La oposición ha vencido al Gobierno rechazando la convalidación del real decreto sobre los remanentes de los Ayuntamientos acumulados en los bancos tras años de superávit. La “rebelión” de los alcaldes ha surtido efecto en términos políticos.
Otra cuestión distinta es cómo afecta este rechazo al conjunto de los ciudadanos. Después de que el Congreso haya tumbado el RDL, el Ejecutivo no podrá utilizar los 14.850 millones “indisponibles” de los municipios, diputaciones provinciales y consejos insulares de Baleares, quienes a su vez pierden la participación en el fondo de 5.000 millones ofrecido y el diferencial de los intereses del -0,5% que les cobran los bancos -unos 70 millones, según la Dirección general del Tesoro- y el +0,05% del préstamo a 15 años (-0,192% en el préstamo a 10 años).
Desde Gestha ya estimamos que la propuesta de los 31 alcaldes de repartir el fondo de 5.000 millones de forma proporcional a la población residente en cada entidad local, y no de acuerdo con el ya rechazado préstamo de los remanentes, perjudicaría a los municipios españoles en más de 955 millones, que recibirían un 25,5% menos, y que esos importes se destinarían a las diputaciones provinciales y a los consejos insulares de Baleares, que aumentarían su participación en 960,6 millones, un 88% más. Y es que cualquier cambio de criterio en el reparto de este fondo hubiera beneficiado a algunas entidades locales perjudicando a otras, al ser un reparto de “suma cero”.
Los partidos políticos deberían acercar posturas para financiar de la forma más eficaz el ingente gasto público que se requiere para apoyar a familias, empresas y sectores económicos tras los estragos de la pandemia
Con la propuesta de los alcaldes disconformes, el Ayuntamiento de Barcelona habría sido el más beneficiado, ganando casi 44 millones de lo que le habría correspondido por prestar la totalidad de sus remanentes. En la parte baja del ranking, entre los Ayuntamientos más perjudicados destacaría el de Madrid, que perdería más de 134 millones con la propuesta suscrita por su alcalde.
En cualquier caso, a pesar de la derrota de la fórmula del Gobierno para usar el superávit local, los ayuntamientos seguirán cobrando las entregas a cuenta de la financiación municipal de 2020, pese a la caída de la recaudación tributaria por la crisis sanitaria. Pero la pérdida de ingresos de los impuestos municipales y de los de tarifa del transporte público, previsiblemente, les hará incurrir en déficit presupuestario, lo que les obligará a presentar un plan de ajuste para el próximo año; es otra consecuencia de no haber prosperado el RDL.
En definitiva, al margen de los discursos de trazo grueso, la cesión de los remanentes habría permitido a la entidad que libremente decide prestarlo a cambio de un interés y de una transferencia del 35% a fondo perdido. Esta medida habría sido compatible con la dotación de otro Fondo para los municipios que se reparta de según otros criterios ampliamente acordados en la FEMP, como la población, impacto de la pandemia, efectos de la crisis económica en cada municipio, etc.
Los partidos políticos deberían acercar posturas para financiar de la forma más eficaz el ingente gasto público que se requiere para apoyar a familias, empresas y sectores económicos tras los estragos de la pandemia. Y ese acercamiento puede producirse pues los municipios han perdido la posibilidad de contar con 5.000 millones, pero quedan otros instrumentos que el Gobierno puede activar.
Carlos Cruzado | Presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda
