El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdá y el secretario general de Junts, Jordi Turull, han firmado este jueves en Bruselas el acuerdo que garantiza la investidura de Pedro Sánchez. El texto, de cuatro páginas, recoge una ley de amnistía para los implicados en el procés.
Para los socialistas se trata de “un acuerdo político” que garantiza no solo la investidura, con el voto a favor de los siete diputados de Junts, sino también la legislatura, según precisaba Cerdá en rueda de prensa. El dirigente socialista ha puesto el énfasis en que el acuerdo “es satisfactorio para ambas partes” y “dará estabilidad” para los próximos cuatro años.
Aún no se conoce el contenido de la ley de amnistía que, aunque está acordada por ambas formaciones, deberá ser presentada al resto de grupos políticos para su aprobación en las Cortes.
Cerdá ha calificado el pacto de “oportunidad histórica” para “resolver un conflicto que solo desde la política puede y debe resolverse”, y eso, pese a las “profundas discrepancias” que recoge el propio texto para dejar constancia de las diferencias que hay entre ambas formaciones sobre el conflicto en Catalunya. Diferencias que quedan certificadas en la negativa del PSOE a dar legitimidad al proceso de independencia iniciado de manera unilateral por la Generalitat con la celebración de una consulta en 2014 y un referéndum en 2017. Los socialistas no han cedido en ese y otros aspectos, pero tampoco el partido de Carles Puigdemont que mantiene su posición de máximos.
Amnistía para los implicados en el procés
La ley de amnistía acordada por el PSOE y Junts está claramente acotada a los implicados en el procés en el periodo que va desde 2012 a 2023. “Esta ley debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes o después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos”, señala el texto. Una amnistía de la que se beneficiará el propio Puigdemont.
No obstante, el acuerdo incluye el tan polémico término ‘lawfare’ o judicialización de la política que abre la puerta, como querían los de Junts, a que la ley abarque a otras personas cuyos delitos no estén comprendidos en el proceso independentista, como es el caso de Laura Borrás.
Lawfare, sujeto a comisiones de investigación
Sin embargo, el PSOE ha atado bien los cabos en este extremo ya que el pacto especifica que para determinar casos de lawfare, serán las comisiones de investigación que se constituyan al respecto, las que deberán tener en cuenta cada caso para la aplicación de la ley “en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que en su caso puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”.
Relator Internacional
El texto recoge la figura de un verificador internacional para el seguimiento y consecución de los acuerdos “dadas las profundas discrepancias sobre la forma final de la resolución del conflicto, además de las desconfianzas mutuas reconocidas por ambos”, señalan.
En ese marco, ambas formaciones deberán acordar la metodología y los contenidos objeto de la negociación. Las funciones del relator serán la de “acompañar, verificar y realizar seguimiento” de todo el proceso.
Referéndum pactado
En cuanto al reconocimiento de Catalunya como nación, Junts propondrá la celebración de un referéndum pero amparado en el artículo 92 de la Constitución que especifica que el mismo “será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados”.
De esta manera, los independentistas renuncian a la vía unilateral, y aceptan que la hipotética convocatoria de un referéndum de de autodeterminación sea pactada. En este punto, el PSOE subraya que seguirá defendiendo el marco establecido por el Estatuto de Autonomía de 2006.
Excepción financiera de Catalunya
El acuerdo también incluye la posible modificación de la LOFCA (modelo de financiación autonómica) para la cesión del 100% de todos los tributos. No obstante, en este punto, el PSOE especifica que apostará por “medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Catalunya, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Catalunya”.
Si no ves el documento abajo, haga clic aquí para descargarlo
