viernes. 29.03.2024
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Los presagios se han consumado. Los principales líderes políticos no han sido capaces de alcanzar un acuerdo para formar un Gobierno en España, abocando al país a celebrar unas nuevas elecciones el próximo 10 de noviembre. Serán las cuartas en cuatro años. Un bloqueo institucional que ha hecho saltar las alarmas.

Más allá del desencanto y de la creciente desconfianza de los ciudadanos, la inestabilidad política conlleva algunos riesgos económicos que no pasan desapercibidos. No existe una bolita de cristal mediante la que adivinar los resultados electorales de los próximos comicios, pero todo parece indicar que la prórroga presupuestaria deberá prolongarse hasta bien entrado el próximo año.

El problema de la financiación autonómica es, quizás, el principal riesgo fiscal derivado de la repetición electoral

La falta de un Gobierno estable con capacidad de legislar tiene consecuencias dañinas para la economía, entre las que destacaría la imposibilidad de reformar con cierta prontitud el modelo de financiación autonómica, que tal y como está diseñado actualmente mantiene congelados cerca de 5.000 millones de euros, lo que constriñe el gasto que deben efectuar las comunidades para sostener servicios públicos tan básicos como los de Educación, Sanidad y Dependencia, entre otros. Eso, sin entrar a valorar las dificultades que plantea este retraso para que ciertas regiones puedan cumplir sus objetivos de déficit.

El problema de la financiación autonómica es, quizás, el principal riesgo fiscal derivado de la repetición electoral. Y está inevitablemente relacionado con los impuestos, ya sean los propios o los cedidos por el Estado; un capítulo importante dado el principio de corresponsabilidad fiscal que se deduce de la Constitución.

Otras amenazas relacionadas con la necesidad de volver a las urnas, desde el punto de vista fiscal, afectarían al impuesto de Sociedades, el que más preocupa como consecuencia del desplome de su recaudación. Se reformó completamente en 2015, pero en la práctica supuso un parche que no atajó el problema de raíz. Por ende, hoy en día se recauda por este tributo casi la mitad que antes de que comenzara la crisis y, en porcentaje del PIB, por debajo de la media de los países de la Eurozona.

Asimismo, tras el nuevo fracaso en torno a la investidura, de momento no podrán adoptarse medidas para contrarrestar la caída de la progresividad en el IRPF y la baja tributación de las empresas digitales.

El futuro Gobierno se enfrentará al reto de cuadrar las cuentas y de llevar a cabo, por fin, la reforma fiscal que necesita España

Pero, quizás, el debate político más candente -tasas Google y Tobin o tributos medioambientales al margen- gire en torno al impuesto de Sucesiones, que ya ha sido eliminado en un 99% para transmisiones entre los familiares más cercanos en Madrid y Andalucía, a las que sigue sus pasos otras comunidades como Castilla y León. Y ello pese a que una comisión de expertos -nombrados por las propias CCAA y el Ministerio de Hacienda- ya determinó de forma unánime que es necesario no sólo mantenerlo, sino establecer unos niveles mínimos de tributación que impidan que una espiral de competencia a la baja pueda acabar con la desaparición del tributo para transmisiones entre familiares directos.

Una competencia fiscal a la baja entre comunidades que, a la postre, también ha repercutido en el impuesto de Patrimonio, que Madrid tiene bonificado al 100%, renunciando a casi mil millones de ingresos en el último año, que deberían haber pagado tan solo 17.000 ciudadanos de los seis millones y medio residentes en la comunidad.

El futuro Gobierno se enfrentará al reto de cuadrar las cuentas y de llevar a cabo, por fin, la reforma fiscal que necesita España. Y podrá contar con los técnicos del Ministerio de Hacienda para mejorar la lucha contra el fraude fiscal y el control del gasto. Pero, claro, para eso tiene que haber un Gobierno. Y tal y como están las cosas, parece que es pedir mucho.


Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)

Repetición electoral. ¿Y ahora, qué?