participación comunitaria introducida en la nueva Ley Gallega de Salud. Las modificaciones realizadas son profundos y difícilmente reversibles; si en las próximas elecciones se produce un cambio político la recuperación de la sanidad pública deberá ser una de las prioridades del próximo gobierno. No será fácil, y habrá que establecer un programa de actuación para restaurar el daño causado. Apuntamos a continuación un breve guión de las posibles actuaciones para cambiar el rumbo de la sanidad en este país.
1.-Revisar todas las “externalizaciones” realizadas y establecer un calendario para recuperar progresivamente el control público de las mismas.
2.-Aumentar progresivamente el presupuesto sanitario e incrementar la dotación de personal y de camas hospitalarias.
3.-Recuperar las Gerencias de Atención Primaria, dotarlas de medios y recursos propios y aumentar progresivamente la dotación presupuestaria (hasta llegar al 25% del presupuesto sanitario que aconsejan los expertos). Diseñar un nuevo Plan de Mejora para restaurar la dignidad y la capacidad de resolución de la AP.
4.-Modificar la Ley de Salud de Galicia y recuperar las once Áreas Sanitarias, dotando a los hospitales comarcales de recursos para mejorar su calidad asistencial.
5.-Modificar la Ley de garantías y suspender la Instrucción 1/2018 que facilita la derivación de pacientes a los hospitales privados. Suspender el Acuerdo Marco firmado con los hospitales privados de A Coruña. Aumentar la actividad asistencial en los centros propios para reducir el más posible las derivaciones, hasta que los centros concertados sean complementarios y subsidiarios y no integrantes de la red asistencial.
6.-Recuperar y reactivar el Plan Estratégico en Salud Mental y aumentar los recursos materiales y humanos para poder realizar una atención psiquiátrica y psicológica de calidad.
7.-Recuperar el control público de todos los institutos y servicios dedicados a la investigación y a la innovación y ponerlos al servicio de la sanidad pública y de los pacientes. Restaurar también lo con- trol de la innovación tecnológica.
8.-Revisar el concierto singular con el hospital Povisa de Vigo y hacer un seguimiento exhaustivo de su actividad asistencial en relación con la población asignada por el Sergas. Establecer un plan a largo plazo para poder atender con medios propios del Sergas a los pacientes de Povisa.
9.- Revertir a la gestión pública el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo (tal como se hizo en Valencia con el hospital de Alzira). Aumentar el número de camas del hospital y dotarlo de los medios que fo- ron sustraídos del proyecto del gobierno progresista. Establecer un plan a largo plazo para poder asumir la atención de la población actualmente asignada al hospital Povisa.
10.-Fortalecer la Salud Pública y los servicios de vigilancia epidemiológica, aumentar la dotación para la investigación en virología y dolencias infecciosas, establecer un Plan Estratégico para lo afrontamento de posibles pandemias en el futuro, y recuperar para dominio público las Residencias de Mayores privatizadas. Exigir responsabilidades políticas y judiciales a todas las personas y entidades relacionadas con la gestión de las residencias y con la elevada mortalidad sucedida durante la pandemia del Covid-19.
Pablo Vaamonde (Médico de familia. A Coruña)
Manuel Martín (presidente de la FADSP)
Artículo publicado en gallego en la revista "Tiempos Novos" (Julio 2020)
