martes 15/6/21

La recaudación fiscal en la España de 2050 (y II)

pedro sanchez españa 2050
Pedro Sánchez durante la presentación del informe 'España 2050 el pasado mes de mayo.

El informe “España 2050” apunta con nitidez las líneas maestras de la reforma fiscal por hacer: aumentar la capacidad recaudatoria y la progresividad de nuestro sistema fiscal. El objetivo que plantea también es claro: financiar un paulatino fortalecimiento del estado de bienestar sin comprometer la sostenibilidad de las cuentas públicas.

En el documento es palpable el esfuerzo por cuantificar algunas de las tareas asociadas a tal objetivo, para que no se perciba como un mero buen deseo y, probablemente, para que no pueda confundirse con un intento de dar un salto fiscal adelante de carácter radical. De hecho, nada radical se va a encontrar en sus cerca de 700 páginas, porque una de sus principales pretensiones es que sus propuestas sean consideradas realistas. En el tema fiscal se señala una moderada vía de convergencia recaudatoria con los países más desarrollados de la UE que podría iniciarse a muy corto plazo y se prolongaría durante tres décadas. Y deja al margen lo esencial, la mayor parte del contenido y el cómo de la reforma fiscal por hacer; es decir, faltan referencias a los problemas de mediación política y de construcción de un saber y un consenso político y social que posibiliten la elaboración y aplicación de una estrategia y un programa concretos para esa reforma fiscal progresista viable.

Estas son las ideas y propuestas fiscales principales contenidas en el informe:

- En 2019, antes de la gran recesión ocasionada por la pandemia, la recaudación fiscal en España se situaba ligeramente por encima del 35% del PIB. La pretensión es ir aumentándola lentamente hasta el 37% en 2030, el 40% en 2040 y el 43% en 2050, año en el que se alcanzaría el porcentaje medio que hoy acreditan las ocho economías más avanzadas de la UE. Se trata, por tanto, de una aproximación muy cautelosa de menos de 2 puntos porcentuales en la actual década y un ritmo algo mayor, de 3 puntos, en cada una de las dos décadas siguientes. Una convergencia que requeriría tres décadas y que supone un primer aviso de la extrema prudencia con la que se aborda la decisiva tarea de aumentar la recaudación tributaria y, en consecuencia, la timidez con la que plantea el aumento de la presión fiscal; especialmente en el corto plazo en el que los impactos más negativos de la pandemia sobre el empleo y las rentas salariales hacen más necesaria la protección de los sectores empobrecidos y en riesgo de exclusión social.

- Si buscamos en el documento qué figuras impositivas serán las protagonistas de ese paulatino aumento de la recaudación tributaria nos encontramos con muy poca cosa. Solo se cuantifica la aportación de la fiscalidad verde al aumento de los ingresos públicos, desde el actual 1,8% del PIB al 2,6% en 2030, el 4% en 2040 y el 5% en 2050. Una trayectoria que supondría que casi la mitad del aumento total de la presión fiscal correspondería a los impuestos y tasas verdes: 3,2 puntos porcentuales del PIB, de un total de 7,6 puntos del aumento de la recaudación total, corresponderían al aumento de la presión fiscal verde sobre los viajes en avión y el transporte por carretera, la equiparación de tipos impositivos del diésel y la gasolina, etc. Mal comienzo para la transición verde si, desde sus primeros pasos, se presenta como el ingrediente fundamental para aumentar la presión fiscal y sin asegurar un reparto justo de esa nueva carga tributaria, para que no acabe reduciendo la renta disponible de los sectores más vulnerables y aumentando los niveles de pobreza y desigualdad de rentas.

- De forma muy deslavazada, poca o ninguna precisión y sin apenas cuantificar, se mencionan en diferentes partes del documento otras posibles fuentes que podrían contribuir a ensanchar la base fiscal. Por ejemplo, la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida; la elevación de los tipos impositivos sobre el consumo de bebidas alcohólicas, tabaco o combustibles derivados del petróleo; un escrutinio de los beneficios fiscales a los que se acogen personas físicas y jurídicas con altos niveles de rentas o beneficios, con el fin de reducirlos; y buenas palabras sobre las decisivas reformas de los impuestos sobre patrimonio, sucesiones, donaciones, IRPF o sociedades.

