El jueves pasado Shakira volvió a copar las portadas de los periódicos y la atención de los telediarios, y no precisamente por sus éxitos musicales. La cantante colombiana adelantó una semana su cita con la justicia para declarar en el marco de la investigación que le abrieron por seis delitos de fraude fiscal. La artista explicó que "siempre ha actuado siguiendo el criterio y las recomendaciones precisas de sus asesores”, en quienes descargó toda la responsabilidad; lo que refrenda la pertinencia de depurar su posible implicación a la hora de urdir la trama evasora de más de 14 millones de euros, en tanto en cuanto serían cooperadores necesarios en la comisión de estos presuntos delitos.
Shakira alcanzará un acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado para ser condenada a 24 meses y no entrar en prisión, previo pago de una cantidad que podría estar en torno a los 27 millones de euros
Ahora bien, ¿qué le pasará? Pues casi con absoluta probabilidad alcanzará un acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado para ser condenada a 24 meses y no entrar en prisión, salvo que cometa cualquier otro delito, previo pago de una cantidad que, entre cuota, intereses y multa, podría estar en torno a los 27 millones de euros.
Estos acuerdos, a la vista de las circunstancias y de sus precedentes, no resultan nada positivos en términos de justicia fiscal, por lo que la Secretaría de Estado de Hacienda, al menos, debería dar instrucciones precisas a la Abogacía del Estado para que la oferta de negociación con la rebaja de dos grados de las penas de prisión incluya el esclarecimiento total de los hechos y de la participación de los colaboradores en la evasión tributaria y se fijen unas multas que no sean más bajas que en el proceso administrativo.
En cualquier caso, convendría que el nuevo Gobierno modifique la ley general tributaria para ampliar el plazo de prescripción administrativa desde los actuales 4 años hasta los 10 años para, así, equipararla a la prescripción de los delitos fiscales agravados, de forma que la AEAT pueda perseguir las evasiones más sofisticadas y complejas.
Igualmente, tendría que cambiar el Código Penal para unificar los umbrales y penas por los diferentes delitos fiscales para defraudaciones superiores a 50.000 euros o 120.000 euros en los delitos agravados, sustituir la rebaja de grados por atenuantes para reconocer la comisión de los delitos y el pago de la multa en el plazo actual de dos meses desde la notificación de la investigación judicial, así como concretar los requisitos para la exigencia de la responsabilidad civil y penal de la colaboración de asesores y entidades financieras en la comisión de estos delitos.
Y es que las ventajas de los presuntos delincuentes fiscales en el proceso judicial son una de las causas del desplome de casi el 78% de las denuncias de delito fiscal por la AEAT y del 64% de las cuotas defraudadas desde 2011, aunque también es verdad que tendrían que despejarse otros obstáculos, como la falta de atribución de competencias a los técnicos de Hacienda y unos objetivos poco ambiciosos de lucha contra el fraude fiscal.
Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)
