Los precios de la luz baten un nuevo récord casi cada día, los precios de la gasolina tampoco andan a la zaga, el gas, ni te cuento. Las subidas de los productos energéticos hacen que los precios de producción de determinados bienes, su transporte y distribución, los de bienes básicos alimentarios, también crezcan desproporcionadamente.
Con una inflación del 5´5%, la más alta de los últimos treinta años, los salarios también se tensionan. Los salarios convenio subieron en 2020 un 1´9%, mientras que las pensiones medias, en su conjunto experimentaron un incremento cercano al 2´2%.
No se entiende, con estos componentes, que la subida del convenio principal que afecta a los salarios de los trabajadores españoles, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), produzca tantas reticencias cuando se aprueba una subida de 15 euros hasta alcanzar los 965 euros, que no llega a un incremento del 1´6%.
Son precisamente los hogares trabajadores los que sufren en mayor medida las consecuencias, si tomamos en cuenta que son los alimentos, las bebidas, la electricidad, el gas y otros suministros básicos, los que más han incrementado sus precios, afectando a la cesta de la compra y al poder adquisitivo de las familias.
La pandemia no ha repercutido con dureza sobre un buen número de familias con empleos y rentas estables. Como mucho han producido la adaptación a nuevas formas de trabajo y otra manera de realizar algunas actividades cotidianas, cambios en hábitos de consumo y de vida.
Sin embargo para otras familias en las fronteras de la pobreza y la exclusión, con trabajos menos estables, ingresos irregulares, recursos escasos (más de 600.000 hogares sin fuentes de ingresos laborales son muchos hogares), las subidas de los precios y la pérdida aún mayor de poder adquisitivo, suponen dramas diarios en su vida y en su convivencia.
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) fue concebido para hacer frente, como medida de choque, a muchas de estas situaciones. Sin embargo, el IMV fue una medida improvisada que no tomó en cuenta las experiencias y los circuitos de reconocimiento y concesión de ayudas similares, que ya funcionaban en todas las comunidades autónomas, en forma de rentas mínimas, rentas básicas, rentas de inserción, ingresos mínimos, salarios sociales.
El IMV, tras un año de implantación, no alcanza ni a un tercio de los hogares que podían haberse acogido al mismo
El IMV, tras un año de implantación, no alcanza ni a un tercio de los hogares que podían haberse acogido al mismo. Lo triste es que, tras cada intento para facilitar el acceso a más familias, terminan apareciendo nuevas trabas reglamentarias que impiden la efectividad de las medidas. Lo mismo que ha ocurrido con otras medidas como el bono social energético.
Pero un buen desarrollo del Ingreso Mínimo Vital debe de ir acompañada, así lo vienen exigiendo los sindicatos, de subidas necesarias del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), hasta alcanzar el 60% del salario medio español, de clausulas de mejora en los salarios de convenio, de hacer real el derecho a una vivienda digna, teniendo en cuenta que hablamos de un bien público que no puede regirse por las únicas exigencias del mercado, de combate contra la pobreza energética.
Los grandes organismos internacionales, como el FMI (Fondo Monetario Internacional), la OCDE, el Banco Central Europeo, o el propio Banco de España, han revisado, cuando menos parcialmente, sus postulados ultraliberales, para poner el acento en las políticas de creación de empleo, o de acceso a rentas que permitan la supervivencia de las personas y las familias. Los crecimientos salariales no suponen ya pérdidas de empleo, como sostenían algunos de estos organismos hasta hace poco tiempo.
Es un paso importante, pero no podemos entenderlo como un cambio de paradigma en nuestra cultura económica. La larga crisis desencadenada en 2008, el cambio climático evidente, el agotamiento acelerado de recursos naturales y el acoso de la pandemia, de las pandemias, nos obligan a una reflexión más profunda y a la adopción de medidas urgentes e inaplazables.
No sólo nuestra civilización, nuestro nivel de desarrollo, sino nuestra propia supervivencia en el planeta van a depender de nuestra capacidad de atender a los pobres de la tierra, a los colectivos más vulnerables de nuestras sociedades.
Salarios decentes y precios justos, son parte de la solución. La política no puede seguir siendo el instrumento para mantener unos ciertos niveles de paz social, a costa de perseguir el “fraude” y la picaresca de los pobres, mientras se hace tabla rasa y se tiene manga ancha con los ricos y poderosos.
Es el momento de las grandes políticas públicas encaminadas a conseguir justicia y solidaridad, junto a medidas que permitan combatir eficazmente la destrucción, no ya del planeta (a fin de cuentas el planeta seguirá girando con o sin nosotros) sino de nuestra propia especie.