Dos grandes cuestiones se desprenden de este enfoque falto de ambición sobre la decisiva cuestión de la reforma fiscal en un documento que se presenta como el punto de partida de un debate nacional sobre el proyecto de país y el amplio conjunto de tareas y objetivos que deberían concretarlo. Primera cuestión, la reforma fiscal queda desconectada de la necesidad de modernizar estructuras y especializaciones productivas. Pareciera que esas tareas esenciales de mejora estructural de la economía española, transformación del modelo productivo o impulso de las transiciones digital y verde dependieran únicamente de los fondos europeos y se llevarían a cabo exclusivamente en el periodo 2021-2026 en el que se recibirán dichos fondos. Y segunda, el reforzamiento del estado de bienestar parece sustentarse en una lógica redistributiva de baja intensidad, por la que el Estado solo tiene la responsabilidad de menguar la desigualdad y la exclusión que producen crisis coyunturales o, de forma más estructural, modelos de producción y crecimiento poco eficaces. Así, se difumina en el horizonte de la reflexión colectiva la posible y deseable labor de dotar de recursos financieros público al Estado para que pueda realizar la inversión pública que contribuye a modernizar las estructuras productivas, con objeto de aumentar la protección social que proporcionan el aumento de las tasas de empleo y la multiplicación de los empleos decentes y bien remunerados.

Además, las tareas relacionadas con la reforma fiscal no solo consisten en ensanchar la base fiscal y aumentar la recaudación tributaria, incluyen también la puesta en pie de un sistema adecuado de incentivos, restricciones normativas y sanciones que movilicen la financiación de los agentes privados hacia las tareas de modernización productiva y afianzamiento de actividades, empresas y productos de interés económico y social.

Partimos en España de un sistema fiscal que en muchos aspectos puede considerarse regresivo

Partimos en España de un sistema fiscal que en muchos aspectos puede considerarse regresivo. Y así lo refleja que el tipo medio efectivo que paga el quintil (20% de la población) que declara menos renta bruta sea del 25%, mientras los dos siguientes quintiles con rentas superiores soportan porcentajes inferiores del 22% y 24%; solo a partir del cuarto quintil se supera ligeramente (con un 26%) el tipo medio efectivo de la ciudadanía más pobre. A lo que hay que sumar que los gastos públicos de protección social en España son inferiores a la media europea (17% del PIB, frente al 19%) y las transferencias públicas se reparten de forma muy injusta: mientras el quintil más rico recibe un 30% de las transferencias públicas, 10 puntos porcentuales más del porcentaje que le correspondería si existiera un reparto proporcional a su peso demográfico, el quintil más pobre solo recibe el 12%. El mundo al revés de lo que se pregona y de los principios de igualdad y progresividad que consagra el texto constitucional (art. 31.1).

Por razones de equidad, solidaridad, cohesión social y eficiencia económica esa situación debería empezar a cambiar de forma inmediata, sin esperar a 2050 ni a 2030. Ni siquiera habría que esperar a 2023, año en el que se prevé que buena parte de los impactos negativos de la crisis del covid-19 hayan sido superados, para comenzar a realizar cambios normativos posibles que garanticen una redistribución más justa o menos injusta. Podría iniciarse con los actuales niveles de recaudación, antes de cualquier aumento de la presión fiscal.

MONTERO

Las ministras de Economía y Hacienda, Nadia Calviño y María Jesús Montero.

En España, gracias a los gastos públicos de protección social, a pesar de su menor cuantía que en la UE, tanto la pobreza como la desigualdad de rentas se reducen significativamente desde hace décadas tras la redistribución que realiza el Estado mediante transferencias públicas. Y podrían reducirse mucho más si las transferencias sociales demostraran más inclinación a proteger a la población más vulnerable o con menor nivel de renta que a buscar apoyos políticos entre sectores acomodados.

Más regresivo aún es el diferente trato que reciben las rentas del trabajo respecto a las del capital que declaran las personas físicas o a los beneficios de las sociedades, que llevan décadas reduciendo sus tipos nominales en todo el mundo (de una media próxima al 50% en 1980 al 24% de 2020). Y que en términos efectivos son muy inferiores para los grandes grupos empresariales que, a diferencia de la mayoría de las empresas, disponen de los medios para eludir la menguante presión fiscal que soportan sus beneficios. Esa constante reducción de tipos nominales y efectivos sobre los beneficios de las sociedades y las rentas del capital no ha aportado nada a la mejora de la productividad global de los factores o del crecimiento potencial ni, por supuesto, al bienestar social.

No es de recibo que el informe “España 2050”, en aras a una aproximación apolítica y académica, no extraiga de los datos anteriores ninguna conclusión sobre reformas fiscales concretas; tampoco es comprensible que el Gobierno de coalición progresista muestre tan escasa seguridad en la defensa de sus ideas y programa y haya derivado buena parte de sus compromisos y responsabilidades en materia fiscal hacia un comité de expertos que solo podrá ponerse de acuerdo en vaguedades y consensos de mínimos. Los deslavazados y limitados contenidos fiscales del documento “España 2050” son una pésima señal de los límites del saber técnico y de lo que acabará ofreciendo, en el primer trimestre del próximo año, el comité de expertos que elabora las propuestas de reforma fiscal. Habrá que esperar hasta ese momento para emitir un juicio fundamentado sobre esas propuestas y valorar si ha merecido la pena el retraso de dos años en encarar las tareas que conlleva la reforma fiscal.

Una reforma fiscal progresista por hacer

Es muy positivo que el actual Gobierno de coalición progresista, a pesar de afrontar una situación política muy delicada, como consecuencia de la estrategia de ingobernabilidad que practican las derechas, haya sido capaz de levantar la mirada hacia un horizonte a largo plazo y facilitar con el documento “España 2050” que la opinión pública pueda conocer los datos esenciales de la situación y participar en la elaboración de un proyecto de país. Y que, al tiempo, siga gestionando con fundamentos progresistas el día a día de los graves problemas derivados de la crisis multidimensional desatada por la pandemia.

No todo han sido aciertos, pero el balance gubernamental es positivo. A la hora de valorar la acción política desarrollada por el Gobierno de España y sus resultados, convendría tener en cuenta que su respuesta progresista a la crisis no hubiera sido posible sin los cambios institucionales y de política económica y monetaria que, en Europa y el conjunto de países capitalistas de la OCDE, han roto con las medidas de austeridad aplicadas en la anterior crisis financiera global de 2008 y han soltado amarras con el modelo de capitalismo neoliberal imperante en las últimas cuatro décadas.

El más reciente episodio de la crisis del modelo de globalización neoliberal ha sido el acuerdo fiscal en el G-7 a favor de un tipo mínimo mundial del 15% en el impuesto de sociedades. Consenso que rompe, por primera vez, con una larga trayectoria de promoción de la competencia fiscal a la baja entre países, del que solo los grandes grupos empresariales han sido beneficiarios. Se trata de un acuerdo modesto, pero de un valor simbólico indudable que da cuenta del principio del fin de un modelo de capitalismo al servicio exclusivo de los beneficios de los grandes grupos empresariales globales. No ha sido la propaganda de la izquierda la que ha propiciado dicho acuerdo, por mucho que lleve años pregonando su necesidad, sino la autoridad del máximo representante de la primera potencia capitalista mundial, que fue la principal partidaria y beneficiaria de la extensión del modelo de capitalismo neoliberal y la consiguiente hiperglobalización. No ha sido el resultado del avance imparable de las fuerzas e ideas de las izquierdas, sino de la imposibilidad de seguir sosteniendo un modelo neoliberal que, lejos de contribuir a gobernar los procesos de acumulación de capital y unas relaciones económicas internacionales ordenadas, se había convertido en un obstáculo.

