Como ocurre en la mayoría de los servicios públicos, la herencia dejada por la política de recortes, en Madrid especialmente dura, ha configurado un panorama de servicios debilitados, incapaces de hacer frente con agilidad a las necesidades que acarrea la defensa frente a la pandemia.
Las 25 residencias públicas de Madrid dirigidas directamente por la Agencia Madrileña de Atención Social, según fuentes sindicales, a fines de 2019, tenían vacantes 215 plazas, correspondientes a todas las categorías de personal, incluyendo enfermeras y auxiliares de enfermería.
Los fallecimientos que ha habido o que se han producido hasta el viernes 27 de marzo son 1.101, de los cuales, 168 se han dado en las públicas, 632 en las privadas-concertadas y 301 en las residencias privadas
No faltan en las residencias las reclamaciones por no cubrir los días de descanso y vacaciones del personal, incluso hay casos de no cubrir los meses de vacaciones del personal médico.
La combinación de los recortes sufridos, la rutinaria falta de personal y la dejadez administrativa, cuando ha llagado la pandemia ha creado un descontrol que ha elevado el número de muertos en las residencias de la Comunidad a más de mil y tiene a miles de ancianos aislados y desconectados de sus familias.
La incidencia de la pandemia
En Madrid hay en la actualidad 52.031 plazas para personas de la tercera edad en 475 residencias, de ellas, 43 son públicas, 161 privadas-concertadas y 271 privadas. Es decir, que mayoritariamente están en manos de empresas privadas en una proporción de 10 a 1.
Los fallecimientos que ha habido o que se han producido hasta el viernes 27 de marzo son 1.101, de los cuales, 168 se han dado en las públicas, 632 en las privadas-concertadas y 301 en las residencias privadas (1).
La resistencia a tanto desastre y a la política de ocultación sistemática de los hechos, se manifestado por parte de los trabajadores, los sindicatos, los familiares, e incluso, por la prensa que ha denunciado los silencios del gobierno de la Comunidad
En la distribución de las muertes según el tipo de residencia destaca que el mayor castigo lo han recibido los residentes de las residencias públicas y privadas-concertadas, que supuestamente deberían tener una supervisión por parte de la Comunidad por las subvenciones que reciben. Y este resultado se produce tanto si se analizan los datos según el número de decesos por residencia, como se hace según el número de plazas.
En casos como estos, la deficiente gestión de lo público crea los incentivos para la inversión privada en residencias. Estos datos muestran la doble responsabilidad de las autoridades madrileñas por la falta de medios hacia las residencias públicas y por la falta de supervisión hacia las privadas-concertadas. Llama la atención que sean las de pago, inaccesibles para la inmensa mayoría de nuestros mayores, las que tengan menos número de decesos. Lo que demuestra que el virus, aunque no distinga entre fronteras ni personas, se expande mejor donde falta atención y medios sanitarios.
Particularidades del contagio en las residencias
Según los datos del Ministerio de Sanidad, la enfermedad afecta en un 48% de los casos confirmados a los mayores de 60 años; también está confirmado que el 67% de los ingresos hospitalarios de pacientes afectados por la pandemia son mayores de 60 años, y el 95% de los fallecidos tenían más de 60 años.
Cada vez se van conociendo más datos relevantes que obligaban a considerar a las residencias de mayores focos de especial atención para organizar en ellos la defensa contra el virus.
El gobierno de la comunidad propuso análisis detallados de la situación en cada una de las residencias, organizó el traslado de cadáveres por los bomberos, abrió la posibilidad de que los médicos militares se hagan cargo de la asistencia sanitaria de las residencias, se propone igualmente la medicalización de las residencias, establecer protocolos que alivien la presión hospitalaria, se preparan planes de contratación de personal.
El Colegio de Médicos de Madrid propone “reforzar el personal sanitario en las residencias de mayores para poder ofrecer mejor cuidado tanto a los pacientes con COVID-19 como a aquellos que presenten otra problemática”
Pero muy poco se ha avanzado.
Según personal de la Comunidad el lunes 30: “El gobierno de la Comunidad dijo que iba a intervenir las residencias y que, si hacía falta iba a pedir ayuda a los militares, pero todavía no lo ha hecho. Han pasado 12 días desde que el gobierno central les dio permiso para hacerlo, hace tres días desde que la Comunidad sacara un decreto diciendo lo que iba a hacer y no lo ha hecho”
La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, en nota de prensa de 30 de marzo, entre otras cosas discutibles, explica que “desde el comienzo de esta crisis, hace ya dos semanas, el traslado de residentes a un hospital, cuando lo necesitan, por las causas que sea, resulta imposible. En consecuencia, las residencias sin medios para ello tienen que atender a personas que deberían estar hospitalizadas”. Acusaciones muy serias que ponen el foco en las eventuales directrices emanadas desde las autoridades sanitarias de la comunidad.
La resistencia a tanto desbarajuste
La resistencia a tanto desastre y a la política de ocultación sistemática de los hechos, se manifestado por parte de los trabajadores, los sindicatos, los familiares, e incluso, por la prensa que ha denunciado los silencios del gobierno de la Comunidad.
Ante la ausencia de respuestas adecuadas para atender el foco de infección y muerte se debió contar con planes preferentes de actuación y protección a las personas, residentes y trabajadores. Y han sido entre éstos últimos, donde se ha manifestado con solidez y visibilidad la denuncia los intentos de poner orden. Denunciaron públicamente que faltando personal normalmente, en estas circunstancias, esas carencias eran especialmente dañinas para los residentes y mantener unas mínimas medidas de defensa contra la infección. Decían “no nos dan información, ni material, con bolsas de basura hemos tenido que hacer batas de protección”.
Igualmente, desde los sindicatos se recuerda sus reiteradas exigencias de que se cubran las vacantes, pues las ratios están muy por debajo de los mínimos que fijan la propia Comunidad de Madrid, que incumple sus propias leyes en las residencias que dependen directamente de ella
Cuando los trabajadores o sus sindicatos exigen el cumplimiento de las medidas de seguridad, o test para residentes y trabajadores, están exigiendo disponer de los medios para luchar contra el COVID-19. Y a esa exigencia debe responderse por parte del Gobierno de la Comunidad y si no lo hace, como está siendo evidente, debería actuar el Gobierno de España con todos los medios necesarios apoyándose en los sindicatos y trabajadores que denuncian la dramática situación y en las familias afectadas, incluso con la intervención de las residencias, apartando todos los obstáculos que impidan o retrasen la aplicación de soluciones.
(1) Actualización a 5 de abril | También los datos están “descontrolados”. Si el 27 de marzo la Comunidad eleva A 1.101 los decesos en las residencias, el 3 de abril, la presidenta regional, los sube a “entorno 3.000”. Algo similar pasa con su decisión de intervenir las residencias. Intervenciones, que, reducidas a escaso número de ellas, no disponen de medios para abordar en profundidad las medidas de prevención y asistencia sanitaria requerida, ni nuevos medios materiales y humanos de las residencias. Tampoco se dice haber levantado la negativa que denuncia la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales a atender pacientes infectados de las residencias.