En España, las izquierdas aún tienen que construir un amplio consenso social y político en torno a la reforma fiscal progresista que pretenden

En España, las izquierdas aún tienen que construir un amplio consenso social y político en torno a la reforma fiscal progresista que pretenden. Y no parece que las prisas o los voluntarismos sean buenos consejeros ni que las fuerzas parlamentarias, políticas y sociales disponibles para su aprobación sean, por el momento, suficientes. Pero, aceptada esa restricción, el Gobierno progresista no puede dejar en manos exclusivas de técnicos el diseño de la agenda y de las bases del debate político y social ni rehuir, mientras tanto, la confrontación con las propuestas fiscales que defienden las derechas o demorar un año más la necesaria labor pedagógica destinada a mostrar los cambios posibles y a recabar los apoyos sociales y políticos necesarios.

Las derechas españolas, a pesar de remar en contra de los nuevos vientos mundiales a favor del reforzamiento de la labor económica de los estados y de la necesidad de dotarlos de mayores márgenes de acción presupuestaria, han conseguido marcar los contenidos y límites del debate sobre la reforma fiscal, centrando la atención de la ciudadanía en los aspectos más favorables a sus intereses: una disyuntiva simplista, ¿hay que subir o bajar impuestos?; una respuesta engañosa, hay que reducir la presión fiscal; una premisa errónea, ya pagamos demasiados impuestos; y una argumentación falaz, el Estado invierte mal, gasta peor y es incapaz de evitar el despilfarro y la corrupción.

bancada PP congreso

Las fuerzas progresistas no pueden aceptar ese marco de debate ni caer en parecidos simplismos en sentido contrario, dando más razones a las críticas que señalan que todas las propuestas económicas de la izquierda se pueden resumir en subir impuestos. Por eso es tan importante que el debate sobre cualquier aspecto o propuesta de cambio tributario vaya acompañado de una explicación lo más pormenorizada posible de sus impactos: quién tendrá que pagar más y quién menos o qué gastos e inversiones se pretenden acometer o dejarán de realizarse como consecuencia de ese cambio.

La izquierda abandonó hace años los trabajos de proximidad, escucha y persuasión asociados a las vivencias de la mayoría social y los sustituyó por una agitación a distancia que se contenta con la defensa de una vaga y poco convincente ideología económica estatalista o keynesiana que se limita a proclamar las bondades de aumentar la presión fiscal sin más matices. No parece que ese camino permita mantener abierta la perspectiva a favor de una reforma fiscal progresista ni pueda contribuir a ganar las próximas elecciones generales de 2023 y a mantener en el Gobierno de España una coalición progresista.

La situación no es propicia para aumentar la presión fiscal a corto plazo, pero tampoco autoriza a rechazar cualquier tipo de aumento de impuestos o evitar todo debate sobre la necesaria reforma fiscal progresista que hay que impulsar.

Las ideas de justicia y progresividad fiscal, reparto equitativo de la carga tributaria y aumento de la capacidad de actuación presupuestaria del Estado, tanto para aumentar la protección social y las oportunidades de los sectores sociales más vulnerables como para impulsar la modernización del tejido empresarial y las especializaciones productivas, merecen seguir siendo defendidas y concretadas. Y las instituciones estatales que gobiernan fuerzas progresistas tendrán que aplicarse más en los próximos dos años en hacer evidente, mediante los cambios normativos de carácter fiscal que sean posibles en sus respectivos ámbitos competenciales, que persiste la voluntad de aprobar una reforma fiscal progresista al servicio de la mayoría social y de la modernización productiva, más allá de 2026, frente a la injusta, ahistórica, antieconómica y antisocial bajada de impuestos que propugnan las derechas.


La España de 2050 y su sostén fiscal (I)


La recaudación fiscal en la España de 2050 (y II)
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